APPA denuncia la política anti-renovable del Gobierno

31 July, 2015 adclick Sin categoría

 

ENERGÍAS RENOVABLES

En opinión de APPA, “es un paso más en la cruzada anti-renovable que este Gobierno lleva a cabo desde su llegada al poder, cuyo primer Real Decreto–ley supuso una moratoria para las energías renovables, que decía ser provisional y todavía, casi cuatro años después, sigue en vigor”.

El Gobierno sigue legislando contra las energías renovables mientras que organismos como la propia Comisión Europea (CE) o la Agencia Internacional de la Energía (AIE) le recomiendan lo contrario. La CE ya llamó la atención al Gobierno poniendo de manifiesto que España no cumplirá sus objetivos europeos de alcanzar la cuota del 20% del consumo total de energía en 2020, si no cambia su política de renovables. 

En otros aspectos, como el autoconsumo, la Comisión, hace un par de semanas, hacía públicas una serie de medidas energéticas en las que apoya el desarrollo del mismo en términos muy distintos a los planteados por el Ministerio y declaraba la intención de que Europa se convierta en líder mundial en renovables.

Apenas diez días después, la directora ejecutiva de la AIE, María van der Hoeven, en la presentación del informe de la Agencia sobre España en 2015, y en presencia del ministro Soria, pedía al Gobierno español que elimine de la tarifa eléctrica los costes que no estén relacionados con el suministro. La responsable de la AIE reclamaba, asimismo, que España revise sus objetivos de renovables y recalcaba el efecto negativo que en la visión de los inversores tienen las reformas del Gobierno.

Trato discriminatorio en los costes financieros

Con la normativa en desarrollo sobre transporte y distribución de electricidad, el Gobierno contraviene la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que especifica que “la retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios…”. 

Según APPA, la mencionada normativa ministerial sobre el reconocimiento de los costes financieros a las actividades de transporte y distribución son un ejemplo más del trato de favor hacia algunas actividades y la discriminación a las energías renovables.

La Asociación entiende que el Ministerio incumple la Ley y que es absolutamente discriminatorio que se reconozcan costes financieros a las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, cuando a otras actividades como la generación con renovables, cogeneración y residuos no se les tienen en cuenta los costes de financiación.  

Efectivamente, los Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013, relativos respectivamente a las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, establecen que “los costes unitarios no reconocerán en ningún caso costes financieros”. La normativa propuesta por Industria reconoce explícitamente estos costes a las citadas actividades de transporte y distribución, al contrario de lo indicado en el RD 413/2014 y la OM 1045/2014, que regulan la actividad de producción con renovables, cogeneración y residuos, en los que expresamente se excluyen los costes financieros de los costes reconocidos a esta actividad de generación.

En el caso de la actividad de distribución, prácticamente en su totalidad en manos de las grandes eléctricas, el coste total para las empresas de más de 100.00 clientes será de 4.740 millones de euros, un 2% más de lo previsto en la Orden de Peajes para 2015.

Por su parte, en el caso de la actividad de transporte, realizada en exclusividad por Red Eléctrica de España, el coste total, según la estimación para 2015, será de 1.672 millones de euros, un 1% menor al que recoge la Orden de Peajes para ese año. Para APPA no se justifica que el coste del transporte se mantenga prácticamente igual cuando la potencia punta del sistema se ha reducido en un 14% entre 2007 y 2014.

APPA manifiesta que los porcentajes citados no son equitativos ni justos frente al recorte del 30% que han sufrido en su retribución las energías renovables, que han visto reducida sus ingresos en 2.261 millones de euros en 2014.

Cruzada anti–renovable

APPA califica de auténtica cruzada contra las energías renovables la reforma eléctrica que el Gobierno y su Ministerio de Industria están llevando a cabo. Según la Asociación, “el Ministerio de Industria empezó legislando contra el sector y parece que tiene intención de seguir haciéndolo hasta el último día de la legislatura. La retahíla improvisada de medidas regulatorias salidas de Industria ha tenido como denominador común el que las energías renovables han sido las grandes damnificadas”.

Por citar solo algunas medidas anti-renovables, APPA destaca que el sector tiene que soportar una desproporcionada fiscalidad, tanto estatal como autonómica y local. Un sinfín de tributos y tasas, que no han sido tenidos en cuenta por el Ministerio de Industria al establecer la mal llamada rentabilidad razonable. El sector renovable ha pedido reiteradamente que se reduzca esta fiscalidad y que se elimine el arbitrario e inaudito impuesto del 7% sobre las ventas, que ha sido recurrido ante los tribunales por ser injusto y confiscatorio.

Es especialmente grave que el sector tenga que soportar incluso impuestos medioambientales, cuando las renovables no contaminan, contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia energética y son la principal baza de nuestro país para cumplir los objetivos europeos en materia de medio ambiente. La reforma del Gobierno ha dejado, además, sin ningún tipo de retribución regulada a unos 7.500 MW renovables, que tienen que competir con tecnologías contaminantes que no pagan por sus externalidades negativas. APPA pide que se aplique en su justa medida el principio de que el que contamine pague y que se implante una auténtica fiscalidad ambiental.

APPA viene pidiendo desde hace años, como ha reclamado también ahora la responsable de la AIE, que desaparezcan del recibo de la electricidad aquellos costes que nada tiene que ver con la generación, como son: los pagos por capacidad, que reciben los ciclos combinados de gas cuando no generan; los costes por interrumpibilidad, solo entendibles dentro de políticas industriales; los costes extrapeninsulares, asociados a políticas de vertebración del territorio; y otros costes sociales, que tampoco tienen que ver con la generación de electricidad.  

En definitiva, APPA considera que las renovables han sido las grandes damnificadas de la mal llamada reforma energética del Gobierno, pues solo ha afectado a parte del sistema eléctrico y, en realidad, han sido una serie de medidas improvisadas y principalmente recaudatorias. Solo la reducción en la retribución que han tenido que soportar las energías renovables en el ejercicio 2014, con relación al año anterior, ha sido de 2.261 millones de euros.

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