La reforma eléctrica hace agua con un déficit ‘sorpresa’ de 3.000 millones
CINCO DÍAS
A nadie le salen las cuentas y los ministerios de Industria y Hacienda no parecen dispuestos a aclararlas. ¿Cómo es posible que en la orden de peajes de agosto, una revisión que se aplicó de forma extraordinaria en el marco de la reforma eléctrica, el departamento que dirige José Manuel Soria estimara un superávit de tarifa de casi 19 millones para este año y ahora asegure que se producirá un déficit de entre 2.500 y 3.000 millones?.
Una cifra digna de los peores años del déficit que ha sido confirmada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pero que no cuadra ni con las previsiones más pesimistas de ingresos por el derrumbe de la demanda (que también se traducirá en una menor recaudación de los nuevos impuestos energéticos a la producción), ni con el hecho de que parte de los frutos de la reforma eléctrica comiencen a apreciarse en enero.
En la peor de las hipótesis el déficit de caja de la tarifa (esto es, la diferencia entre los ingresos ordinarios procedentes de la factura de la luz y los costes reconocidos a las compañías) alcanzará este año los 6.000 millones de euros, según distintos cálculos. Casi la misma cantidad que el Estado aportará este ejercicio, según figura en la reforma aprobada el pasado mes de julio, integradapor una docena de normas, cuyo objetivo es cubrir dicho desfase y comenzar a resolver la lacra del déficit.
Concretamente, un crédito extraordinario de 2.200 millones que Hacienda dará a Industria este año y que figura en una ley cuyo trámite parlamentario está a punto de terminar; otra partida de 900 millones para los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares;2.647 millones de la recaudación de los nuevos impuestos energéticos y 150 millones de los ingresos del Estado por derechos de CO2 (estas dos partidas figuran corregidas a la baja en agosto).
La pugna entre Soria y Montoro por la tarifa se cerró en falso en
Según coinciden las empresas del sctor de todo tipo y tamaño, asociaciones, expertos y fuentes cercanas al regulador, el nuevo déficit de Soria solo se explicaría por la negativa de Hacienda a pagar todo el dinero comprometido, dado su estrecho margen para elaborar los Presupuestos de 2014. Concretamente, Hacienda habría rechazado librar buena parte del crédito extraordinario, ya que, según la ley que lo habilitará, el fisco aportaría “un máximo” 2.200 millones. Pero tampoco se descarta recortar la apostación a las extrapeninsulares.
En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro reconocen que “hay una serie de partidas que están en el aire” y que “la partida global se cierra el viernes”. Este sentido, añaden que “habrá negociaciones hasta el último momento”. En julio, la pugna entre Montoro y Soria por unos fondos públicos con los que equilibrar la tarifa, se resolvió con el compromiso de Hacienda de pagar solo la mitad de los costes extrapeninsulares, los citados 900 millones. A la vista de lo ocurrido se resolvió en falso.
Aunque los ingresos de la factura de la luz hayan caído más de lo previsto, ello no justificaría un agujero que pone en cuestión la reforma. Además, con la subida de los peajes de agosto en un 6%, el ministerio preveía recaudar otros 900 millones. Tampoco lo explicaría la menor recaudación por los impuestos energéticos, que a julio sumaba otros 900 millones, aunque solo se ha transferido a la tarifa algo mñas de 400 millones.
Según Industria, los recortes a las empresas para reducir los costes del sistema (2.700 millones) no se apreciarán en su totalidad hasta 2014. Sin embargo, aquellos ya se han aplicado a la distribución o el transporte y pese a que las primas de las renovables se mantienen y se han disparado en mil millones (desvío que ya incluyó la última orden de peajes) se cobran a cuenta del nuevo sistema de retribución que supondrá 1.500 millones (750 millones en el semestre), según las previsiones que Industria no ha restificado.
Cambio radical en el plan presentado a los inversores
Pese al cambio que supone cargar con un nuevo y abultado déficit de tarifa, tanto el ministro se Industria, José Manuel Soria, como el secretario de Estado, Alberto Nadal, siguen utilizando los mismos datos y previsiones para dar a conocer la reforma eléctrica del Gobierno. Esa que ambos han “vendido” a los inversores en algunas plazas financieras internacionales.
El pasado martes, Nadal presentó su reforma en la CEOE (“en su casa”, afirman fuentes del sector) donde volvió a utilizar la misma presentación de hace más de dos meses. El secretario de Estado defendió el mercado, a REE, criticó ligeramente a las grandes de Unesa y cargó contra las renovables. Para asombro de muchos de los presentes, Nadal dijo temer que algún día la Comisión Europea pueda denunciar a España por haber otorgado ayudas de Estado a la eólica (en referencia a las primas).
Pero la noticia del nuevo déficit de tarifa lanzada el fin de semana por Soria (coincidiendo con el fin de la elaboración de los Presupuestos) llega en un momento en que las renovables sufren la incertidumbre de no saber cuál será su retribución en el futuro.
Y otra mayor que afecta a todo el sistema: la de no saber si en 2014 se repetirá la lacra del déficit. Si este año se iba a cauterizar con aportaciones del Estado (que en parte no llegará), ¿qué ocurrirá en 2014 cuando todo indica que la demanda continuará cayendo y ni siquiera se prevé ayuda pública alguna?
¿Otra ”ley de empleados del hogar” para legalizar la situación?
La situación que se va a generar de cumplirse las previsiones de déficit del ministro de Industria (sabedor de que su homólogo Cristóbal Montoro no cumplirá lo prometido para sufragar la deuda eléctrica) es de limbo legal. José Manuel Soria declaró ayer que esta deuda (entre 2.500 y 3.000 millones) será asumida por las operadoras sin que pueda ser colocarla en el mercado con el aval del Estado. Según recordó, la regulación del proceso de titulización venció el año pasado, por lo que si se sigue generando déficit, este no podría emitirse.
Lo que no dijo Soria es que tampoco hay un marco legal para imponer a las eléctricas la financiación de un desfase con el que no se contaba. Lo que la norma impone, si no se modifica, es que los costes reconocidos del sistema deben trasladarse a la tarifa.
Como resulta poco probable una subida de tarifas de 3.000 millones, todo hace pensar que el Gobierno aprobará un nuevo real decreto ley similar al relativo a los empleados del hogar del 31 de diciembre, con el que levantó los topes de déficit permitido en 2012 para evitar verse con las eléctricas en los tribunales.
Es de suponer que cuando Soria alude a “las empresas” hace referencia a las grandes eléctricas pues el mecanismo por el que los déficit se autorregularán en el futuro (el que se genere lo pagarán todas las compañías reguladas y a partir de un límite se subirán las tarifas de forma automática) está incluido en la nueva ley eléctrica que no entrará en vigor hasta el próximo año.