REVE

La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía han vapuleado, en sendos informes, la reforma eléctrica que ha aprobado hoy el Ejecutivo. El gobierno de la Región de Murcia (tradicional feudo del Partido Popular) y el de Extremadura (el último en incorporarse al convoy Rajoy) han anunciado ya la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad. Los sindicatos, partidos políticos como Izquierda Unida, UPyD o Equo, todas las patronales sectoriales -APPA, AEE, UNEF…- y las cinco grandes organizaciones ecologistas de España la han criticado duramente en todos los foros.

La reforma del sector eléctrico, esa que persigue una “rentabilidad razonable” para las energías renovables (7,5%) pero nada dice de buscarle la rentabilidad razonable a la nuclear o a la hidráulica (entre 250 y 2.200%), rentabilidades pornográficas que han engordado hasta el paroxismo la deuda eléctrica nacional, hoy estimada en más de 26.000 millones de euros; la reforma del sector eléctrico, esa que introduce el inédito, inaudito, inverosímil peaje de respaldo, impuesto único en el mundo que el gobierno quiere imputar a los kilovatios que genero en mi azotea con mis placas solares y consumo en mi frigorífico (o sea, a la electricidad que me trajo a mí el sol, nunca entró en la red y solo circula por los cables de mi casa); la reforma mesiánica (O Nadal o la nada) que quiere acabar definitivamente con el déficit de tarifa (26.000 millones de euros acumulados en quince años), pero no ataja el verdadero problema de España, su dependencia energética de los combustibles fósiles (casi 50.000 millones de euros pagó España en productos energéticos en los doce meses de 2012); la reforma del sector eléctrico que han cocinado en secreto el secretario de estado de Energía, el economista Alberto Nadal, y el ministro de Turismo, el canario José Manuel Soria… la norma llamada a sustituir a la fallida Ley 54/1997 del sector eléctrico, esa que llegó con las alforjas llenas de costes de transición y dineros para las nucleares y nos deja con el agujero susodicho: 26 mil millones de euros… la “reforma monumento a la retroactividad” -terrorismo de BOEstado- ya está aquí. Recogemos a continuación algunas de las muchas reacciones que ha suscitado a lo largo de las últimas semanas. Empezamos por el veredicto de dos comisiones gubernamentales… órganos ambos de expertos -consejos consultivos- que el gobierno va a eliminar muy pronto, por cierto, en el marco de otra reforma gubernamental. (¿Será para que haya menos testigos incómodos de la deriva del Ejecutivo?).