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EFE

El diputado foral de Medio Ambiente de Bizkaia, Iosu Madariaga, ha dicho hoy a EH Bildu que “aburre” con sus reiteradas críticas a la incineradora de residuos Zabalgarbi y ha insistido en que “rotundamente no” hubo riesgo para la salud de las personas por las emisiones de la planta en 2012.

Madariaga ha comparecido en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de Bildu en relación con un informe elaborado meses atrás por el grupo Ekologistak Martxan y varios profesores de la Universidad del País Vasco en el que se señala que Zabalgarbi sobrepasó los límites de emisión de varias sustancias contaminantes durante 2012.

En la misma comisión, portavoces de PNV y PP han acusado a EH Bildu de criticar el sistema de gestión de residuos en Bizkaia para ocultar el “caos” y el “desastre” provocado por la coalición abertzale en Gipuzkoa, donde gobierna, con el sistema de recogida puerta a puerta.

Madariaga ha destacado que el sistema de gestión de residuos en Bizkaia, aunque sea “imperfecto y mejorable”, es “lo mejor que hay en el Estado español”.

Después de que el juntero de EH Bildu Asier Vega insistiera en los “incumplimientos medioambientales” de Zabalgarbi, Madariaga ha dicho que la coalición abertzale tiene una “obsesión compulsiva” con este asunto y que, después de “veinte años” de críticas a la incineradora, “ya aburre” con su discurso de “Zabalgarbi igual a calavera, igual a Diputación, igual a PNV”.

El diputado foral ha dicho que los miembros de EH Bildu están “solos” en este asunto, en el que hay consenso entre las demás fuerzas políticas y, como hizo hace varias semanas, ha reiterado a la coalición abertzale: “Somos el espejo de su fracaso” (en Gipuzkoa).

Madariaga, también presidente del consejo de administración de Zabalgarbi, ha negado que hubiese riesgo para la salud de las personas por las emisiones de la planta en 2012 y ha asegurado que “no” se superaron los límites de sustancias contaminantes y que se han cumplido “todos” los controles en esta planta incineradora y de aprovechamiento energético.

Ha recordado que los responsables de Zabalgarbi ya afirmaron el pasado mes de febrero, después de hacerse público el citado informe, que no se había sobrepasado “ningún límite de emisiones en el año 2012” y que ello había sido certificado por el Gobierno Vasco.

Vega, de EH Bildu, ha afirmado que a su grupo le preocupan las “consecuencias negativas para la salud de las personas y el medio ambiente por todos los errores que se han cometido” y ha puesto en duda la viabilidad económica de Zabalgarbi si no fuera por la prima de 18 millones de euros anuales que recibe del Gobierno central.

El juntero del PP Arturo Aldecoa ha dicho que no hay un problema de emisiones contaminantes, sino que Zabalgarbi “pone en evidencia” lo que EH Bildu ha “perpetrado” en Gipuzkoa: “El caos en el tema de los residuos”.

“La única manera de ocultar el desastre en Gipuzkoa es llevarse por delante Zabalgarbi en Bizkaia”, ha agregado Aldecoa sobre la actitud de Bildu.

María Presa, apoderada del PNV, ha pedido a Bildu que asuma su “fracaso” y las consecuencias” de sus actos en Gipuzkoa, donde “ha tirado por la borda” una solución a los residuos con su negativa a construir una planta incineradora.

La juntera ha criticado que EH Bildu no va a construir en esta legislatura en Gipuzkoa “ninguna infraestructura” para la gestión de residuos y ha reprochado a esa coalición que trate de “deslegitimar” el sistema que se emplea en Bizkaia, “que cumple -ha resaltado- la normativa europea”.

“Dejen de alarmar innecesariamente a la ciudadanía”, ha reclamado Presa.

DEIA

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, defendió ayer la gestión “modélica” de Zabalgarbi. Según explicó ayer, los controles “continuos” a los que se somete la planta de valorización energética muestran que esta “cumple todos los parámetros”, tanto en emisiones como en gestión de sus residuos.

La consejera compareció ayer en la comisión de Medio Ambiente del Gobierno vasco, a petición de Bildu, después de que Ekologistak Martxan, que también comparecieron en la mesa, denunciara que en 2012 se produjeron cuatro episodios con emisiones contaminantes por encima de los límites legales.

Ana Oregi explicó que la planta mide sus emisiones por semihoras -equivalentes a 30 minutos- y que, durante el ejercicio 2012, únicamente se superaron los valores límite de emisión impuestos en una de las 15.794 registradas. Teniendo en cuenta que la planta puede superar esos límites hasta en sesenta horas al año, siempre y cuando no sean más de cuatro seguidas, la consejera reiteró que la planta “cumple con los parámetros establecidos” para su funcionamiento. Su autorización ambiental permite, además, que esos valores se superen en momentos puntuales, como arranques o paradas, una situación que se corresponde con los cuatro episodios denunciados por Ekologistak Martxan. “Esos no cuentan y, por tanto, cumple la normativa”, dijo. La asociación ecologista, no obstante, defendió que en el caso de las emisiones el monóxido de carbono y el carbono orgánico total, no existe esa “flexibilidad” a la hora de poder superar los valores límite.

Oregi también informó de que la separación y caracterización de los residuos se realiza semestralmente y se llevan en el caso de las cenizas -peligrosos- a Igorre y Larrabetzu, donde se tratan por un gestor autorizado, y en el de las escorias -no peligrosos- a Zalla y Lemoa, para depositarse en vertedero. “Ese aspecto también se controla desde nuestro departamento con inspecciones periódicas”, añadió.

La consejera defendió además el carácter de planta de valorización energética de Zabalgarbi, y no una mera instalación de incineración, ya que “los certificados emitidos por un experto acreditado determina que el factor de eficiencia supera el 0,6”, que exigen la normativa europea.

Frente a las críticas de Bildu, que puso en duda las afirmaciones de la consejera, Oregi defendió que Zabalgarbi se somete a controles “exhaustivos y en continuo”. La planta está obligada a remitir al departamento los resultados del programa de vigilancia ambiental. “Porque esos informes están en el departamento puedo decir que está cumpliendo los parámetros de emisiones”, insistió.

Todos los grupos políticos, a excepción de Bildu, coincidieron en denunciar la “intencionalidad” de la solicitud de comparecencia de la consejera, previa a la de Ekologistak Martxan, para “criminalizar” la planta de valorización energética. “Confiamos en la gestión del departamento para velar por la salud de los ciudadanos”, destacó Joseba Zorrilla (PNV). “Lejos de aclarar las posibles irregularidades, su intención es sembrar duda e incertidumbre sobre ella”, criticó la parlamentaria del PP María Carmen López-Ocáriz. La socialista Natalia Rojo acusó a la coalición independentista de “utilizar esta planta porque no son capaces de resolver lo que está ocurriendo en su territorio”.

ZALLA Por otra parte, también desde el Gobierno vasco se confirmó ayer que el vertedero de residuos de Zalla “cumple todas las exigencias requeridas para su actividad y no existe afección ambiental derivada”. El viceconsejero de Medio Ambiente, Josean Galera, rechazó la clausura del depósito y explicó que las escorias de Zabalgarbi allí recibidas “son de naturaleza no peligrosa, dado que es un material inerte”.

El PNV de la localidad encartada, por su parte, acusó al equipo de gobierno municipal de crear una “alarma social” entre los vecinos al plantear un recurso administrativo contra la autorización ambiental del vertedero. “En tanto que no se haya resuelto, no debería servir de argumento para alarmar a los vecinos”, criticaron los jeltzales.

IREKIA

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, asegura que, desde 2008 la actividad de valorización energética de residuos de Zabalgarbi, S.A. dispone de la correspondiente autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y control integrados de la contaminación. Según ha detallado en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente “en la autorización de su actividad se identifican los controles que el titular debe llevar a cabo en el desarrollo de la misma fijándose los parámetros que son objeto de control, las periodicidades y los métodos de control para cada uno de los vectores ambientales  como son las emisiones a la atmósfera, a las aguas o los ruidos”.

A juicio de Oregi ZABALGARBI “tiene controles en continuo de las sustancias contaminantes atmosféricas a controlar previstas en la normativa de incineración de residuos”. “El titular de la instalación –ha añadido la Consejera- se encuentra obligado a remitir al órgano ambiental los resultados obtenidos en el Programa de Vigilancia Ambiental del año  inmediatamente anterior. En concreto, en el citado documento se deben recoger, además de los resultados obtenidos durante los controles, un informe sobre la evolución de los mismos que permita comprobar la adecuación de las medidas impuestas en la autorización concedida”.

En lo que se refiere a las emisiones atmosféricas, Oregi ha explicado que se cumplen las condiciones señaladas en la autorización en cuanto a los residuos, “la autorización identifica los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos que se generan en la actividad, los cuales se gestionan adecuadamente”. “En lo relativo a la eficiencia energética de la instalación, debe indicarse que desde 2010 ZABALGARBI ha presentado certificados emitidos por experto acreditado en relación con el valor que determina la eficiencia energética de la instalación. Conforme a dichos certificados el factor de eficiencia ha superado el 0,60 en los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Este dato permite catalogar la actividad desarrollada por ZABALGARBI como una operación de valorización energética de residuos urbanos” ha puntualizado Ana Oregi.

La Consejera ha comentado que “se ha verificado el cálculo de la eficiencia energética realizado por Zabalgarbi para el ejercicio 2012 y se ha determinado que la cifra correspondiente a la eficiencia energética es superior a  0,60 siempre siguiendo las indicaciones establecidas por la Direccion General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en el documento denominado, “Guidelines of the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to Annex II of Directive 2008/98/EC”, tal y como establece el RD 815/2013. Son las “Directrices de la interpretación de la fórmula de eficiencia energética R1 para instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos de acuerdo con el anexo II de la Directiva 2008/98/CE”. Documento de fecha junio 2011”. “A continuación –ha explicado Oregi en el Parlamento- los gestores de las instalaciones de Zabalgarbi han remitido un informe, acreditado externamente, indicando el valor de la eficiencia energética para la línea de incineración, así como el cálculo realizado y la información adicional necesaria para su verificación.  El órgano ambiental ha verificado dicho cálculo y ha solicitado información adicional para finalmente determinar el resultado correspondiente a la eficiencia energética, siendo éste de 0,613”.

Para esas mediciones deben determinarse los límites del sistema y considerarse los distintos modos de funcionamiento posibles, funcionamiento normal u otros modos en función debido a averías u otros agentes externos. En dichos periodos se deben considerar los residuos gestionados y su poder calorífico así como la energía exportada, tanto eléctrica como térmica  y la  consumida en distintos procesos. Según los datos aportados  el órgano ambiental ha de presentar el dato de la eficiencia energética cada 5 años en condiciones de funcionamiento normal o,  durante este período si se ha producido un cambio que pueda afectar a la eficiencia energética, se procederá a recalcular el valor de eficiencia energética de la instalación y revisar tal clasificación.

Oregi ha explicado que “no se han producido superaciones en los valores límite de emisión impuestos a Zabalgarbi ya que para que pueda entenderse que se han producido superaciones es necesario que se cumplan estas dos condiciones:  que los valores no se hayan obtenido durante los periodos de arranque y parada de la instalación o  que más del 3% de los valores medios semihorarios, a lo largo del año superen los valores límite de emisión”. Durante el ejercicio 2012 se han cumplido los valores límites establecidos.

Las cenizas, dentro de la autorización ambiental integrada, se clasifican como residuos peligrosos y las escorias se encuentran identificadas como residuos no peligrosos.  Las primeras se tratan por un gestor autorizado al efecto y las segundas se llevan a vertedero para su eliminación. En el expediente constan los documentos de aceptación emitidos por los titulares de las instalaciones de tratamiento de las cenizas y de eliminación de las escorias, así como los documentos de control y seguimiento correspondientes. Las clasificaciones responden a lo previsto en la Lista Europea de Residuos aprobada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

Además de los controles habituales fijadas para el control de los residuos, atendiendo a que las escorias tienen “entrada espejo”, en la autorización se establece la obligación de realizar una caracterización encaminada a verificar su consideración de residuo no peligroso y su vía de gestión. La periodicidad para revisar la catalogación como residuo no peligroso de las escorias tiene que realizarse semestralmente.

Según Oregi “la verificación por parte del órgano ambiental del cálculo presentado por el titular de la instalación para determinar el valor de la eficiencia energética y notificar a la instalación dicho valor y su clasificación como operación R1 o D10 se regula en el Capítulo IV (Disposiciones especiales para las instalaciones de incineración de residuos), artículos 28,1. e), 4º y 40 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. El citado Reglamento de emisiones industriales entró en vigor el 20 de octubre de 2013, por lo que este órgano procederá a la verificación del cálculo del valor de eficiencia energética del último ejercicio disponible antes de su entrada en vigor.  En este sentido, no procede realizar dicha verificación en relación con los documentos presentados por Zabalgarbi, S.A. respecto a  ejercicios anteriores al 2012”.

EL CORREO

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Josean Galera, ha señalado hoy que “no cabe la clausura” del vertedero de Cespa en la localidad vizcaína de Zalla porque cumple “las numerosas condiciones exigidas para su actividad y no existe afección ambiental derivada”. El Ayuntamiento de Zalla había solicitado al Ejecutivo autónomo la clausura definitiva del vertedero de Cespa de Las Lagunas y denunciado que no ha acreditado en plazo el cumplimiento de las condiciones para hacer efectiva la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

El consistorio vizcaíno, gobernado por la plataforma Zalla Bai, ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del pasado 6 de marzo por la que se modifica y ejecuta la AAI de ese depósito de residuos. En una nota, el viceconsejero ha señalado que “no cabe la clausura del vertedero gestionado por Cespa en Zalla dado que, como acaba de comprobar el órgano ambiental, se cumplen perfectamente las numerosas condiciones exigidas para su actividad y no existe afección ambiental derivada”. “Si hemos resuelto otorgar la autorización ambiental efectiva es porque no se han encontrado afecciones gracias a que se cumplen las medidas que exigimos en su día”, ha asegurado el viceconsejero de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Zalla ha denunciado varias irregularidades, como índices de sulfuros y amonio que superan “ampliamente” los límites establecidos, depósito de residuos no admisibles, como las escorias de Zabalgarbi, y falta de control de gases para evitar el riesgo de incendios y explosiones. Sin embargo, Galera ha indicado que “no se ha producido infracción ambiental alguna” y que “las escorias de Zabalgarbi allí recibidas son de naturaleza no peligrosa dado que es un simple material inerte”.

El vertedero de Las lagunas, en Zalla, recibió hace ocho años autorización para su actividad que fue modificada hace poco más de un mes actualizándose la normativa y comprobándose que el funcionamiento y servicio del mismo es correcto.

DIARIO VASCO

El reto a medio plazo consiste, a su juicio, en “maximizar” la explotación de las plantas de reciclado y reducir el uso de vertederos.

Estos son los objetivos estratégicos que recoge del borrador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2014-2020. Este plan, que ha comenzado su tramitación interna de cara ser aprobado a lo largo de este año, identifica una serie de metas para el periodo de aplicación y los recursos técnicos, administrativos, legales, humanos y económicos necesarios para su consecución.

El texto fija como prioridades prevenir la generación de residuos en un 10% para 2020 respecto a los generados en 2010, así como su peligrosidad; aumentar la recogida y separación selectiva de residuos hasta un 75% para 2020; e incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos hasta un 60% para el mismo año.

Optimizar la eliminación de residuos, evitando el vertido de residuos sin tratar o reciclar y buscando alternativas a su traslado fuera de Euskadi; mejorar la información y la transparencia en materia de residuos; simplificar y agilizar la gestión administrativa en materia de residuos; y fomentar el mercado verde y la creación de empleo son otros de los objetivos estratégicos.

El Plan de Prevención y Gestión de Residuos no contemplará la construcción de nuevas infraestructuras para la gestión de residuos o la eliminación de alguna de las existentes, aunque realizará una evaluación de los medios y recursos disponibles en este momento. El borrador concluye que, en términos generales, son suficientes para las necesidades de Euskadi.

Así, y en cuanto a los residuos no peligrosos, considera que la capacidad de gestión actual es adecuada, si bien se observa un déficit en plantas para el reciclado/valorización de lodos de la industria papelera, lodos de tratamiento de aguas residuales y tierras excavadas. Las instituciones públicas deben, según señala, resolver al menos los dos primeros déficit.

Trabajo con las diputaciones

 El borrador ve suficientes las infraestructuras para tratar los residuos de la construcción, aunque por razones de distancia geográfica entiende que podría ser necesario alguna adicional en Guipúzcoa y alguna comarca de Álava, y no plantea la necesidad de impulsar nuevos puntos para gestionar residuos peligrosos y residuos urbanos.

Eso sí, contempla trabajar con las Diputaciones Forales, instituciones competentes en la gestión de los residuos urbanos, para asegurar que las instalaciones planificadas son capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

El documento previo elaborado para la evaluación ambiental del plan explica que los residuos son uno de los problemas ambientales de las sociedades más avanzadas e industrializadas, dada la estrecha relación entre nivel de renta y volumen de residuos, y advierte que una incorrecta gestión de los mismos provoca impactos sobre suelos, agua, aire, salud pública, etc.

Asimismo, sostiene que la generación de residuos en Euskadi está muy condicionada por su actividad industrial y sus procesos productivos más relevantes, y considera que existe una amplia red de recogida y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, así como una extensa red de recogida y tratamiento de residuos urbanos para cada territorio.

Así, y tras identificar y valorar las infraestructuras para la gestión de residuos, señala que aún existe la necesidad de exportar determinados residuos a otros países o comunidades autónomas como tierras contaminadas peligrosas, escorias salinas de segunda fusión de aluminio, residuos halogenados, excedentes de residuos tratados.

El reto se centra, según argumenta el texto, en “maximizar la explotación de las infraestructuras de reciclado instaladas en detrimento de la deposición en vertedero u otros tratamientos de valorización, de manera tal que se rompa el equilibrio actualmente existente entre los índices de valorización y eliminación a favor del primero”.

EL PAIS

Del laberinto de refacturaciones emerge la vaga idea de que en un futuro indeterminado el precio de la electricidad para los consumidores —llamado ahora, en un ejercicio de revocación de fachada mientras se deja el interior en ruinas, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC— estará calculado por los precios medios del mercado diario más los ajustes introducidos por el mercado intradía, con los cuales se facturarán los recibos mensuales a mes vencido. El ministerio no ha renunciado a la idea de cobrar por horas, minutos y segundos a los consumidores que dispongan de un contador digital (pocos); pero como las empresas y los consumidores han objetado el método, los unos porque es de imposible gestión y los otros porque resulta discriminatorio, lo más probable es que el ministro convierta el plan B, es decir, el de los precios medios del mercado a todos los consumidores, en la solución definitiva.

Si no media corrección o vuelta atrás, los efectos destructivos del sistema de los precios medios deberían ser evidentes. Tienen la ventaja de que el recibo de la luz queda anclado a la evolución de un mercado más pertinente que el financiero (subastas Cesur); pero a cambio incentiva la litigiosidad, que puede aumentar en cuanto lleguen los fríos y los consumidores se pregunten por qué pagan la electricidad a 45 euros el megawatio/hora cuando el mes anterior la habían pagado a 35.

Los daños mayores tienen que ver con la transparencia y el ahorro energético. Seguir los precios diarios e intradía se convertirá probablemente en obsesión de informáticos encallecidos o consumidores perseverantes, pero es tarea de locos para la mayoría de los consumidores. Es como buscar el Rosebud en el colosal almacén de Charles Foster Kane. Será difícil, además, que un consumidor se proponga organizarse para gastar menos luz (aunque el ahorro es prácticamente imposible, después de encarecer los costes fijos del recibo) si va a conocer el precio una vez transcurrido el mes; lo ideal sería, al menos, que la CNMC publicara oficialmente el precio mensual, para evitar las suspicacias.

El ministro y su secretario de Energía han convertido la tarifa eléctrica en un galimatías, impracticable para las empresas e ininteligible para los consumidores. El origen del caos comenzó cuando el ministerio, con el seguidismo de la CNMC, en teoría independiente pero vicaria del ministerio en la práctica, suprimió las subastas sin disponer de un recambio probado y fiable. Si las subastas eran tan caras, habrá que preguntar al departamento ministerial por qué no se suprimieron antes de que resultaran un problema político para el Gobierno, es decir, cuando ya eran una grave carga para los consumidores.

GESTORES DE RESIDUOS. IHOBE.

Este interrogante pretende responder el proyecto europeo GISWASTE, que cuenta con la cofinanciación del programa Life de la Unión Europea y está liderado por un consorcio vasco, coordinado por el centro AZTI-Tecnalia, con la participación de las empresas Geograma, LKS y la sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco Ihobe.

El proyecto GISWASTE tiene como objetivo establecer una metodología y una herramienta que determine la viabilidad y rentabilidad de las opciones de valorización en cada caso. Una herramienta para priorizar las alternativas de valorización, basada en la tecnología de geoinformación GIS.

La geoinformación GIS permite construir mapas inteligentes, en los que la posición geográfica interviene como una variable asociada a una base de datos. En esa base se incluyen todos los factores técnicos, económicos y ambientales que condicionarán la viabilidad de las opciones de valorización: cantidades de subproducto generadas, cercanía o dispersión de las mismas, temporalidad, logística, adecuación ambiental de las plantas de tratamiento…

El consorcio vasco que desarrolla este proyecto entiende que la herramienta será de gran ayuda para la toma de decisiones por parte de los agentes que intervienen en el ámbito de la valorización de residuos, así como para las administraciones públicas. Además, creen que servirá para generar nuevas actividades económicas y oportunidades de colaboración entre generadores y valorizadores de subproductos.

El proyecto GISWASTE contempla la puesta en marcha de dos modelos reales de estudio para validar la nueva herramienta. Se trata de dos implantaciones, una planta de biogás y una planta de piensos, que servirán para comprobar la bondad del método ideado.

Tecnalia, entidad experta en investigación marina y alimentaria, es la encargada de coordinar este proyecto europeo, que cuenta con la colaboración de Geograma, empresa especializada en la captación, suministro, tratamiento y gestión de la geoinformación; el grupo de Servicios Profesionales LKS, perteneciente a Mondragon, y la sociedad pública de Gestión Ambiental Ihobe, del Gobierno Vasco.

 El Proyecto GISWASTE tiene un presupuesto de 1,4 millones de euros y concluirá en 2017.

CNMC. Nota de Prensa.

La incoación se amplía a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A.; Recuperació de Pedreres, S.L.; Ecología Ibérica y Mediterránea, S.A.; Magma Tratamiento, S.L.U.; Magma Mediterráneo, S.L.U.; Gestión y Valorización Integral del Centro, S.L.; Betearte Sociedad Anónima; Valdemingómez 2000, S.A.; Garcés Recuperación, S.L.; Recuperaciones Lapuerta, S.C; Recypilas, S.A.; Holmen Paper Madrid, S.L.; Alba Servicios Verdes, S.L.; Cartón y Papel Reciclado, S.A.; Hijos de Demetrio Fernández, S.A.; y MAREPA, S.A.; así como a la Associació Catalana d’Empreses de Serveis de Residus (ACESER).

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto contra varias empresas y asociaciones activas en el sector de gestión de residuos y de saneamiento urbano. Concretamente, la incoación se amplía a: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.;Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A.; Recuperació de Pedreres, S.L.; Ecología Ibérica y Mediterránea, S.A.; Magma Tratamiento, S.L.U. y su filial Magma Mediterráneo, S.L.U.; Gestión y Valorización Integral del Centro, S.L.; Betearte Sociedad Anónima; Valdemingómez 2000, S.A.; Garcés Recuperación, S.L.; Recuperaciones Lapuerta, S.C; Recypilas, S.A.; Holmen Paper Madrid, S.L.; Alba Servicios Verdes, S.L.; Cartón y Papel Reciclado, S.A.; Hijos de Demetrio Fernández, S.A.; MAREPA, S.A.; Associació Catalanad’Empreses de Serveis de Residus (ACESER).

Con fecha 4 de julio de 2012, la Dirección de Investigación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia había incoado el expediente sancionador S/0429/12 contra:

CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. y su filial CESPA Gestión de Residuos, S.A.; FCC Medio Ambiente, S.A. y su filial FCC Ámbito, S.A.; URBASER, S.A. y su filial SERTEGO Servicios Medioambientales, S.L.; Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa y sus filiales SAICA Natur S.L., SAICA Natur Noreste, S.L. y SAICA Natur Norte, S.L.; HERA Tratesa, S.A.; VERINSUR, S.A.; BEFESA Gestión de Residuos Industriales, S.L.; Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L.; Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.; Griñó Ecologic, S.A.; Ecogestión de Residuos, S.L.; Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A.; Rua Papel Gestión, S.L.; Irmasol, S.A.; S. Solís, S.A.; Recuperaciones Marcel Navarro i Fills, S.L.; Sebastià Llorens, S.L.; Alianplast Serveis, S.L.; Recuperaciones Pérez Andreu e Hijos, S.L.; Hermanos Inglés-Vidal, S.L.; Reciclajes Elda, S.L.; Recuperaciones Riojanas, S.A.; Recuperaciones Álvarez Torres, S.L.; Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (AREMA); Santoil, S.L., Amboil Aprovisionamiento y Logística, S.L.; Marpol Levante, S.L.; Recuperaciones de Residuos Petrolíferos, S.L.; Logística Ambiental, S.L.; Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A.; LKS Menoska, S.L. y Asociación de Empresas de Limpiza Pública (ASELIP)

La incoación fue motivada por actuaciones que podrían ser contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). En concreto, consistirían en (i) acuerdos colusorios tendentes a repartos de clientes públicos y privados, y de actividades, y a fijación de condiciones comerciales, así como en (ii) decisiones o recomendaciones colectivas con el objeto y/o efecto de restringir la competencia en varias comunidades autónomas del territorio nacional, e incluso en el conjunto del territorio nacional.

Tras el análisis de la documentación que figura en el expediente y que ha sido obtenida durante la instrucción del mismo, puede deducirse que existen indicios racionales de la participación en dichas supuestas prácticas prohibidas de las citadas 17 empresas y de la asociación sobre las que la CNMC ahora amplía el expediente sancionador, por una posible infracción del artículo 1 de la LDC.

La ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la CNMC, sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente. 

EUROPA PRESS

Sólo el 27% de los residuos municipales generados en España se reciclan o se someten a compostaje (frente al 42% de media en la UE), mientras que el 63% de la basura urbana en el vertedero sin tratamiento (frente al 34% de promedio comunitario), cifras que sitúan a España a la cola en la UE en materia de reciclaje, según un informe publicado este martes por la oficina estadística Eurostat.

Cada español generó 464 kilos de basura en 2012, cifra que se sitúa ligeramente por debajo de la media comunitaria de 492 kilos. De esta cantidad, sólo el 17% se recicló, mientras que el 10% se convirtió en compost y el 10% se incineró. El 63% restante de los residuos urbanos se depositó en vertederos.

Dinamarca, con 688 kilos por persona, es el Estado miembro que genera más residuos urbanos, seguido de Chipre, Luxemburgo y Austria. En el otro extremo se sitúan Estonia, Letonia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Croacia, con valores inferiores a 400 kilos.

En 2012, los países con mayor tasa de reciclaje y compostaje fueron Alemania (65%), Austria (62%), Bélgica (57%), Holanda (50%), Luxemburgo (47%), Reino Unido (46%), Irlanda (45%) y Francia (39%). En Finlandia, la tasa de reciclaje es la misma que la de incineración (34%).

En contraste, los Estados miembros donde una mayor proporción de basura acaba en vertederos son Rumanía (99%), Malta (87%), Croacia (85%), Letonia (84%) y Grecia (82%). La incineración ocupa un lugar destacado en el tratamiento de basura en Dinamarca y Suecia (52%), Holanda (49%), Bélgica (42%), Luxemburgo (36%), Alemania y Austria (35%), Finlandia (34%) y Francia (33%). con el seguidismo de la CNMC, en teoría independiente pero vicaria del ministerio en la práctica, suprimió las subastas sin disponer de un recambio probado y fiable. Si las subastas eran tan caras, habrá que preguntar al departamento ministerial por qué no se suprimieron antes de que resultaran un problema político para el Gobierno, es decir, cuando ya eran una grave carga para los consumidores.

ECOTICIAS

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha pedido este viernes que los países incorporen las políticas ambientales en las regulaciones de todos los sectores, ya sea el transporte, la energía o la ciencia, por ejemplo.

En el marco de un desayuno organizado por el Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) en Barcelona, Potocnik ha asegurado que el mundo atraviesa su etapa “más frágil” en términos de sostenibilidad, pese a que está muy interconectado.

“Mucho mejor es evitar que curar”, entre otras cosas porque sanar puede suponer afrontar unos mayores costes, ha remarcado el comisario, que ha insistido en la necesidad de que la conciencia ambiental reine en todos los ámbitos.

“Los humanos somos naturaleza, pero a veces nos comportamos como una especie invasora”, ha lamentado Potocnik, que ha alertado sobre el gran crecimiento poblacional que registra el planeta y los retos que ello supone ante la escasez de recursos.

En su discurso, se ha mostrado favorable a la regulación, no porque suponga una solución por sí misma, sino porque contribuye a establecer reglas claras de juego en un mundo global.