EL ECONOMISTA

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha presentado ante el Tribunal Supremo sendos recursos contencioso administrativos contra el real decreto con el nuevo sistema de incentivos para las energías renovables y contra la orden ministerial en la que se fijan los nuevos parámetros retributivos.

En concreto, el recurso afecta al real decreto 413/2014 y a la orden ministerial IET/1045/2014, en la que se fijan unos parámetros retributivos para »instalaciones tipo» aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

APPA indica en una nota de prensa que ha encargado al despacho de abogados Holtrop SLP el desarrollo de ambos procedimientos contencioso administrativos.

La asociación «ha tenido que recurrir a la vía judicial después de que el Ministerio de Energía, Industria y Turismo haya desoído todas y cada una de las alegaciones realizadas», asegura.

Tanto el real decreto como la orden ministerial, incluidos en la «mal llamada reforma energética», «han alterado de forma súbita y unilateral el marco retributivo» que determinó el modelo financiero y de negocio a partie del cual se realizaron las inversiones en renovables en España, argumenta.

Este cambio «ha sumido a las empresas del sector renovable en una situación crítica e incontrolable, que pone muchas instalaciones al borde de la ruina cuando no las aboca directamente al cierre», asegura APPA.

La asociación también considera que la reforma «mina definitivamente la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está provocando la huida de inversores internacionales, no sólo en el sector energético, sino también en otros sectores de potencial atractivo inversor».

«Definir políticas públicas basadas en la promoción de tecnologías emergentes, como son las energías renovables, y posteriormente alterar su retribución, al confiscar sorpresivamente sus ingresos vía impuestos, o eliminar sus incentivos reconocidos, no hace sino agravar la inestabilidad regulatoria y la inseguridad jurídica e incrementar el »riesgo-país» frente al exterior», afirma.