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La Comisión Europea ha anunciado que va a investigar los cambios  introducidos por Bildu en el plan de residuos de Gipuzkoa vulneran la  legislación comunitaria, en concreto, para aclarar si «las  capacidades de eliminación y valorización» del territorio son  «suficientes» para garantizar el cumplimiento de la directiva europea sobre residuos en cuestiones como la «autosuficiencia» y la  «jerarquía de residuos».

Así lo ha comunicado el comisario de Medio Ambiente, Janez  Potocnik, en una respuesta escrita a la eurodiputada del PNV, Izaskun  Bilbao, quien critica que las modificaciones no responden a las  «necesidades» de la región, ni cuentan con «proyectos conocidos» y  han sido «impuestas en contra de la opinión de los usuarios».

En su respuesta, el comisario advierte de que la Diputación de  Gipuzkoa no ha notificado formalmente los cambios al Ejecutivo  comunitario ni al Banco Europeo de Inversiones, con quien firmó en  2011 un acuerdo de financiación para el proyecto inicial de la  incineradora de Zubieta.

Sí apunta Potocnik que en febrero de 2013 el gobierno de Bildu  «informó verbalmente» al BEI de su intención de no seguir adelante  con las inversiones y de negociar con las empresas afectadas la  rescisión de sus contratos, aunque no ha recibido más información  sobre el resultado de dichas negociaciones.

En la pregunta al comisario, la eurodiputada Izaskun Bilbao  denuncia el «plan alternativo» introducido por Bildu para la gestión  de residuos y que sustituye la planta de valorización energética de  Zubieta por dos centros de tratamiento de residuos orgánicos, además  de «apostar por retrasar» el cierre de los vertederos actualmente  abiertos y por crear depósitos permanentes para los que no hay  estudios de alternativas para su ubicación.

Bilbao también critica que la Diputación de Guipúzcoa haya tenido  que destinar más de 13 millones de euros para compensar a las  empresas que resultaron adjudicatarias de la construcción del primer  proyecto. Y advierte de que el plan alternativo no ha sido aprobado  por el Parlamento guipuzcoano, «por lo que vulnera la normativa local  vigente».