EL PAIS

Desde luego, tengo claro cuál es mi posición al respecto de dos cuestiones que son distintas y deben diferenciarse a pesar de estar íntimamente ligadas. Me refiero a la incineradora de Zubieta y al modelo de recogida de residuos. No voy a hacer una defensa técnica de una u otra postura porque para ello hay personas mucho más preparadas que son capaces de explicar cifras, volúmenes y fracciones con mucha más autoridad, por lo que se refiere a la incineradora.

Tampoco voy a defender aquí un modelo de recogida de residuos, no voy a sostener si el reciclar es un derecho o un deber y, por tanto, si la recogida selectiva debe ser o no obligatoria y, necesariamente en este último caso, comprobable. Insisto, no voy a defender un modelo u otro al margen de consideraciones técnicas, porque esta disputa ha servido para ser trasladada a la disputa partidista, que no política, que es un espacio, además del más importante como es el ámbito social.

¿A quién hay que responsabilizar de los ocho millones de indemnización?”

Esta consideración hace que no sea esta la tribuna apropiada, hacerlo incurriría casi en la deslealtad. Sí que sirven estas cuestiones, la incineradora de Zubieta en particular, como pretexto para analizar cuestiones de más base política y ciudadana. Quiero hacer referencia al propio concepto de democracia o dicho de otra manera, del carácter democrático.

Insisto en que tengo mi postura tomada con relación a este asunto pero esto no me impide, o por lo menos no debería impedirme considerar que la postura contraria pueda ser defendible y que unos no quieren envenenar con humos tóxicos a la ciudadanía, ni los otros son unos hippies que carecen de sentido común necesario para gestionar los residuos de Gipzukoa.

Era propio de tiempos franquistas aquellas reflexiones que venían a sostener “o nosotros o el caos”. Hoy en día cuestiones como estas que además de por su trascendencia sanitaria, medioambiental o incluso económica son verdadera base de una nueva cultura social que debe soportar un nuevo modelo, deben debatirse a través de la participación ciudadana en foros próximos y de democracia directa.

No procede por tanto la demonización de la postura adversaria y mucho menos su ridiculización, sino, antes bien, un debate sereno e informado. Al hilo de este mismo razonamiento, voy a traer a colación otra cuestión que también está relacionada con la cultura democrática. Las adjudicaciones de las obras destinadas a la incineradora de Zubieta se firmaron una vez trascurridas las elecciones forales de mayo de 2011 y estando el gobierno foral en funciones.

Se firmaron tras haber perdido las elecciones frente a un partido, mejor dicho, una coalición de partidos, que en el frontispicio de su programa electoral llevaba el “no” a la incineradora.

No cabe demonizar la postura adversaria y menos ridiculizarla

No parece que un gobierno en funciones realice un acto de disposición por importe de más de 270 millones de euros cuando únicamente debe limitarse, aquí y en todas partes, a meros actos de administración, incluso más aún, de mero trámite.

¿A quién hay que responsabilizar de la indemnización de ocho millones que debe satisfacer el Gobierno foral guipuzcoano como consecuencia de la resolución de los contratos? ¿Al gobierno que ha cumplido su programa sin ampararse en la herencia para justificar incumplimientos o a aquel que se excedió de sus funciones? Sólo desde este punto de vista quería referirme a la incineradora, no he querido entrar a analizar vertederos, quintos contenedores, sistemas PaP ni otras consideraciones también políticas, sólo quería reflexionar sobre las dos cuestiones.