La valorización, clave para evitar el envío de residuos a vertederos
NOTICIAS DE ÁLAVA
La tragedia humana sobrevenida tras el derrumbamiento de miles y miles de toneladas de basuras y tierras en la planta de Verter Recycling el pasado 6 de febrero también ha dejado al descubierto un par de asignaturas pendientes: la gestión de los residuos –urbanos e industriales– y el control de todos los materiales que llegan a los vertederos. Y no solo es un problema vasco. De hecho, las asociaciones ecologistas llevan años alertando de esta situación que califican, sin medias tintas, de «bomba de relojería». Otras plataformas como Zero Waste Europe y Retorna proponen la implantación de un canon obligatorio al vertido.
Una medida encaminada a estimular la reducción de residuos que mayoritariamente acaban siendo enviados a vertedero sin recibir ningún tratamiento previo, sin atender a criterios de reutilización o reciclaje. Los últimos datos confirman que España es uno de los que tienen una dudosa conciencia sostenible puesto que es de los que mayor cantidad de residuos lleva de esa manera a vertedero. El porcentaje de reciclaje en se sitúa «entre el 36 y el 37%» y apenas si ha mejorado esa tasa desde 2004, lo que significa que se queda bastante lejos de la norma europea que fija un 50% para este año y apunta que para 2035, solo el 10% de residuos urbanos podrá acabar en vertederos.
Dicen desde Ecologistas en Acción que «el cuarenta por ciento de la bolsa de basura normal es materia orgánica» que podría ser reciclada. Un hecho que, a juicio de Carlos Arribas, emplaza a la sociedad en general y a la clase política en particular a encarar el sistema de separación y de gestión de residuos. El problema, apuntaba Arribas, «es que sale más barato verter que reciclar». Aboga por poner «obstáculos» a los vertidos tanto urbanos como industriales a través de «un impuesto único» similar al que aplican países como el Reino Unido «para evitar el turismo de residuos».
DE 38 A 22 EUROS Un ejemplo cercano: la tasa por tonelada que se cobra en el vertedero público alavés Gardelegi es de 38 euros, un precio más elevado que los 16 que pagaban quienes descargaban sus desechos en el colapsado de Zaldibar. Precisamente pocos días después del desastre ocurrido en la planta de Verter Recycling, el propio consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, hacía hincapié en que Euskadi tiene que «replantear a fondo el modelo de gestión de residuos» para que «no resulte tan cómodo y tan barato optar por el vertido como hasta ahora». E incluso apostaba por medidas disuasorias como la creación de una «tasa ecológica de vertido, una tasa o canon consistente y disuasorio».
Las voces de las principales organizaciones ecologistas no son las únicas que ponen en cuestión el sistema actual de recogida, tratamiento y gestión. La Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu) se refería también al asunto y hablaba de «desperdicio total de los residuos que deberían ser aprovechados como recursos» y así de paso evitar riesgos tanto ambientales como de salud. Lo decía su presidente, Rafael Guinea, quien ahondaba en el quid de la cuestión: «el vertido en España es extremadamente barato». En su opinión, para dar vuelta a este escenario, es necesario «un planteamiento técnico y profesional, no sólo político», en el que «no prime la decisión económica, sino la ambiental y de normativa».
Según informes estadísticos del Ministerio de Transición Ecológica, la media estatal de residuos que acaban en vertedero supera el 50%. Asturias (74%), Aragón y Canarias (70%), y Andalucía (69%) encabezarían esa clasificación, muy por encima del 27% que se le atribuye a la Comunidad Autónoma Vasca. La Aeversu, que agrupa a una docena de empresas entre las que se cuenta Zabalgarbi, propone como alternativa «el tándem entre valorización energética y reciclaje». «Tenemos la capacidad técnica», zanjaban sus responsables.
La valorización energética es la conversión en energía –en forma de electricidad, vapor o agua caliente– para uso doméstico o industrial de aquellos desperdicios que no pueden ser reciclados, una actividad que tiene impactos ambientales pero «a diferencia de los vertederos, donde no se pueden medir, aquí están medidos y controlados», ilustraba Guinea. Informes de la planta vizcaína señalan que es capaz de producir una cantidad de electricidad comparable al 35% de la energía que se consume en los hogares del Territorio al tiempo de elimina un tercio de los residuos urbanos.