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EL CONFIDENCIAL

La nueva liquidación ha sido aprobada por el organismo regulador teniendo en cuenta los cambios normativos introducidos por el Ministerio de Industria a finales del pasado año. La ley 24/2013 establece que las grandes empresas eléctricas ya no tendrán que asumir el papel de ‘tesoreras’ del Estado a la hora de garantizar los ingresos de los demás operadores. En consecuencia, los desajustes temporales que hasta ahora financiaban los grupos empresariales con más de 100.000 clientes tendrán que ser soportados por todos los agentes el sector eléctrico.

La ‘broma’ supone un importante agujero que afecta especialmente a las organizaciones de energías renovables, cogeneración y tratamiento de residuos. Para evitar mayores quebraderos de cabeza en las relaciones financieras de estas entidades, la CNMC emitirá un certificado en el que se reconocerá la totalidad de la cuantía devengada y que tendrá plena validez ante las entidades de crédito.

Las fuentes de ingresos del sistema eléctrico son dos exclusivamente. De un lado los peajes y de otro los impuestos derivados de la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Como se recordará, el Ministerio de Hacienda utilizó la primera fase de la supuesta reforma del sistema eléctrico para introducir un nuevo mecanismo de tributación que se tradujo finalmente en un gravamen del 7% a la generación de electricidad.

Liquidaciones con dos meses de retraso

Tanto en lo que concierne a los peajes como en lo referido al nuevo impuesto, aplicado desde finales de 2012, el funcionamiento de liquidaciones produce un desfase entre el devengo y los flujos de caja. La diferencia se mide por lo que se denomina el coeficiente de cobertura entre los ingresos obtenidos y los pagos devengados. Dicho coeficiente de cobertura es el que se ha reducido a un 25,5%, según la primera liquidación provisional de 2014.

Los ingresos generados por los peajes correspondientes a las facturas de acceso del mes de enero no se reciben hasta el mes de marzo, los de febrero hasta abril y así sucesivamente con un decalaje de dos meses. Este retraso implica que el coeficiente de cobertura sea reducido al principio de año y vaya aumentando progresivamente a lo largo del ejercicio. El objetivo del organismo regulador que preside José María Marín Quemada es normalizar la situación antes de junio.

Según los datos en poder de la CNMC, los costes del sistema han alcanzado a lo largo del mes de enero cerca de 1.600 millones de euros. Dicha cuantía se reparte entre gastos de distribución y transporte, pagos por capacidad, compensación insular y extrapeninsular, gestión de la demanda interrumpible y la citada retribución de energías renovables, cogeneración y residuos.

EUROPA PRESS

Estos certificados evitarán los posibles problemas financieros de estas empresas relacionados con el nuevo sistema de liquidación provisional del sector eléctrico, por el que el pago a los distintos participantes no se realiza hasta que no haya disponibilidad de caja.

En una nota, el organismo presidido por José María Marín Quemada explica que, en la primera liquidación de 2014, correspondiente a enero, las empresas recibirán el 25,5% de la parte que les corresponde por su actividad durante ese mes.

El 74,5% restante se abonará en liquidaciones consecutivas a medida que vayan entrando nuevos ingresos, señala la CNMC, que estima además que las liquidaciones provisionales se normalizarán antes del mes de junio.

La CNMC ya ha aprobado la primera de las catorce liquidaciones de 2014. Hasta diciembre, las desviaciones transitorias del sistema eléctrico solo las financiaban las empresas con más de 100.000 clientes, circunstancia que ha cambiado, de modo que son ahora todos los sujetos del sistema los que las financian de forma proporcional a la retribución que les corresponda.

Los ingresos eléctricos proceden sobre todo de los peajes que se cobran a los consumidores y de los impuestos incluidos en la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

En ambos casos se produce un decalaje entre su devengo y la recaudación, que se mide por un coeficiente de cobertura entre los ingresos percibidos y los pagos devengados.

De este modo, los ingresos por peajes correspondientes a facturas de acceso del mes de enero no se reciben completamente hasta el mes de marzo, los de febrero hasta abril y así sucesivamente.

Como consecuencia de este decalaje de tres meses, las primeras liquidaciones del año arrojan un coeficiente de cobertura bajo, que irá aumentando progresivamente en las siguientes liquidaciones, explica la CNMC.

En la primera liquidación del año, los costes afectados por el coeficiente de cobertura ascienden a 1.513 millones de euros, mientras que los no afectados por este coeficiencia se sitúan en 68 millones de euros. Mientras, los ingresos han sido de 454 millones de euros.

Estsa circunstancia hace que el porcentaje de los costes que se alcanza en el mes de enero con los ingresos aportados por las empresas al sistema de liquidaciones es el 25,5%.

EL MUNDO

Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el comportamiento del mercado a plazo durante el mes que se produjo la ya famosa subasta del tarifazo, anulada por el Gobierno para evitar una subida del recibo eléctrico para los hogares superior al 10% en enero.

El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, no explica la enorme brecha de precios entre estos mercados, limitándose a señalar que este incremento no estuvo relacionado con el encarecimiento de materias primas como el crudo o el gas natural. La explicación sobre este comportamiento de precios podría incluirse en el informe específico sobre la investigación del mercado mayorista que inició la CNMC en diciembre ante el brusco incremento de costes -desconocido desde el año 2002-, y que podría presentarse en los próximos días.

Otra de las anomalías detectadas por el regulador es el fuerte incremento del volumen de negociación en los días previos a la subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre. Estos incrementos fueron del 146% en el mercado OTC con respecto a diciembre de 2012, y del 156% en el mercado de futuros eléctrico gestionado por Omip. La mayoría de la negociación a plazo se localiza en el primero de estos mercados. El fuerte incremento de diciembre provocó también que el conjunto de volumen negociado de 2013 registrara un aumento superior al 30% con respecto al año anterior.

La mayoría de los contratos a plazo negociados en diciembre iba referenciada al primer trimestre de 2014, el mismo periodo para el que la subasta eléctrica iba a fijar el precio. Finalmente, la puja se cerró con un precio de 63,64 euros/MWh. Asustado ante una drástica subida del recibo para los hogares en enero, Industria decidió anular la subasta y fijar un precio artificial de 48,48 euros/MWh basado en las proyecciones del mercado de futuros registradas durante el segundo semestre de 2013. Ese precio, al final, también ha estado muy lejos del coste medio de la electricidad en el mercado desde el inicio del año, que oscila los 30 euros /MWh.

La diferencia entre el precio real de la electricidad y el que fijó Industria deberá ser devuelta a los consumidores en el recibo del próximo mes de junio, dos meses después del plazo inicialmente previsto. Esta brecha podría superar el 10% con respecto a lo pagado en este trimestre. El descuento irá asociado a la entrada en vigor del nuevo sistema de tarifas eléctricas por horas, cuya puesta en marcha se retrasará por su gran complejidad y la falta de contadores inteligentes adaptados. Este mecanismo ligará el precio del recibo al del propio mercado mayorista.

IREKIA. GOBIERNO VASCO.

El Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josean Galera, considera que “la función que realiza Zabalgarbi se puede comparar a modelos similares alemanes o franceses en cuanto a las soluciones y resultados en el tratamiento de residuos, y siempre con un ejemplar y eficaz cumplimiento de las normativas”. Galera explica que “la solución adoptada en Bizkaia para el tratamiento de residuos es modélica y se sitúa en los niveles más elevados de Europa. No se puede comparar a otras soluciones hipotéticas que no demuestran su viabilidad”.

El viceconsejero recuerda que “la autorización ambiental integrada emitida a la instalación establece la exigencia de realizar un control en continuo de las emisiones según los estándares establecidos por la normativa europea de incineración de residuos y ese control viene realizándose tal y como se estableció en la autorización y las mediciones se remiten en tiempo real al Gobierno Vasco”.

En el caso de Zabalgarbi ese control se acompaña de mediciones periódicas realizadas por un laboratorio independiente. Los hasta ahora realizados según los criterios de la normativa acreditan el cumplimiento en todo momento de todos los valores límite de emisión recogidos en la misma.

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco añade que “la información de las emisiones se viene haciendo pública en el inventario europeo PRTR de emisiones. Los datos son accesibles por cualquier ciudadano y se puede consultar en la web: http://prtr.ec.europa.eu/ “.

En lo que respecta a la caracterización de la operación de gestión y su consideración como valorización o eliminación de residuos, Galera insiste en que “Zabalgarbi ha venido comunicando puntualmente al Órgano Ambiental  las certificaciones de la operación R1 de valorización de residuo realizadas por un auditor externo”.

El pasado mes de octubre se publicó el Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y que actualiza establece la emisión del citado certificado por parte de los órganos ambientales correspondientes. La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco está valorando la información disponible para emitir la certificación pertinente relativa al año 2012.

CNMC.

14/03/2014.  La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 13 de marzo de 2014 ha aprobado la liquidación de las primas equivalentes a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos, correspondiente a enero de 2014.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se ha aplicado un coeficiente de cobertura de 25,4884674094953% al importe total de las liquidaciones positivas correspondientes a la energía generada en el ejercicio 2014. 

14/02/2014.  Publicado informe aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC del día 11.02.2014 con el resultado de las liquidaciones de la prima equivalente elaboradas en Enero de 2014.

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ECOTICIAS. AGENCIAS.

Las asociaciones ACER, AIFOC, ANPIER, APERBAL, APERCA, APREAN, AREMUR, ASECE, AVAESEN, EGA y UNEF consideran muy grave y decepcionante la falta de rigor e independencia demostrada por el presidente de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, José María Marín Quemada.

Consideran inaceptable que acepte la ruptura de la seguridad jurídica producida en España pero que la intente justificar con circunloquios como “riesgos regulatorios”. Es inadmisible la falta de rigor demostrada al equiparar el importe total de primas al régimen especial, que incluyen cogeneración y residuos, con el correspondiente al fomento de las energías renovables. El máximo representante del órgano regulador no puede hablar sin base alguna de rentabilidades del 25%, conociendo los datos reales proporcionados por el sector, que no superaban, antes de la reforma que plantea ahora el gobierno, el entorno del 6%. Las declaraciones del Sr. Marín Quemada revelan que su posición no es neutra y socaba la imparcialidad e independencia del organismo que preside en el momento en el cual se está decidiendo en la CNMC sobre la Propuesta de Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos.

Las declaraciones de parte de Martín Quemada erosionan las principales virtudes de cualquier organismo regulador, socavando la imparcialidad e independencia de la CNMC.

La figura de un regulador independiente que vele por los derechos de la sociedad frente a los posibles abusos de gobiernos y grandes corporaciones es fundamental para el correcto funcionamiento de un sistema económico.

El Sr. Marín Quemada, en representación de la CNMC, realizó una serie de juicios personales en contra de los legítimos derechos del sector de las energías renovables, basándose en datos que no se corresponden con la realidad.

El pasado martes 11 de marzo, José María Marín Quemada justificó ante los medios de comunicación la ruptura de la seguridad jurídica que se está produciendo en España con la aprobación de una serie de normas lesivas y de aplicación retroactiva que el gobierno está aprobando contra los intereses de los inversores en energías renovables.

Martín Quemada aceptó la ruptura de la seguridad jurídica producida en España pero la intentó justificar con inadmisibles circunloquios como “riesgos regulatorios”.

En la misma línea, Marín Quemada habló, sin justificar sus fuentes, de que los proyectos de energías renovables estaban obteniendo rentabilidades del 25%, cuando la CNMC tiene en su poder los datos proporcionados por el sector que demuestran que, antes de la entrada en vigor de la última reforma eléctrica del gobierno no se estaba superando de media el 6% de rentabilidad.  Las asociaciones del sector han puesto además en conocimiento de la CNMC que las medidas propuestas por el gobierno, que suponen recortes en los beneficios de hasta el 50% con respecto a las expectativas iniciales, llevarán a la mayoría de empresas del sector renovable a una situación límite que supondrá incluso la quiebra de proyectos.

Además, el presidente de la CNMC atribuyó a las energías renovables los 9.000 millones de euros anuales del total de primas al régimen especial, régimen que incluye, además de las renovables, la cogeneración y tratamiento de residuos. Las primas correspondientes a las renovables realmente supusieron 6.700 millones de euros.

Las afirmaciones de Marín Quemada ocultan además los beneficios que la entrada de las energías renovables en el mix eléctrico suponen, un balance que resulta muy positivo para la economía española: Las renovables redujeron en 2012 el precio del mercado en más de 18 euros el MWh. Esta reducción en el mercado de producción junto con el ahorro en importaciones de combustibles fósiles y en derechos de emisión de CO2, supuso en 2012 un ahorro total de 6.756 millones de euros gracias a las renovables.

La generación con renovables, tecnologías limpias y autóctonas, es la única manera de reducir la dependencia energética española, que alcanza el 75%. España importó en 2012 combustibles fósiles por valor de 61.000 millones de euros y nuestro país registró una balanza energética negativa de más de 45.500 millones de euros, algo que sin duda afecta a consumidores y usuarios, por cuyo beneficio deberían velar la CNMC y su presidente.

Petición de rectificación pública o dimisión de Marín Quemada

Por todo ello, las asociaciones de energías renovables exigen la rectificación pública del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada y la inhibición de su persona en el proceso de revisión actualmente abierto en la CNMC sobre la Reforma del Sector Eléctrico del Ministerio liderado por Soria.

En caso contrario, las asociaciones de energías renovables exigen la dimisión lo antes posible de Marín Quemada como presidente del órgano regulador español de Mercados y Competencia.

DIARIO VASCO

Los presidentes de las mancomunidades de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso (PSE) y Arcadio Benítez (PSE), reclamaron ayer al Parlamento Vasco que «legisle» para «impedir la apertura de nuevos vertederos en Gipuzkoa», en relación al espacio para depositar «inertes» que se contempla en el nuevo plan foral de residuos presentado recientemente por la Diputación (Bildu). Asimismo, Itxaso aseguró que la institución foral le ha trasladado que baraja «el uso de canteras abandonadas y espacios degradados» para ubicar el citado vertedero de «inertes».

Los presidentes de San Markos y Debabarrena comparecieron ayer en la comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento Vasco, a petición del PSE, que reclaman su punto de vista sobre el «modelo de vertederos» que, a entender de los socialistas, supone el nuevo plan de residuos de la Diputación, impulsado tras la paralización de la incineradora de Zubieta.

ECOTICIAS

Se trata de un sistema de gestión de residuos indispensable para una reducción real de la cantidad ingente de basura que generamos día a día que acaba en vertederos e incineradoras. A su vez, contribuye a plantar cara a muchos de los retos que tiene por delante nuestra sociedad, ¡descubre cuáles!

Reduce los residuos

Alrededor del 40% de nuestra bolsa de basura está compuesta por residuos orgánicos. Si llevásemos a cabo una recogida selectiva de los mismos evitaríamos que estos restos fuesen a vertederos o incineradoras. Ya reciclamos el papel, el vidrio o los envases, ¿por qué no hacerlo con la materia orgánica en vez de despilfarrarla y dejar que siga contaminando?

Contribuye a frenar el cambio climático

Si los restos orgánicos se separasen selectivamente, supondría un 65% menos de gases de efecto invernadero con respecto a su tratamiento sin separar. Pero además, el compost aplicado en nuestros suelos contribuye a fijar las emisiones de carbono, con lo que de esta forma también contribuiríamos a frenar el calentamiento.

Combate la desertificación de nuestros suelos 

La actividad humana con la deforestación y destrucción de la cobertura vegetal en general, la agricultura intensiva, la urbanización descontrolada, la erosión, y las sequías son algunas de las causas de la desertificación de nuestras tierras. Alrededor del 40% de nuestros suelos padecen esta desolación. El compost obtenido a través del compostaje alimenta la tierra dotándola de la materia orgánica que han ido perdiendo debido al uso abusivo.

Sustituye a los fertilizantes químicos

La separación selectiva de los residuos orgánicos conduce a la obtención de un compost de calidad. Se trata de un abono natural muy eficaz que nos permitiría sustituir gran parte de los fertilizantes químicos tóxicos que contaminan nuestras tierras y aguas. Con el compost ahorramos dinero porque:¿qué abono es más barato que aquél que se obtiene de la basura y no recurre a otros recursos, plásticos por ejemplo, para producirse?

Como ves el compostaje es parte de la solución. Lo podemos hacer en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad de vecinos… Sin embargo, es necesario que también las administraciones apuesten por este tratamiento y la separación selectiva de la fracción orgánica de los residuos para beneficiarnos de las múltiples ventajas que supone el compostaje para el conjunto de la ciudadanía.

Mientras seguimos presionando a las administraciones para implantar el compostaje, no te cortes y haz tu propio compost. La revolución llega cuando las personas como tú y yo nos adelantamos. ¡Reduce, Reutiliza, Composta!

DIARIO VASCO

El Ejecutivo de Garitano se ha negado reiteradamente a llevar a las Juntas Generales sus planes de residuos para que sean votados (ha redactado dos, aunque el primero ha sido sustituido sin que se hayan dado explicaciones). Cabe recordar que el plan redactado en la pasada legislatura (Pigrug) fue aprobado en la Cámara foral y tiene rango de norma. Por tanto, sigue en vigor, puesto que no ha sido modificado ni sustituido en esa institución.

La Diputación de Bildu argumenta que su plan no tiene que ser debatido en el Parlamento territorial, dado que es una mera modificación no sustancial del Pigrug.

Los expertos aseguran que el plan presentado por Errazkin no tiene nada que ver con el aprobado en la pasada legislatura y que, en consecuencia, debe ser validado por las Juntas Generales. Indican que el Pigrug contemplaba una serie de infraestructuras interdependientes. La eliminación de la incineradora, entre otros cambios previstos en el plan de Bildu, invalida el documento aprobado en la legislatura anterior y, en consecuencia, habría que aprobar uno nuevo con el mismo rango, es decir, en las Juntas.

Además, al modificarse la tipología, la ubicación y los impactos ambientales de las principales infraestructuras habría que redactar un nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) que sustituyese al que daba soporte al Pigrug. Este PTS debería someterse al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA). En caso contrario, sin plan y sin ECIA, se estaría interviniendo ilegalmente en el territorio, lo que invalidaría cualquier actuación que se llevase a efecto.

A su vez, habría que redactar nuevos proyectos de las nuevas infraestructuras y someterlos a Evaluación de Impacto Ambiental en el marco del procedimiento de obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para cada nueva infraestructura. Es decir, como mínimo, para la nueva TMB y para el nuevo vertedero que la Diputación denomina de »inertes».

Los expertos señalan que para lograr la autorización ambiental de la TMB hay que indicar qué se va a hacer con los residuos resultantes. Señalan que la propuesta de un vertedero de »inertes», tal y como lo contempla la Diputación, nunca logrará el permiso indicado.

En resumen, el segundo plan de la Diputación enreda todavía más a Gipuzkoa en el laberinto de los residuos, con el agravante de que cada vez queda menos tiempo para solucionar el problema.

EL ECONOMISTA

Los fuertes recortes a las renovables pueden tener una segunda derivada de gran calado: la subida de más impuestos al ciudadano al limitar los ingresos que recibe actualmente el tratamiento y gestión de residuos. En concreto, los ayuntamientos tendrán que hacer nuevos ajustes y se verán obligados a subir la conocida tasa de las basuras si no se modifica el borrador con las nuevas primas para las tecnologías limpias.

Según explicó el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de RSU (Aeversu), Ángel Fernández Homar, diversos alcaldes y comunidades autónomas se están movilizando para que se retiren los recortes planteados para la gestión de residuos en las instalaciones incineradoras y coincineradoras.

Tal y como se conoció la semana pasada, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha enviado una misiva al ministro de Industria, José Manuel Soria, pero a esta protesta se han sumado también otras ciudades con una cantidad de residuos considerable, como la cosmopolita Barcelona.

La razón es que la gestión de residuos es un servicio público y esencial, que no se puede dejar de ofrecer porque deje de ser inviable económicamente. Y es que el mantenimiento económico-financiero de estas plantas viene por el canon que pagan los ciudadanos y por las subvenciones recibidas por la combustión de la basura a altas temperaturas para generar energía. «Todo lo que se deje de ingresar por la parte del sistema eléctrico se tendrá que repercutir al ciudadano», afirma Fernández Homar.

En todos los casos se trata de proyectos públicos, que han perdido un 40% de sus ingresos desde que el actual Gobierno comenzara los recortes para corregir el déficit de tarifa. Así, los peajes a la generación, la tasa del 7% y la nueva regulación ha hecho que estas instalaciones pasen de recibir 78 euros por megavatios a 47 euros.

Con el recorte de primas, el coste por gestionar la tonelada de residuos se incrementaría en unos 17 euros adicionales por tonelada. Por tanto, en algunos casos el canon para los ciudadanos puede llegar a subir un 50%.

Fuerte penalización a la biomasa

Junto con la gestión de residuos, otra energía fuertemente penalizada por los recortes es la biomasa. Prueba de ello es que el beneficio de Ence, el primer productor europeo de celulosa, se desplomó un 92% el pasado año, hasta 3,7 millones, una vez contabilizado el 50% del impacto de la reforma eléctrica en España.

Manuel García, presidente de Appa Biomasa, alertó de la crítica situación en la que se quedarán las zonas rurales que viven de las explotaciones forestales o de la gestión de residuos, que sirven de combustible a la biomasa. «El Gobierno ha creado un grave problema social», advirtió.

En concreto, la biomasa sufrirá un recorte del 39% en sus ingresos. Los nuevos estándares se limitan a separar esta tecnología por años y fija un coste medio que no tiene en cuenta la realidad, como que la biomasa tiene que utilizar combustible.