Roland Berger da un plazo de 10 días a las renovables para ofrecer sus datos
EL ECONOMISTA
Roland Berger y Boston son las consultoras encargadas de realizar un exhaustivo análisis de las plantas d renovables para fijar una retribución del 7,5 por ciento para toda la vida del proyecto, pero tan sólo es Roland Berger quien, de momento, está pidiendo datos al sector y les ha dado un plazo de diez días para entregar toda la información.
Las patronales de renovables entienden que la intención de estas consultoras es presentar diferentes estudios y acreditar la mayor independencia posible. Según fuentes del sector, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ya ha terminado sus análisis sobre todas las plantas de renovables y sus datos serán revisados por estas consultoras externas.
Las mismas fuentes apuntaron que las Roland Berger y Boston tendrán sus estudios finalizados para mediados de noviembre. Entonces,el Gobierno realizará una consulta pública sobre estos informes.
Las diferentes patronales de renovables se muestran abiertas a aportar toda la documentación necesaria, pero miran con recelo elmotivo por el que el Gobierno ha elegido a dos consultoras de prestigio internacional: para respaldar el recorte por un total de 1.500 millones e ir contra los productores de renovables ante un eventual arbitraje internacional.
Por ello, las patronales quieren canalizar toda la información que se aporta tanto al IDAE como a las consultoras. Por ello, han recomendado «precaución» a «aquellas empresas que por decisión propia decidan aportar datos suyos bien a consultoras, Ministerio u otras terceras partes».
Además, han avisado de la conveniencia de que hagan referencia exclusivamente al ámbito de su propia empresa.
Apalancamiento del 75% Por su parte, Anpier entregó la pasada semana al IDAE de forma pública 1.000 expedientes de pequeños productores fotovoltaicos. Los informes incluyen los datos personales del inversor, un particular en la mayor parte de los casos, así como el importe tanto de la inversión como de la financiación, el nombre de los bancos y los tipos de interés,entre otros aspectos.
Lo más frecuente es un apalancamiento con los bancos superior al 75 por ciento, con un tipo de interés de más del 5 por ciento y un coste de inversión superior a los 6 millones de euros por megavatio hora (MWh).
Asimismo, Anpier ha anunciado que si antes del 22 de octubre no se ha publicado el pliego de condiciones del contrato, esta asociación se presentará con un notario ante el IDAE para certificar el incumplimiento de la normativa de contratación pública y, acto seguido, lo denunciará ante los tribunales.
El problema reside en que a partir de los 60.000 euros de adjudicación se debería hacer una consulta pública y este contrato suma al menos los 600.000 euros más IVA.
Así se decidirá la nueva retribución
- Retribución del 7,5%. Industria asegura estarentabilidad para toda la vida del proyecto, lo que puede dejar a algunas instalaciones sin prima, sobre todo a la eólica.
- Información para el análisis. Se diferenciará por tecnologías, por coste (de inversión, operación,mantenimiento,etc.) y por año de puesta en operación.
- Conflicto de interés de las consultoras. Roland y Boston no pueden tener ninguna relación contractual con el sector, pero las renovables critican que ya han trabajado con anterioridad en algunas áreas.
El Gobierno Vasco y la industria buscan una respuesta conjunta a los sobrecostes generados por la reforma eléctrica
EVE
La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, se ha reunido esta tarde con los principales clústeres y representantes de los diferentes sectores industriales de Euskadi con el objetivo de poner en común las estrategias a seguir para paliar el efecto negativo que la nueva regulación eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros está teniendo en el grueso del sector industrial vasco.
Arantza Tapia, acompañada por el director de Energía y Minas, Javier Zarraonandia, y la directora general del Ente Vasco de la Energía, Pilar Urruticoechea, ha analizado la grave situación creada con la nueva normativa eléctrica. Para ello han mantenido una reunión junto a todas las organizaciones empresariales de Euskadi, los clústeres del papel, industria agroalimentaria y energía, así como con industrias productivas de consumo energético intensivo como son la siderurgia, automoción, bienes de equipo y cooperativas industriales que han expuesto la incidencia e impacto real que la reforma está teniendo en sus costes directos.
En el encuentro celebrado en la sede del Ente Vasco de la Energía, la consejera ha dado cuenta de la reunión celebrada recientemente con el Ministro de Industria y Turismo, Jose Manuel Soria a quien se hizo entrega de un estudio preliminar sobre el impacto de esta reforma en la empresa vasca. “En aquella reunión solicité al Ministro que valorara el elevado impacto y la pérdida de competitividad que estaba provocando para nuestra industria, a fin de que se tenga en consideración algunas propuestas que puedan minimizar ese daño, pero aún no hemos recibido respuesta al respecto”.
Apoyo Técnico y asesoramiento del EVE
El Gobierno vasco se ha comprometido a establecer un sistema de apoyo técnico y asesoramiento a las empresas, mediante la intermediación de los clústeres, para poder analizar caso a caso la peculiaridades de cada una de las facturas eléctricas y buscar soluciones técnicas para cada caso al objeto de reducir los costes de las facturas.
En este sentido, la consejera ha señalado que “el Ente Vasco de la Energía cuenta con un know-how y un equipo de profesionales que ponemos a disposición de la industria, siendo necesaria la colaboración de los clústeres para poder gestionar de manera ordenada este sistema de colaboración”.
A fin de recabar una información más exhaustiva de la afección de la reforma por sectores, el EVE ha elaborado un cuestionario para que sea cumplimentado por las empresas de manera coordinada con su correspondiente cluster. El objetivo es recabar una información cuantificable tanto por sectores como por empresas.
Respuesta de reivindicación conjunta del Gobierno vasco y la industria
Más allá del apoyo que se ofrecerá desde el EVE a las empresas, el Gobierno vasco ha planteado ya un conjunto de iniciativas, comunicadas al Ministerio de Industria, y que pasan por:
- Establecer medidas de amortiguación para los sectores más afectados por la reforma
- Análisis de modelos europeos con exenciones o bonificaciones al consumo energético en sectores considerados estratégicos (ejemplo de Francia y Alemania).
• flexibilizar los plazos de adaptación estableciendo períodos de transición para que las empresas puedas acomodar sus sistemas de producción a las exigencias del nuevo escenario.
- Posibilitar que las empresas ubicadas en el área geográfica asignada a la tarifa 6.1 (Euskadi) pueda acogerse a otra toma de tensión más económica.
- Dar seguridad retributiva a la cogeneración industrial
- establecer un sistema de interrumpibilidad más competitiva y abierta a toda la industria
La Consejera Arantza Tapia se ha comprometido a presentar ante el Ministerio un informe que recabe la información que presenten las empresas así como un conjunto de medidas a acordar con las empresas y adicionales a las ya planteadas por el Gobierno vasco.
La reforma eléctrica en Euskadi
El aumento de los costes energéticos en la industria vasca ha generado una situación de incertidumbre en el sector al modificar sustancialmente las condiciones de la factura energética de las empresas. La normativa fue aprobada el pasado mes de agosto por el Consejo de Ministros, y vigente desde el día 3 de agosto, supone un cambio estructural en el factor energía para el que las empresas apenas han tenido un tiempo de adaptación. Las empresas han visto alterado tanto su factura energética como las condiciones de acceso a la energía, lo que también puede provocar cambios en el sistema organizativo de los recursos humanos de las empresas. Todo ello puede lastrar la competitividad de la industria que ha visto alterado súbitamente las condiciones de sus costes fijos. En cualquier caso, la industria vasca tradicionalmente ha abonado un sobrecoste en la tarifa eléctrica que se le aplica, y que se ha visto maximizado con la nueva normativa.
APPA aplaude que la CE inste vía dictamen a España a cumplir la normativa europea sobre renovables
COMUNICADO DE APPA
APPA aplaude la decisión de la Comisión Europea de enviar a España un dictamen motivado por no haber completado el proceso de transposición de la directiva sobre energías renovables en la que se fija determinadas cuotas de consumo energético procedentes de fuentes renovables (2009/28/EC), una reclamación que la Asociación de Productores de Energías Renovables viene haciendo desde hace tiempo.
En concreto, el dictamen motivado, que la Comisión Europea también ha enviado a Italia, especifica que España no le ha informado de todas las medidas de transposición necesarias para incorporar plenamente la directiva a su legislación nacional. Además, advierte de que si no cumple con esta obligación jurídica en dos meses estudiará si llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, ya advirtió el pasado mes de abril de que España será uno de los países que incumpla en mayor medida sus propios objetivos de porcentaje de renovables en el año 2020, según un informe publicado por la Comisión Europea encargado a un consorcio liderado por la consultora Ecofys para analizar la situación de los Estados miembros en relación a la transposición de la citada directiva.
En función de los distintos escenarios previstos en este informe, España solamente lograría alcanzar entre un 12,6 y 17,1% de energías renovables en el 2020. Unas estimaciones inalcanzables a día de hoy para APPA dado que fueron realizadas antes de que el Gobierno aprobara el paquete de propuestas para la reforma eléctrica. En cualquier caso, esos porcentajes ya supondrían de por sí una clara infracción no sólo de su objetivo mínimo del 20% fijado en la Directiva de energías renovables (2009/28/CE) sino también del objetivo inicial previsto del 22,7% en el Plan de Acción en materia de energías renovables (PANER) y del 20,8% fijado por el Gobierno español en su propio Plan de Energías Renovables (PER) para el 2011- 2020.
Asimismo, la propia Comisión Europea llamó la atención en marzo, con motivo de la presentación del Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables, sobre el hecho de que si no se logran los objetivos renovables para 2020 se frenará la consecución de objetivos tan importantes en la política energética de la UE como la seguridad de abastecimiento y de energía sostenible. “Es más, un despliegue insuficiente de varias tecnologías de energías renovables impediría reducir convenientemente los costes de producción y, por ende, obstaculizaría la contribución de la energía renovable a la competitividad de la UE”, explicó en esa misma ocasión la Comisión.
Sobre APPA.– La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la asociación de referencia de las energías renovables en España. Agrupa a más de 500 empresas y entidades, que desarrollan todas las tecnologías limpias: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica.
El sector eléctrico analiza si demandar a Hacienda por el déficit de tarifa
EXPANSIÓN. EUROPA PRESS.
Las compañías eléctricas observan con atención la evolución del déficit de tarifa de 2013 y estudiarán acciones legales en caso de que se produzca un incumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda de las partidas que este año deben dedicarse al sistema, indicaron a Europa Press en fuentes de las compañías. Las compañías eléctricas observan con atención la evolución del déficit de tarifa de 2013 y estudiarán acciones legales en caso de que se produzca un incumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda de las partidas que este año deben dedicarse al sistema, indicaron a Europa Press en fuentes de las compañías.
El reciente anuncio del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que 2013 cerrará con un déficit de tarifa de entre 2.500 y 3.000 millones de euros ha puesto en guardia a las eléctricas, que se preguntan de dónde procederá este desfase, máxime cuando la orden de peajes de agosto incluía un leve superávit y cuando el proyecto de Ley del Sector Eléctrico (LSE) remitido al Congreso incluye un saldo positivo incluso mayor, de 332 millones.
Fuentes de las empresas temen que Hacienda pueda dejar sin efecto el crédito extraordinario de hasta 2.200 millones destinado a la tarifa eléctrica de 2013, o una parte sustancial de él. Esta partida, junto a las desviaciones que se puedan producir durante el año, explicaría en buena parte el nuevo agujero de la tarifa.
El crédito extraordinario forma parte de los 5.943 millones que este año se inyectarán en la tarifa desde las arcas públicas. De ellos, 2.693 millones corresponden a los impuestos eléctricos creados por el Gobierno para acabar con el déficit, 900 millones al 50% de los sobrecostes extrapeninsulares y 150 millones de las subastas de los derechos de emisión de CO2.
Presupuestos
El crédito extraordinario aparece recogido en una ley que está en trámite parlamentario. El Congreso ya le dio el visto bueno en junio y ahora se encuentra en el Senado. La partida se financia con deuda pública y con cargo al “vigente” Presupuesto General del Estado (PGE).
Hoy podrían despejarse algunas de las incógnitas acerca de la tarifa eléctrica y del nivel de compromiso de Hacienda, ya que se publicarán con detalle los PGE de 2014. Desde las eléctricas recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a que los costes e ingresos del sistema queden en equilibrio, lo que puede servir de base para presentar recursos.
El tribunal ya anuló el pacto de julio de 2010 entre el, por entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, para congelar la luz, y obligó además a refacturar durante 2012 los importes cobrados de menos en las revisiones de finales de 2011 y comienzos de 2012.
Bruselas expedienta a España por no comunicar medidas para cumplir la cuota de renovable
EUROPA PRESS
La Comisión Europea ha expedientado este jueves a España y a Italia por no haber comunicado las medidas que tiene previsto adoptar para cumplir el objetivo de cuota de energías renovables en 2020 (el 20%), pese a que el plazo para hacerlo vencía el 5 de diciembre de 2010.
«Italia y España no han informado a la Comisión de todas las necesarias medidas de transposición para incorporar plenamente la directiva de renovables a sus legislaciones nacionales», ha señalado el Ejecutivo comunitario.
Por ello, Bruselas ha enviado a los dos países sendos dictámenes motivados, segunda fase del procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses Madrid y Roma no han corregido la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva en cuestión fija los objetivos de renovables para cada Estado miembro y les obliga a adoptar medidas, por ejemplo, para mejorar el acceso a la red para la electricidad de fuentes renovables, así como los procedimientos administrativos y de planificación y de formación e información para instaladores.
La reforma eléctrica hace agua con un déficit ‘sorpresa’ de 3.000 millones
CINCO DÍAS
A nadie le salen las cuentas y los ministerios de Industria y Hacienda no parecen dispuestos a aclararlas. ¿Cómo es posible que en la orden de peajes de agosto, una revisión que se aplicó de forma extraordinaria en el marco de la reforma eléctrica, el departamento que dirige José Manuel Soria estimara un superávit de tarifa de casi 19 millones para este año y ahora asegure que se producirá un déficit de entre 2.500 y 3.000 millones?.
Una cifra digna de los peores años del déficit que ha sido confirmada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pero que no cuadra ni con las previsiones más pesimistas de ingresos por el derrumbe de la demanda (que también se traducirá en una menor recaudación de los nuevos impuestos energéticos a la producción), ni con el hecho de que parte de los frutos de la reforma eléctrica comiencen a apreciarse en enero.
En la peor de las hipótesis el déficit de caja de la tarifa (esto es, la diferencia entre los ingresos ordinarios procedentes de la factura de la luz y los costes reconocidos a las compañías) alcanzará este año los 6.000 millones de euros, según distintos cálculos. Casi la misma cantidad que el Estado aportará este ejercicio, según figura en la reforma aprobada el pasado mes de julio, integradapor una docena de normas, cuyo objetivo es cubrir dicho desfase y comenzar a resolver la lacra del déficit.
Concretamente, un crédito extraordinario de 2.200 millones que Hacienda dará a Industria este año y que figura en una ley cuyo trámite parlamentario está a punto de terminar; otra partida de 900 millones para los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares;2.647 millones de la recaudación de los nuevos impuestos energéticos y 150 millones de los ingresos del Estado por derechos de CO2 (estas dos partidas figuran corregidas a la baja en agosto).
La pugna entre Soria y Montoro por la tarifa se cerró en falso en
Según coinciden las empresas del sctor de todo tipo y tamaño, asociaciones, expertos y fuentes cercanas al regulador, el nuevo déficit de Soria solo se explicaría por la negativa de Hacienda a pagar todo el dinero comprometido, dado su estrecho margen para elaborar los Presupuestos de 2014. Concretamente, Hacienda habría rechazado librar buena parte del crédito extraordinario, ya que, según la ley que lo habilitará, el fisco aportaría “un máximo” 2.200 millones. Pero tampoco se descarta recortar la apostación a las extrapeninsulares.
En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro reconocen que “hay una serie de partidas que están en el aire” y que “la partida global se cierra el viernes”. Este sentido, añaden que “habrá negociaciones hasta el último momento”. En julio, la pugna entre Montoro y Soria por unos fondos públicos con los que equilibrar la tarifa, se resolvió con el compromiso de Hacienda de pagar solo la mitad de los costes extrapeninsulares, los citados 900 millones. A la vista de lo ocurrido se resolvió en falso.
Aunque los ingresos de la factura de la luz hayan caído más de lo previsto, ello no justificaría un agujero que pone en cuestión la reforma. Además, con la subida de los peajes de agosto en un 6%, el ministerio preveía recaudar otros 900 millones. Tampoco lo explicaría la menor recaudación por los impuestos energéticos, que a julio sumaba otros 900 millones, aunque solo se ha transferido a la tarifa algo mñas de 400 millones.
Según Industria, los recortes a las empresas para reducir los costes del sistema (2.700 millones) no se apreciarán en su totalidad hasta 2014. Sin embargo, aquellos ya se han aplicado a la distribución o el transporte y pese a que las primas de las renovables se mantienen y se han disparado en mil millones (desvío que ya incluyó la última orden de peajes) se cobran a cuenta del nuevo sistema de retribución que supondrá 1.500 millones (750 millones en el semestre), según las previsiones que Industria no ha restificado.
Cambio radical en el plan presentado a los inversores
Pese al cambio que supone cargar con un nuevo y abultado déficit de tarifa, tanto el ministro se Industria, José Manuel Soria, como el secretario de Estado, Alberto Nadal, siguen utilizando los mismos datos y previsiones para dar a conocer la reforma eléctrica del Gobierno. Esa que ambos han “vendido” a los inversores en algunas plazas financieras internacionales.
El pasado martes, Nadal presentó su reforma en la CEOE (“en su casa”, afirman fuentes del sector) donde volvió a utilizar la misma presentación de hace más de dos meses. El secretario de Estado defendió el mercado, a REE, criticó ligeramente a las grandes de Unesa y cargó contra las renovables. Para asombro de muchos de los presentes, Nadal dijo temer que algún día la Comisión Europea pueda denunciar a España por haber otorgado ayudas de Estado a la eólica (en referencia a las primas).
Pero la noticia del nuevo déficit de tarifa lanzada el fin de semana por Soria (coincidiendo con el fin de la elaboración de los Presupuestos) llega en un momento en que las renovables sufren la incertidumbre de no saber cuál será su retribución en el futuro.
Y otra mayor que afecta a todo el sistema: la de no saber si en 2014 se repetirá la lacra del déficit. Si este año se iba a cauterizar con aportaciones del Estado (que en parte no llegará), ¿qué ocurrirá en 2014 cuando todo indica que la demanda continuará cayendo y ni siquiera se prevé ayuda pública alguna?
¿Otra »ley de empleados del hogar» para legalizar la situación?
La situación que se va a generar de cumplirse las previsiones de déficit del ministro de Industria (sabedor de que su homólogo Cristóbal Montoro no cumplirá lo prometido para sufragar la deuda eléctrica) es de limbo legal. José Manuel Soria declaró ayer que esta deuda (entre 2.500 y 3.000 millones) será asumida por las operadoras sin que pueda ser colocarla en el mercado con el aval del Estado. Según recordó, la regulación del proceso de titulización venció el año pasado, por lo que si se sigue generando déficit, este no podría emitirse.
Lo que no dijo Soria es que tampoco hay un marco legal para imponer a las eléctricas la financiación de un desfase con el que no se contaba. Lo que la norma impone, si no se modifica, es que los costes reconocidos del sistema deben trasladarse a la tarifa.
Como resulta poco probable una subida de tarifas de 3.000 millones, todo hace pensar que el Gobierno aprobará un nuevo real decreto ley similar al relativo a los empleados del hogar del 31 de diciembre, con el que levantó los topes de déficit permitido en 2012 para evitar verse con las eléctricas en los tribunales.
Es de suponer que cuando Soria alude a “las empresas” hace referencia a las grandes eléctricas pues el mecanismo por el que los déficit se autorregularán en el futuro (el que se genere lo pagarán todas las compañías reguladas y a partir de un límite se subirán las tarifas de forma automática) está incluido en la nueva ley eléctrica que no entrará en vigor hasta el próximo año.
La Comisión para la Cooperación Ambiental lanza una herramienta para explicar la legislación y requisitos de los traslados de residuos
GESTORES DE RESIDUOS
La Comisión para la Cooperación Ambiental (Commission for Environmental Cooperation o CCE) ha puesto en marcha una herramienta multilingüe para la información sobre residuos peligrosos con la intención de proporcionar una «ventanilla única» para que las empresas de todo el mundo puedan entender mejor los requisitos y la documentación exigida en América del Norte para el traslado y tratamiento de este tipo de desechos.
La Comisión para la Cooperación Ambiental es una organización intergubernamental que da soporte a la cooperación en temas de medio ambiente para Canadá, México y los Estados Unidos. Según esta organización, cada año las industrias norteamericanas importan o exportan miles de toneladas de residuos peligrosos y de materiales reciclables que también son peligrosos y que han sido generados como resultado de los procesos productivos.
La organización ha explicado que si no se tratan adecuadamente, los residuos peligrosos pueden tener efectos nocivos y suponer una grave amenaza para la salud y el medio ambiente. Se dice que el tratamiento adecuado de este tipo de desechos es el instrumento clave para proteger la salud, además de ser también el elemento fundamental para cumplir con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de Norteamérica.
La Comisión para la Cooperación Ambiental ha creado esta herramienta, que lleva desarrollándose desde el 2011, con el objetivo de informar a los ciudadanos norteamericanos, a las empresas y a los socios internacionales de la legislación aplicable a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. De esta forma esperan que disminuyan las infracciones de la normativa cuando los residuos llegan a los puertos americanos.
La herramienta propone cursos y cuestionarios para explicar qué tipos de residuos se consideran peligrosos y qué normativa les aplica. Además, también explica las exigencias y los requisitos para la importación y exportación de mercancías de los tres países suscritos al Acuerdo de Libre Comercio (NAFTA o North American Free Trade Agreement): Canadá, México y Estados Unidos.
Durante lo que queda de 2013 y en 2014, la organización seguirá enfocada al comercio de residuos en América del Norte. Los tres países se centrarán en el comercio ilegal de materiales peligrosos para el medio ambiente, incluidos los residuos eléctricos y electrónicos.
Javier Ansorena Miner: «De la cocina a la catedral».
RESIDUOS PROFESIONAL
El título de esta colaboración refleja la ruta que han seguido los restos de comida depositados en el contenedor marrón por las familias vizcaínas que han separado minuciosamente los restos de alimentos en sus cocinas y que, tras un riguroso proceso de compostaje en la planta de Artigas, han sido transformados en un compost de calidad, que ha podido ser empleado como componente estructural básico en el nuevo terreno de juego de la “Catedral” de San Mamés.
Aunque, por aquello de la rivalidad entre vecinos, a muchos bilbaínos les cueste creerlo, este donostiarra sintió una sana envidia y especial satisfacción al contemplar el excelente comportamiento del césped en el partido inaugural del nuevo Estadio, celebrado el pasado 16 de septiembre. Y esta satisfacción se explica, en parte, por razones sentimentales. Al fin y al cabo, los 5 años de residencia en el Botxo durante mi época estudiantil estuvieron íntimamente ligados a la Catedral: hasta 1970, desde la ventana de mi habitación se podía disfrutar de los partidos de los “leones”. Pero sobre todo me ha agradado especialmente el comprobar cómo las cosas bien hechas conducen a resultados excelentes. Y este es el caso del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Bizkaia y de su sociedad pública Garbiker, cuya ejemplar actuación ha permitido transformar una fracción de la basura doméstica en un constituyente esencial del terreno de juego de San Mamés, según explico a continuación.
Atrás quedaron los tiempos en que las superficies deportivas de hierba natural se construían artesanalmente con tierra natural, cuyos elevados contenidos de arcilla, limo y otras partículas finas impedían el drenaje, lo que ocasionaba que estuvieran permanentemente embarrados en invierno, con la consiguiente pérdida de cubierta vegetal. Así, del viejo Atotxa de la capital donostiarra en la década de los 90 se pasó a proyectar y construir el terreno de juego del nuevo Estadio de Anoeta con un moderno sistema de drenaje, conocido como “nivel freático suspendido”. Este sistema constructivo incluía una capa superior de enraizamiento del césped constituida por arena silícea, lo que se tradujo en una mejora espectacular de la permeabilidad y de la calidad de la cubierta vegetal, que fue unánimemente reconocida por todos los agentes deportivos.
Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que, junto a estas excelentes prestaciones, las capas de enraizamiento de arena pura presentaban unas elevadas exigencias de mantenimiento, en términos de consumo de agua de riego y de fertilizantes. A esto se unía el hecho de que, en comparación con la tierra, la arena es un medio muy estéril, es decir, de baja actividad biológica. Lo cual conducía a la acumulación de una capa superficial de materia orgánica, conocida como fieltro o thach, constituida por los restos no descompuestos de recortes de siega, tallos y raíces de la hierba. Y este fieltro actúa como una esponja, reteniendo agua en la superficie, lo que es origen de múltiples problemas para el crecimiento de la hierba, tales como enraizamiento superficial, malas hierbas y enfermedades. Todo ello hace que resulte necesario eliminarlo mediante labores intensivas de pinchado hueco y recebos con arena, lo que incrementa sensiblemente las tareas y el coste de mantenimiento. Por este motivo, las capas de enraizamiento de arena pura han sido progresivamente sustituidas por mezclas de arena con tierra, turba y otros ingredientes que, sin reducir sensiblemente la permeabilidad, aumenten la retención de agua y nutrientes minerales aportados con el riego y el abonado para su absorción por las raíces de la hierba.
La selección de dichos materiales y de la mezcla óptima con arena se realiza en el laboratorio, atendiendo a una serie de requisitos en sus propiedades fisicoquímicas (densidad, porosidad, aireación, conductividad hidráulica, contenido en materia orgánica, etc.), establecidos en la Norma UNE 41.959-1 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de construcción para superficies deportivas de fútbol, rugby y golf”, que se determinan mediante la norma UNE 41.959-3 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de ensayo en laboratorio.
Pero en nuestro entorno no resulta fácil conseguir la tierra adecuada para las citadas mezclas, que ha de ser de textura arenosa, libre de semillas y contaminantes, etc.; tampoco la turba y otras enmiendas orgánicas tradicionales dan el resultado deseado, por lo que, cada vez con más frecuencia, se recurre al empleo de subproductos y residuos orgánicos compostados. En el caso del compost utilizado en jardinería deportiva, además de las citadas características físicas y químicas es esencial que posea unas adecuadas propiedades biológicas (madurez y estabilidad biológica, carga bacteriológica, etc.) que garanticen la no germinación de semillas de malas hierbas y la ausencia de gérmenes patógenos que pudieran ser origen de infecciones a través de las heridas de los jugadores. Por ello deben evitarse los estiércoles, los compost de lodos de depuradora y, en general, las enmiendas orgánicas de origen animal, que potencialmente son un vector de transmisión de infecciones. De hecho, hace unas décadas un destacado jugador vasco padeció las consecuencias de una infección producida por una lesión sobre el terreno de juego, que le obligó a retirarse de la actividad deportiva. Además, en cumplimiento de la estricta legislación europea sobre subproductos animales, el compost obtenido a partir de restos de alimentos de origen animal debe estar debidamente higienizado, lo que se consigue en el proceso de compostaje mediante una combinación de temperaturas y tiempos.
Por estas y otras razones, las instituciones de Bizkaia han optado en solitario (con la salvedad a nivel estatal de la Mancomunidad guipuzcoana de Txingudi) por limitar la recogida selectiva y compostaje de biorresiduos urbanos a la fracción no cocinada de origen vegetal conocida como VFG (correspondiente a las siglas en inglés de verduras, frutas y residuos de jardín), que es la adoptada por los países, regiones y ciudades (Holanda, Flandes, Viena, etc.) considerados como líderes en compostaje en la Unión Europea. Con ello han conseguido obtener un compost de calidad semejante al obtenido a partir de residuos verdes de jardín, tradicionalmente empleado como enmienda orgánica en jardinería, pero con un contenido en nutrientes minerales ligeramente superior, por lo que puede utilizarse sin mayores limitaciones como componente de la capa de enraizamiento. Y esto ha permitido cerrar el ciclo biológico, de manera que los restos de los alimentos que nos proporciona la naturaleza vuelvan a incorporarse a la tierra… del césped de la Catedral.
Lo que dicen los demás de la Ley del Sector Eléctrico que ha aprobado hoy el gobierno
REVE
La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía han vapuleado, en sendos informes, la reforma eléctrica que ha aprobado hoy el Ejecutivo. El gobierno de la Región de Murcia (tradicional feudo del Partido Popular) y el de Extremadura (el último en incorporarse al convoy Rajoy) han anunciado ya la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad. Los sindicatos, partidos políticos como Izquierda Unida, UPyD o Equo, todas las patronales sectoriales -APPA, AEE, UNEF…- y las cinco grandes organizaciones ecologistas de España la han criticado duramente en todos los foros.
La reforma del sector eléctrico, esa que persigue una «rentabilidad razonable» para las energías renovables (7,5%) pero nada dice de buscarle la rentabilidad razonable a la nuclear o a la hidráulica (entre 250 y 2.200%), rentabilidades pornográficas que han engordado hasta el paroxismo la deuda eléctrica nacional, hoy estimada en más de 26.000 millones de euros; la reforma del sector eléctrico, esa que introduce el inédito, inaudito, inverosímil peaje de respaldo, impuesto único en el mundo que el gobierno quiere imputar a los kilovatios que genero en mi azotea con mis placas solares y consumo en mi frigorífico (o sea, a la electricidad que me trajo a mí el sol, nunca entró en la red y solo circula por los cables de mi casa); la reforma mesiánica (O Nadal o la nada) que quiere acabar definitivamente con el déficit de tarifa (26.000 millones de euros acumulados en quince años), pero no ataja el verdadero problema de España, su dependencia energética de los combustibles fósiles (casi 50.000 millones de euros pagó España en productos energéticos en los doce meses de 2012); la reforma del sector eléctrico que han cocinado en secreto el secretario de estado de Energía, el economista Alberto Nadal, y el ministro de Turismo, el canario José Manuel Soria… la norma llamada a sustituir a la fallida Ley 54/1997 del sector eléctrico, esa que llegó con las alforjas llenas de costes de transición y dineros para las nucleares y nos deja con el agujero susodicho: 26 mil millones de euros… la «reforma monumento a la retroactividad» -terrorismo de BOEstado- ya está aquí. Recogemos a continuación algunas de las muchas reacciones que ha suscitado a lo largo de las últimas semanas. Empezamos por el veredicto de dos comisiones gubernamentales… órganos ambos de expertos -consejos consultivos- que el gobierno va a eliminar muy pronto, por cierto, en el marco de otra reforma gubernamental. (¿Será para que haya menos testigos incómodos de la deriva del Ejecutivo?).
«España sabe que tiene que cumplir los objetivos en energías renovables»
EL PAIS
El comisario de Energía europeo, Günther Oettinger, ha recordado hoy que España “sabe que tiene que cumplir los objetivos” acordados en cuanto al porcentaje de energías renovables para 2020 (el 20%). Así ha respondido a una pregunta sobre si le preocupa la reforma energética que está acometiendo el Gobierno español y si cree que está poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Oettinger ha recordado durante la rueda de prensa tras el consejo informal de ministros de Energía de la UE, celebrado en Vilna (Lituania), que España “hizo en 2009, 2010 y 2011 más de lo necesario en el área de las energías renovables” y que “instaló más capacidad de la realmente necesaria”. “Vigilaremos lo que España haga en los próximos años hasta que llegue a la meta”, ha añadido.
Oettinger ha reiterado la preocupación de la Comisión Europea por el recorte de las primas a las energías renovables. “Las ayudas a las infraestructuras son competencia de los Estados miembros. Una de nuestras preocupaciones es que los recortes a corto plazo puedan afectar a la capacidad ya instalada. Hemos alertado contra esos recortes”, ha asegurado. El comisario no ha comentado más sobre la reforma energética española, que “está actualmente discutiéndose en el Parlamento español y estaremos atentos a lo que ocurra”.
El encuentro informal de Vilna no tenía que llegar a ninguna decisión sobre los nuevos objetivos de política energética y medioambiental para 2030 (lo hará el consejo de ministros de diciembre en Bruselas), pero sí poner sobre la mesa las posiciones de los Estados miembros. Oettinger ha adelantado que los países parecen encaminados a aprobar objetivos flexibles, en función de los acuerdos que Europa pueda establecer con otras regiones del mundo como Estados Unidos, China e India. Si en algún momento se habló del 35% de cuota de renovables para 2030, la cifra parece ahora descartada. En el debate interno entre sostenibilidad y competitividad (rebajar a toda costa la factura energética de la industria europea), podría imponerse una especie de plan de emisiones a la carta.
Las metas medioambientales que tendrán que acordar los Estados miembros en diciembre deberán ser “realistas”, ha apuntado Oettinger, que sin embargo ha afirmado que en la reunión de hoy ha existido un “amplio consenso” en que los objetivos de clima deben ser “mantenidos y perseguidos”. Además de las metas para 2030, las delegaciones de los Estados miembros han discutido sobre el mercado energético único que debe establecerse en 2014. “Necesitamos mayor coordinación e implementar nuevas infraestructuras que permitan integrar las islas energéticas”, ha afirmado el ministro de Energía de Lituania, Jaroslav Neverovic. La delegación española, encabezada por el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, ha rechazado comentar con los periodistas españoles desplazados a Vilna sus impresiones sobre la reunión. El ministro, José Manuel Soria, estaba hoy en Madrid presentando al Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma energética que ahora inicia su tramitación parlamentaria.