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BIZKAIMEDIA

A lo largo del mes de agosto y durante tres semanas una veintena de camiones trasladarán 300 tóneladas  de compost desde la Planta de Compostaje ubicado en el Ecoparque de Monte Arraiz (junto a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico y la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi) hasta la nueva ubicación del campo de fútbol de San Mamés. Una vez allí, el compost será mezclado con arena creando la base donde descansará el tepe de césped natural de San Mamés.

El empleo del compost de Bizkaia tanto en jardinería así como en el nuevo campo de San Mamés, aunque curioso, es un ejemplo más de la estrategia global para la gestión de los residuos. La Diputación Foral de Bizkaia establece como meta para el año 2016, destinar al compostaje el 4% de los residuos primarios generados en Bizkaia.

Mientras tanto, los convenios con Ayuntamientos y Mancomunidades que permiten garantizar el objetivo de vertido crudo cero con anterioridad al 2016 se siguen extendiendo. La totalidad de los residuos urbanos de Bizkaia recibirá el tratamiento adecuado de acuerdo con la jerarquía de gestión de residuos; reutilización, reciclaje, valorización y eliminación segura evitando su vertido.

La primera planta de compostaje de Bizkaia inaugurada en marzo de 2011, es una infraestructura de 14.000 m2 y se ubica sobre un terreno recuperado, un antiguo vertedero controlado de residuos urbanos de unos 20 años de antigüedad, actualmente está sellada y estabilizada.

Proceso de cuatro meses

La semana pasada se certificaron las analíticas que confirman que las 300 tóneladas de compost cumplen la normativa y son aptos para el uso en parques y jardines y consecuentemente en instalaciones que precisen drenajes similares. El compost que servirá de sustento al césped de San Mamés es el resultado de un proceso de cuatro meses.

1. Los camiones que llegan a la planta son registrados para el control de datos correspondiente y depositan los residuos verdes y bioresiduos en sus lugares correspondientes dentro de la nave de recepción.
2. Con la ayuda de una pala el material es descomprimido y revisado.
3. En la misma nave de recepción, se retiran los impropios del material recibido.
4. La pala alimenta la trituradora móvil que tritura los residuos para que éstos alcancen el tamaño deseado. Los residuos se trituran de tal forma que la superficie de los materiales aumenta de forma considerable, facilitando así el proceso de compostaje.
5. A la salida de la trituradora hay un separador magnético que retiene los componentes magnéticos que pudiera haber en el material.
6. La relación para la mezcla necesaria para asegurar un procedimiento de maduración óptimo para los residuos a compostar es de un 75% de material estructurante (residuos verdes) y un 25% como máximo de bioresiduo (frutas, verduras, material orgánico sin cocinar…). Los bioresiduos se deben tratar el mismo día y la zona de recepción del material se limpia diariamente.
7. El material triturado y mezclado es depositado, con la ayuda de la pala, en la nave de proceso, en forma de pila. Cada semana se completa una pila con el porcentaje de mezcla adecuado.
8. Una vez formada la pila se le aporta agua para mantener el adecuado nivel de humedad. Las bacterias responsables de la descomposición y conversión requieren de suficiente agua y oxigeno.
9. El material triturado apilado en capas comienza a compostarse de inmediato y la temperatura de la pila aumenta. Los componentes orgánicos empiezan a descomponerse.

10.  Cada pila es volteada con una pala cada mes y hasta 3 veces durante el proceso de compostaje. Estos volteos permiten que el material no esté apelmazado y que se vuelva a mezclar generando así nuevas vías para la respiración.

11.  Además la humedad que se ha ido perdiendo durante el proceso se recuperará mediante la aportación de agua de forma controlada. Los parámetros de maduración que se siguen en el proceso son la temperatura y la humedad del producto.

12.  Después de un período de maduración de cuatro meses la pila estará bien madura y habrá ido «desplazándose» a lo largo de la superficie de tratamiento y se identificará por su color oscuro.

Tras el proceso de compostaje, mediante la pala estibadora el material ya apto para ser cribado, se criba y se almacena, ya preparado para sus diferentes usos.

ECONOTICIAS

El Observatorio de la Electricidad WWF de este julio ha destacado que la energía del carbón junto con la nuclear han producido casi la mitad de la electricidad mensual consumida, 46 %, situándose en niveles de 2005. Y, ha añadido que el aumento de la quema de este mineral ha causado un aumento de las emisiones totales de CO2 respecto a las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Por ello, la técnico de Energía de WWF España, Raquel García Monzón, ha rechazado   la reforma energética presentada por el ministerio de Industria, Energía y Turismo porque considera que «sigue apostando por los combustibles fósiles y penalizando a las energías renovables», y «no favorece» la transición hacia un nuevo modelo basado en el ahorro, la eficiencia y la generación renovable.

Además, García considera que el «erróneo» enfoque de la normativa propuesta, con una planificación energética «cortoplacista», llevará a España a un modelo «insostenible y contaminante», basado en la «importación de combustibles fósiles cada vez más caros» que aumentará nuestra dependencia energética del exterior.

WWF recuerda que «no se deben olvidar los objetivos a medio y largo plazo (horizonte 2030 y 2050), ni se puede ir en contra de los principios de las Directivas Europeas en materia energética y climática para alcanzar un modelo energético sostenible y limpio».

DEIA

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlado por Bildu, suspendió el pasado 12 de julio la ejecución de las obras de esta planta incineradora porque, según alegó, «el proyecto no cumplía la normativa medioambiental exigida por el Gobierno vasco».

Sin embargo, Ezeizabarrena ha desvelado, en una nota, que el Gobierno vasco «ratifica que la autorización ambiental integrada sigue siendo vigente y habilita la ejecución del proyecto», con lo que «Bildu ha vuelto a recibir otro varapalo contra su desaforada estrategia de atribuir irregularidades y endosar responsabilidades por decisiones propias al PNV».

«Una actitud -ha añadido- de huida hacia adelante que Bildu mantiene una y otra vez, no sólo con respecto al tema de la gestión de los residuos».

Ha señalado, en este sentido, que «ninguna de las comunicaciones o documentos aportados por GHK al Gobierno vasco contiene datos para la determinación de si las modificaciones sobre el proyecto son sustanciales o no, siendo su calificación un aspecto que compete exclusivamente al órgano ambiental y no al Consorcio».

Ezeizabarrena ha subrayado que, «si no se modifica la cantidad de residuos a tratar -y cualquier variación en este sentido siempre lo sería a la baja- la autorización ambiental otorgada tiene plena vigencia, como ratifica» el Gobierno vasco, que también ha advertido a GHK «de las consecuencias medioambientales que el abandono del proyecto puede tener en la parcela afectada por las obras en caso de abandono».

El juntero jeltzale ha destacado que Bildu es el «único responsable de la situación creada», al tiempo que le ha acusado de haber «metido a Gipuzkoa en un callejón sin salida» con la paralización de esta infraestructura, que «está costando ya 170 millones de euros» al territorio: «64 millones de indemnizaciones», «otros 60 de pérdida de ingresos por primas energéticas y 46 más de su gestión de pérdidas en GHK,según auditoría, en 2012».

BIZKAIMEDIA

La Diputación Foral de Bizkaia ha comenzado las obras de construcción de la Planta de Transferencia de Residuos Urbanos de Igorre. Se trata de unas instalaciones en las que se recogerán los residuos de la zona para prensarlos y transportarlos al destino final. El proyecto que desarrollará la Sociedad Pública Garbiker, supondrá una inversión de casi 2 millones de euros, 1.940.000 euros (+ IVA) y el plazo de ejecución será de cinco meses.

La Planta de Transferencia sustituirá al vertedero de Residuos Urbanos de Igorre (barrio Urkizu), que dejará de recibir residuos en diciembre de este año 2013. La nueva infraestructura se ubicará junto al vertedero que quedará clausurado, algo que facilitará la optimización de recursos existentes puesto que se podrán seguir utilizando la báscula y el edificio de control.

Entre los beneficios más destacables de este proyecto, además de la propia clausura del vertedero, destacan la mejora del servicio a los municipios de Arratiako Mankomunitatea (que generan del orden de 5.000 toneladas/año) y la reducción del costo del transporte. Es decir, los residuos urbanos recogidos en Arratia se compactarán en Igorre y se transportarán a su destino final suponiendo una ventaja económica y una disminución del tránsito de camiones.

También recibirá residuos voluminosos, de poda y jardinería y del 5º contenedor

La Planta de Transferencia de Igorre contará con una tolva de descarga con su compactador y 5 cajas de 40 m³ donde se introducirán los residuos compactados. Asimismo se dispondrá de 4 contenedores de 30 m³, 2 destinados a la recogida de residuos voluminosos y otros 2 para los residuos de poda y jardinería así como para los procedentes de la recogida selectiva del 5º contenedor.

La superficie total de la parcela es de 7475 m², ocupando el edificio de transferencia, las explanadas, viales y zonas verdes interiores un total de 3500 m².

Destaca el hecho de que en esta Planta de Transferencia también se recibirán residuos voluminosos (muebles, colchones), restos de poda y jardinería y del 5º contenedor, tal y como se realiza en la Planta de Gernika. En el resto de plantas gestionadas por Garbiker (Durango, Berriatua y Zalla) solo se aceptan residuos urbanos «en masa» (la fracción de los residuos domiciliarios que no se recoge selectivamente).

Seis plantas de transferencia en Bizkaia

Existen otras cinco plantas de transferencia: cuatro de ellas gestionadas por Garbiker, en Gernika, Durango, Zalla y Berriatua, y una quinta, situada en Getxo y gestionada por el Ayuntamiento de dicha localidad. 

ECONOTICIAS

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF rechazan la reforma energética presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y denuncian que no va a solucionar los problemas del sector eléctrico. El extenso paquete normativo, presentado en poco más de una semana, culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica. Mientras tanto, nada dice de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas. Este análisis erróneo llevará a España a seguir importando y quemando combustibles fósiles, en una senda insostenible tanto a nivel ambiental como económico y social, agravando la  contribución al cambio climático y destruyendo decenas de miles de empleos.

Las organizaciones ecologistas consideran que la reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro. Además, estas energías limpias fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático. Sin embargo, el Ministerio de Industria se empeña en negar tales hechos, y desaprovecha las fuentes autóctonas, limpias y renovables. Un claro ejemplo de hasta dónde llega la nueva reforma en su empeño por acabar con cualquier desarrollo futuro de las energías renovables es el Real Decreto sobre autoconsumo. Dicho decreto en lugar de fomentar el autoconsumo lo penaliza con una serie de barreras que imposibilitan que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia y más barata que la consumida desde la red. Incluso, el no registrarse como autoconsumidor en el Ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros. 

El paquete normativo está diseñado para frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio). De forma retroactiva, cambia normas para inversiones que ya se han producido. Esto llevará a España a reclamaciones nacionales e internacionales, con la probable consecuencia de un coste mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura pérdida de credibilidad del país, por lo que supone de total falta de seguridad jurídica.

Además, las organizaciones denuncian la absoluta falta de transparencia mostrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo. Consideran inaceptable disponer de solo diez días para alegar una normativa de esta naturaleza e importancia, especialmente cuando viene acompañada de un paquete de 7 reales decretos, 4 órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley, precedidas de un RD-Ley.

Se han reducido los plazos para alegar al mínimo legal posible y se ha evitado cualquier posibilidad de participación y discusión por parte de la sociedad civil. Mientras, a juzgar por lo visto en los medios de comunicación y el contenido de los textos normativos, se ha mantenido un diálogo continuo con las grandes empresas del sector eléctrico. Esta ausencia de transparencia conlleva una barrera antidemocrática que hará que la norma nazca falta de la mínima legitimidad necesaria.

Las energías renovables, lejos de ser la causa de los males del sector eléctrico, son la solución para lograr un sistema energético de futuro. Ellas permitirían a nuestro país ser más competitivo, crear empleos y cumplir objetivos de emisiones y ambientales. Así lo han interpretado países como Alemania y Dinamarca que han decidido abastecerse 100% con fuentes renovables a medio plazo. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado una hoja de ruta diametralmente opuesta que solo obedece a intereses económicos de las grandes compañías eléctricas y no al interés general.

EUROPA PRESS

El déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos vía peajes del sistema eléctrico son inferiores a los costes de la actividad regulada, se situó en 3.593,45 millones de euros en el primer semestre del año, un 8,3% superior al previsto y un 13% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según consta en el informe sobre la liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Este importe a cierre del pasado mes de junio supone un incremento de 969,45 millones de euros con respecto a los 2.624 millones de euros registrados hasta mayo.

La CNE recuerda que en esta liquidación no se ha percibido cantidad alguna de las previstas para disminuir el déficit del sistema eléctrico. En concreto, está previsto que este ejercicio el sistema eléctrico reciba casi 3.000 millones de euros de los nuevos impuestos eléctricos, 2.200 millones del crédito extraordinario con cargo a las cuentas públicas y 450 millones de las subastas de CO2, que la final quedarán en unos 150 millones de euros.

El regulador energético subraya que este aumento del déficit sobre lo previsto sería aún mayor de no haber transferido el fondo de titulización de la deuda eléctrica, el FADE, 709,18 millones de euros. Sin esta transferencia, el déficit sería todavía superior al previsto en un 29,7%.

Las primas al régimen especial, que incluyen a las renovables y cogeneración, ascendieron a 5.475,16 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 16% más de lo previsto para el ejercicio y un 16,7% por encima de los correspondiente al ejercicio anterior.

Asimismo, la energía declarada se situó un 1,9% por debajo de lo previsto en el primer semestre, disminuyendo del mismo modo los ingresos correspondientes a la misma un 5,7%.

Así, el importe a liquidar por el conjunto de los distribuidores es positivo (107,47 millones de euros), aunque la CNE señala que resulta insuficiente para cubrir los costes de las actividades reguladas, así como de aquellos otros costes que tienen la misma prelación en su cobro que dichas actividades.

REVE

De los 5.428, 149 millones del régimen especial, energías renovables y cogeneración, la energía solar fotovoltaica cobró 1.597,045 millones de euros, seguida de la eólica (1.489,237 millones), la cogeneración (1.122,836 millones), la termosolar (487,033 millones), el tratamiento de residuos (265,605 millones), la hidráulica (211 millones) y biomasa (206,715 millones).

Las energías renovables cobraron en el primer semestre del año 3.991,04 millones de euros en primas, un 16,89 % más que en el mismo periodo de 2012, según la información publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Las tecnologías del régimen especial, en el que además de las energías renovables está la cogeneración y los residuos, percibieron 5.428,149 millones de euros de primas en los seis primeros meses de 2013.

Así se desprende de la liquidación de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial correspondiente al mes de junio que publicó este martes la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En el mes de junio, el régimen especial recibió 994,09 millones de euros: 355 millones de euros la energía solar fotovoltaica, 184 millones la eólica, 175 millones la cogeneración y 167 millones la termosolar.

Según la CNE, se han liquidado 63.801 instalaciones, lo que supone un incremento de 58 instalaciones sobre las liquidadas el mes anterior. Esto supone liquidar en este mes el 99,23 % de las instalaciones de régimen especial y otras de régimen ordinario que perciben primas.

La liquidación provisional a cuenta del mes de junio de 2013 de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos, para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y otras de régimen ordinario que perciben primas, ascendió a 1.001,843 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente, de los que 994,090 millones de euros corresponden a la energía generada en el mes 06/2013 y 7,753 millones de euros a la reliquidación complementaria de meses anteriores.

En junio, el régimen especial aportó el 44% de la electricidad. Del total de la eléctricidad, el 18,7% correspondió a la eólica, frente al 10,5% de la cogeneración, el 4,5% de la energía solar fotovoltaica y el 3,2% registrado por separado por la termosolar y la hidráulica.

REVE

Las energías renovables cubrieron el 33,9% de la demanda eléctrica en julio: eólica el 12,7%, energía solar fotovoltaica el 4,6%,termosolar el 3,1%, hidráulica el 11,6% y biomasa el 1,9%. La demanda de energía eléctrica desciende un 3,2% en julio.

La producción eólica de julio ha ascendido a los 2.905 GWh, un 2,5% menos que en el mismo periodo del año pasado y el 12,7% del total.

La demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de julio, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, ha descendido un 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta ha sido de 21.652 GWh, valor similar al registrado en el mismo periodo del 2012.

En los siete primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,7% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica en este periodo ha sido de 144.622 GWh, un 3,2% menos que en el mismo periodo del 2012.

La producción de origen eólico del mes ha alcanzado los 2.905 GWh, un 2,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, y ha supuesto el 12,7% de la producción total.

En el mes de julio, la generación procedente de fuentes de energía renovable ha representado el 33,9% de la producción.

El 54,4% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

BOLETIN.COM

Un grupo de inversores alemanes formado por fondos de inversión y grandes fortunas estudia llevar al Gobierno de Mariano Rajoy ante un proceso de arbitraje internacional tras los últimos recortes en las energías renovables.

Así se lo ha confirmado a EL BOLETÍN Ramón Marés, del despacho Rödl & Partner, uno de los encargados en el asesoramiento de este grupo de “preocupados y enfadados” inversores alemanes que ya planea otro arbitraje contra España tras conocer los sucesivos recortes a la retribución de las plantas fotovoltaicas y termosolares, un sector en el que entraron durante los años previos a la crisis pagando los precios de la época.

En cualquier caso, todavía no hay nada decidido, pues los afectados se encuentran a la espera de la orden ministerial que durante el próximo otoño determinará cómo se calcula la remuneración prevista del 7,5% para las instalaciones renovables existentes. Según ha explicado Marés, en septiembre se despejarán las incógnitas, según comience a avanzar el litigio. 

La fórmula para denunciar sería invocar el Tratado de la Carta de la Energía, que prevé un mecanismo de arbitraje internacional. Un total de 16 grandes fondos ya presentaron en noviembre del año 2011 una reclamación por el recorte de las primas a fotovoltaica de entonces. Esta vía está diseñada para defender los intereses de los inversores extranjeros en un país, en este caso España.

Entre el 2008 y el 2009 se produjo una entrada masiva de inversión alemana, ya que la actividad fotovoltaica estaba muy madura en su país de origen. Al parecer, estos inversores pagaron unos precios muy altos acordes con unas expectativas de rentabilidad que ahora se recortan, según los afectados, que también señalan la existencia de un importante recorte anterior del 35% en el sector.

El problema para muchos propietarios de huertos solares, como estos inversores alemanes, es que el Gobierno va a realizar sus cálculos conforme a la inversión inicial, obviando la tremenda especulación que permitió a algunos promotores vender sus instalaciones a terceros a precios de oro.

Los partidarios del arbitraje, consideran, por un lado, que la vía de los tribunales nacionales presenta escasas posibilidades de éxito. Por otro, entienden que los procesos que ya se han iniciado ante instancias internacionales presentan buenas perspectivas.

De momento, ya hay dos procesos en marcha por los sucesivos recortes que han sufrido las tecnologías solares en los últimos tres años, también amparados en una supuesta violación de la Carta de la Energía. El primero es el que iniciaron en noviembre de 2011 seis grandes fondos de inversión contra el recorte del número de horas con derecho a prima para los huertos solares que decretó el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Este caso ya está en manos de la Corte Arbitral de Ginebra (Suiza).

REVE

Las empresas de energías renovables calculan que el impacto de la reforma energética en la energía solar fotovoltaica será de 550 millones de euros al año, de 450 millones en la eólica y de 150 millones en la termosolar. En total, 1.150 millones de euros.

Pese a la dificultad para determinar con detalle el impacto de las medidas sobre las energías renovables (eólica, energía solar fotovoltaica y termosolar), la agencia considera que “podrían tener un efecto significativamente adverso sobre la calidad crediticia del sector de rápido crecimiento de las renovables en el país”.

“Las cifras finales de cómo las inversiones específicas resultarán remuneradas no podrán conocerse hasta la publicación de todas las cargas regulatorias”, pero “somos de la opinión de que las medidas suponen una completa revisión del sistema que remunera a los productores de renovables”, indica.

S&P considera que el nuevo mecanismo de retribución, en el que las renovables cobrarán el precio de mercado y recibirán un pago complementario que garantice una rentabilidad del 7,5% con respecto al coste de inversión, ofrece “un mayor grado de discrecionalidad al Gobierno a la hora de determinar la remuneración”.

Por este motivo, la reforma “reduce la visibilidad y predictibilidad en el flujo de caja de los productores de renovables”, lo que ya es de por sí “negativo” para el perfil crediticio, especialmente en proyectos en los que S&P analiza la capacidad de cobertura de los servicios de la deuda.

El cambio sería además “retroactivo” en la medida en que afectará a los proyectos existentes en operación. “En un primer vistazo, nos parece que los proyectos y tecnologías más antiguos van a resultar más dañados, ya que muchos de ellos ya han alcanzado e incluso superado el nivel de ‘rentabilidad razonable’, por lo que podrían dejar de recibir apoyo financiero por parte del Gobierno”, señala.

S&P indica que, hasta que el Gobierno no detalle los costes estándar de los proyectos, no es posible realizar una valoración “clara”, si bien es consciente de que el sector fotovoltaico ya prevé un recorte de ingresos que puede alcanzar el 40%, o de que alguna central de cogeneración se puede ver forzada a parar.