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EUROPA PRESS

La biomasa, señala Probiomasa en un comunicado, «no ha sufrido burbujas ni es tendente a generarlas», dadas las características de su negocio. Pese a ello, no ha podido cumplir nunca sus objetivos de planificación energética por lo ajustado de sus márgenes y por la escasez de la retribución establecida.

El sector de la biomasa considera que, al ser la única renovable que precisa suministro de materia prima y que los costes de este suministro equivalen al 50% de sus costes, la nueva tasa del 6% sobre la generación eléctrica tendrá un efecto real del 12%.

Este impacto será «difícilmente asumible por un sector en el que la mayoría de las instalaciones son de mediano y pequeño tamaño», advierte la plataforma, para la que la viabilidad económica de las plantas se verá «complicada seriamente», hasta el punto de que podrían producirse cierres.

La biomasa, señala, es una de las energías renovables que mayores beneficios sociales y ambientales genera. Reduce sustancialmente residuos orgánicos, las emisiones que generan los mismos y contribuye en gran medida a reducir los incendios forestales.

Probiomasa reclama al Gobierno que elabore «urgentemente» un decreto específico para las biomasas que contemple las particularidades de este tipo de industrias y los «magníficos beneficios» que inducen.

EUROPA PRESS

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha confirmado que la Xunta iniciará «de forma inmediata» los pasos necesarios para proceder a la ampliación del complejo de Sogama en Cerceda, frente al plan inicial de ubicar una planta complementaria de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la provincia de Ourense.

En declaraciones a los medios tras firmar un convenio con Argimiro Marnotes, el alcalde de O Carballiño, precisamente una de las zonas que más de opuso a la ubicación de una incineradora en el municipio vecino de O Irixo, Agustín Hernández ha indicado que se procederá «de forma inmediata» a la reforma del Plan de Residuos Sólidos de Galicia para optar por la alternativa de ampliar el complejo de Sogama, con el objetivo de poder mantener los plazos similares de que entre en funcionamiento en el año 2017.

Después de que este mismo martes la Consellería de Economía e Industria confirmase que expedienta a la empresa Estela Eólica por incumplir el plan industrial con el que optó al concurso eólico, asociado a la construcción de una incineradora en la provincia de Ourense, Hernández ha indicado que la ampliación de Sogama permitirá «solucionar un problema que no admite más demora».

DEIA

BILBAO. Según ha informado la entidad foral en un comunicado, durante la celebración de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales, Madariaga ha destacado que con el cambio se busca «la participación de todos los representantes de las Juntas Generales de Bizkaia y la racionalización del gasto público».

El proyecto de norma foral ha recibido un total de ocho enmiendas de los grupos junteros (5 del PP y 3 de Bildu) para modificar algún aspecto de su articulado. Todas las enmiendas del Grupo Popular han sido aceptadas por unanimidad, mientras las de Bildu han sido rechazadas al no contar con ningún apoyo parlamentario.

Entre sus funciones, el Consejo pretende impulsar las políticas de desarrollo sostenible de Bizkaia y asesorar a los municipios sobre programas de financiación en esta materia. Según el Proyecto de Norma Foral, este organismo estará compuesto como máximo por doce miembros, la mitad designados por la propia Diputación y la otra mitad por las Juntas Generales, «garantizándose la representación de todos los grupos con al menos un representante», según recoge el dictamen final. Según este escrito, que tendrá que elevarse a un pleno para su aprobación definitiva, el personal adscrito actualmente al ISB pasará a depender de la Diputación Foral de Bizkaia.

VERTEDERO DE IGORRE

Por otro lado, Madariaga ha respondido a una petición del Grupo Popular sobre el desarrollo y el estado de ejecución del cierre del vertedero de Igorre y la situación actual del centro de transferencia de residuos.

En este sentido, ha anunciado que las obras del Centro de Transferencia de Igorre comenzarán en «marzo o abril de 2013» y terminarán seis meses después. «Las obras finalizarían hacia septiembre de 2013, cumpliendo nuestro compromiso de cerrar definitivamente el vertedero de Igorre a finales del próximo año«, ha dicho.

Por último, ha explicado también los pasos que se han ido dando en la mejora del abastecimiento y saneamiento del agua en Karrantza. Madariaga ha puesto fecha para el fin de las obras de la planta de tratamiento de aguas que la Diputación construye en estos momentos en el valle encartado. «Concluirán en junio de 2013 y su puesta en funcionamiento definitiva está prevista para finales de 2013”.

EL PAÍS.

El Gobierno aprobó este viernes una batería de siete nuevos impuestos para las empresas del sector energético con el fin de taponar el agujero de 24.000 millones de déficit generado en la última década por la diferencia entre los costes que se reconocen a las eléctricas y lo que el sistema ingresa vía tarifas. Con los nuevos impuestos, que incluyen uno general del 6% para todas las tecnologías y un impuesto especial al gas natural, el Ejecutivo espera recaudar 2.943 millones de euros. En esa cantidad se incluyen algunas cifras calculadas para tres ejercicios.

La “tormenta” fiscal aprobada en forma de proyecto de ley, según la definió una de las empresas afectadas, no es la anunciada reforma del sector que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos ocho meses. Ni siquiera se parece al plan de Industria conocido en verano que cargaba diferentes impuestos (hasta un 11% a la energía eólica y un 19% a la fotovoltaica) según la tecnología aplicada al negocio y que provocó un fuerte encontronazo entre el ministro de Industria. Se trata de un intento de apuntalar el sistema para evitar que el déficit siga creciendo y para cumplir con la ley que exige déficit cero en 2013.

Nadie duda de que de una u otra forma acabará por afectar a los usuarios

El detalle de los impuestos aprobados es como sigue: 6% de tipo fijo sobre la venta de energía para todo tipo de tecnologías que generará 571,7 millones de ingresos de las empresas tradicionales y 688 millones de las empresas de energías renovables; impuesto a la generación de residuos nucleares de 2.190 euros por kilo de residuo por el que se recaudarán 269 millones en tres años; canon del 22% a la energía hidroeléctrica (304 millones en tres años); impuesto especial al gas de 2,79 céntimos por metro cúbico (804 millones); céntimo verde al carbón (14,97 euros por tonelada) por el que se ingresarán 268 millones, y céntimo verde también para el fuel y el gasóleo que se utilicen para producir electricidad que generarán otros 38 millones para las arcas del Estado.

En la cuenta global del impacto económico en el sistema, Soria mencionó 450 millones por venta de derechos de emisión y 2.066 millones asumidos por el Tesoro por amortizaciones e intereses de la deuda.

Aunque la batería de medidas fiscales afecta a las empresas, nadie duda de que de una u otra forma acabará por afectar a los usuarios. Nadie salvo el ministro, aunque espantar las tentaciones entra en su sueldo. Quizá por ello, Soria descartó que esos nuevos impuestos acaben sobre las espaldas del eslabón más débil de la cadena, el consumidor. “No está en la visión del Gobierno que vaya a haber esa repercusión [sobre el consumidor] porque son medidas muy equitativas”, dijo.

El Gobierno las considera, además, indispensables porque, según aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin los nuevos impuestos, enjugar el déficit eléctrico supondría incrementos del recibo de la luz de hasta el 43%.

Precisamente sobre el recibo de la luz y la tarifa de último recurso (TUR) que afecta a 20 millones de usuarios, el titular de Industria hizo un anuncio añadido. En un futuro, el Gobierno reducirá a la mitad (de 10 kilovatios a cinco) el límite de potencia contratada a partir del cual el usuario tendrá que negociar su suministro en el mercado libre. La medida, cuando se apruebe, tendrá dos ventajas para el Ejecutivo: ganar el aplauso de las grandes compañías, que reclaman la medida desde hace tiempo, y evitar el desgaste trimestral que supone decidir qué hacer con la parte regulada del recibo.

Medidas que no gustan

De momento, los aplausos del sector tendrán que esperar. Las medidas tributarias aprobadas, aun siendo menos duras que las barajadas por Industria hace unos meses, no gustan. Todas las fuentes empresariales consultadas, tanto en empresas de renovables como en empresas tradicionales, coincidían en señalar que lo aprobado demuestra que el Gobierno no tiene ideas claras en materia energética. Y alguna de ellas avanzaba que, de una u otra forma, las nuevas cargas impositivas se dejarán notar tarde o temprano en el recibo.

A falta de un análisis más detallado de las medidas, fuentes de las compañías eléctricas agrupadas en la asociación patronal eléctrica Unesa cifraban en 1.600 millones de euros la repercusión de los nuevos tributos sobre sus cuentas.

Las más afectadas serán las dos de mayor tamaño: Endesa e Iberdrola, compañías que han mantenido un duro pulso en los últimos meses con Industria, traducido en la no solicitud de prórroga de actividad para la nuclear de Garoña, que ambas empresas gestionan a través de la compañía Nuclenor.

INFOPOWER. 

El grupo de ingeniería y tecnología SENER ha firmado un contrato con ENCE para el suministro de una planta de generación eléctrica con biomasa en Mérida (Badajoz). El contrato se ha firmado bajo la modalidad llave en mano, que incluye el diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de la planta, así como la operación y el mantenimiento durante los dos primeros años de operación.

La nueva instalación consiste en una central de generación eléctrica renovable, mediante biomasa cultivada, con una potencia nominal neta de 20 MW eléctricos, por lo que será una de las mayores plantas de energía renovable con biomasa de España.

La planta operará con biomasa procedente, principalmente, de cultivos energéticos, chopo y eucalipto. Se trata de una biomasa leñosa que requiere la instalación de una caldera de avanzado diseño que permitirá una combustión óptima de dicho cultivo energético.

SENER ha diseñado para este tipo de plantas un ciclo termodinámico de alta eficiencia, con recalentamiento y regenerativo. Por lo tanto, la caldera incluye recalentador, y la turbina, dos cuerpos – de alta y de baja presión- así como varias extracciones. La refrigeración se realiza mediante torres de refrigeración. El rendimiento de la planta ronda el 35%.

El suministro de esta planta presenta dos retos principales: por una parte, un plazo muy exigente para su puesta en servicio, ya que entrará en funcionamiento en el tercer trimestre del 2014; por otra, una disponibilidad muy alta, pues su producción anual rondará los 160 GWh.

Por su innovador diseño, que aúna alta eficiencia y alta disponibilidad, la central de biomasa de Mérida se convertirá en una referencia entre las plantas de generación eléctrica con biomasa.

EUROPA PRESS

Madariaga ha respondido, de esta manera, a una interpelación realizada por Bildu en el transcurso del Pleno de las Juntas Generales que se lleva a cabo este jueves en Gernika.

En concreto, el juntero de la formación soberanista Asier Vega ha recordado que la Comisión Europea «recomienda impulsar modos más sostenibles de gestión de residuos, dejando de lado políticas de incineración y vertido y optando por otros sistemas de recogida y tratamiento».

A su juicio, en las juntas vizcaínas «se ha tratado de ocultar» una problemática «global» para la ciudadanía, con discursos «simplistas» que han buscado «el enfrentamiento político». Tras recordar que en el Territorio «se ha hablado mucho sobre la gestión en Gipuzkoa», ha manifestado que «ahora toca hablar de lo nuestro, del Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia, y cómo lo revisamos y bajo qué objeto lo adecuamos a los nuevos aires que vienen desde Europa».

En este sentido, ha recordado una sesión plenaria celebrada en mayo en la Eurocámara, en la que el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión la «eliminación gradual» de la incineración de materiales que se puedan reciclar y compostar para el año 2020. «Esta iniciativa fue aprobada por amplia mayoría, con los votos de los europarlamentarios del PNV, PP, y el PSOE», ha señalado Vega.

Así, el juntero de Bildu ha señalado que, para el año 2020, en Bizkaia «vamos a tener que aumentar en proporción la preparación para la reutilización y el reciclado», lo que supondrá «una reducción considerable» de la cantidad de residuos que se podrán incinerar.

Por lo tanto, ha añadido, ahora «toca readecuarse» a «esta nueva realidad que viene desde Europa» y, en este sentido, ha señalado que «hay infraestructuras en Bizkaia que van en la dirección correcta pero otras que no». Vega ha identificado con éstas últimas la Planta de Zabalgarbi, una infraestructura «que no cumple las expectativas y que no va a ser rentable».

ECONOTICIAS

Sogama ha recordado que, según los datos publicados recientemente por Eurostat, los países «más desarrollados» de la Unión Europea apuestan «firmemente» por la «valorización energética» de los residuos no reciclables con el objetivo de «reducir las tasas de vertido».

Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha puesto de relieve que la valorización energética de los residuos no reciclables creció en Europa una media de dos puntos entre 2009 y 2010. Asimismo, también subió el reciclaje un punto y bajó el compostaje en tres puntos.

«Estos datos evidencian que la incineración con recuperación de energía avanza con paso firme en el entorno comunitario, especialmente en los países más avanzados y sensibilizados con la protección del medio ambiente», ha explicado la compañía, al tiempo que ha recordado que esta opción sube en Dinamarca del 48 al 54 por ciento y en Alemania del 34 al 38.

Con todo, Sogama señala que en España la situación «en nada se parece» a la de estos países, dado que «se mantienen las mismas tasas de incineración y reciclaje que en 2009, con un nueve y un 15 por ciento respectivamente, aunque se incrementa en seis puntos el vertido de residuos.

Por ello, ha elogiado el Plan Gallego de Gestión de Residuos Urbanos, definido para el periodo 2010-2020, cuya pretensión «es precisamente la de seguir el »modus operandi» de los países más desarrollados y aplicar, desde el máximo rigor, la legislación vigente».

Por ello, se ha marcado como objetivos básicos el reducir la producción de basuras en un 10 por ciento, triplicar los niveles de reciclaje y disminuir la utilización de vertederos. «Además, de acuerdo con los principios de suficiencia y proximidad, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras permitirá descongestionar la actual sobresaturación del complejo de Cerceda», ha sentenciado Sogama.

EFE

Hoffman visita estos días Euskadi invitado por el grupo Euskampus, que integran la UPV/EHU, la corporación Tecnalia Research & Inovation y el Donostia International Physics Center, y por el centro cultural Alhóndiga Bilbao, donde mañana pronunciará una conferencia.

En una entrevista concedida a EFE, el Premio Nobel, de 74 años, se ha referido a la polémica suscitada en Gipuzkoa por la gestión de las basuras y la posibilidad de construir una incineradora u optar por un sistema de recuperación de los residuos.

Hoffmann ha explicado que las dos propuestas, tanto el reciclaje como la incineración, «tienen consecuencias medioambientales» y ha insistido en que si alguna de las dos opciones no las tuviera «la decisión sería fácil».

Sin embargo, como no es así, considera que ambas «soluciones son necesarias» porque ninguna de ellas puede «resolver el problema» de las basuras por sí misma. 

EL MUNDO

El pasado ejercicio fue para Zabalgarbi el año de su consolidación definitiva. La empresa valorizó energéticamente 226.410 toneladas de basura- 35% de los residuos urbanos de Bizkaia-, y exportó a la red 682,6 millones de kWh. Aunque la valorización energética de residuos se mantuvo en la media de los ejercicios anteriores, sin embargo, la exportación eléctrica creció significativamente, ya que supuso el 10% de la energía producida en Euskadi y aproximadamente al equivalente de un 40% de la electricidad que consumen los hogares de Bizkaia, alrededor de unas 370.000 personas.

Al igual que en años anteriores, los residuos urbanos no reciclables que llegaron en masa a la planta Zabalgarbi procedieron de unas 700.000 personas y, también, de los rechazos de empresas de separación y reciclaje de residuos.

Garantías medioambientales: Vigilancia del entorno y de las personas

Un año más, en 2011, las emisiones de Zabalgarbi volvieron a cumplir holgadamente las normativas ambientales. El Gobierno Vasco es la Autoridad Ambiental que se encarga de vigilarlas, tanto a través de la conexión en tiempo real con los analizadores en continuo como por los muestreos que se realizan periódicamente en la chimenea. También, vigila y controla las inmisiones, a través de tres cabinas de control de la calidad del aire y con muestreos periódicos en suelo, vegetación y aguas.

Asimismo, el pasado año, se hicieron públicos los resultados de la primera fase del Estudio Epidemiológico que realiza desde 2005 un grupo de investigadores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad Medicina de la EHU-UPV para conocer la incidencia que la actividad de la planta tiene en el entorno y en las personas, tal y como se requería en la Licencia de Actividad. Este primer informe de conclusiones asegura que”Zabalgarbi no supondrá un riesgo ecológico ni cancerígeno ni contribuirá de forma significativa al aumento de la exposición contaminante en la zona, tanto para la población como para los ecosistema”.

Por otro lado, la planta de Zabalgarbi, tras el proceso de combustión de los residuos, generó un 18,31% de escorias, un 2,28% de chatarras que fueron enviadas para su reciclaje y 3,60% de cenizas que, tras ser inertizadas, fueron depositadas en un vertedero de inertizados. Es decir, la empresa aprovechó material y energéticamente un 78 % de la basura que entró en la planta. Esta cifra se verá incrementada en los próximos años hasta un 96%, una vez que la sociedad obtenga los permisos administrativos para la reutilización de las escorias.

Otro de  los aspectos a destacar en la gestión de la empresa vino de la seguridad y de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, en el pasado ejercicio, Mutualia reconoció a Zabalgarbi como una de las veintinueve empresas que no había tenido accidentes laborales en los últimos diez años. Ese año la empresa se hizo cargo de las labores de Operación y Mantenimiento de la planta. Pasó de tener una plantilla de doce personas a una de sesenta y siete.

En el aspecto económico, además del consumo de gas natural, los mayores gastos que realizó Zabalgarbi fueron en el mantenimiento de sus instalaciones. Durante la parada técnica habitual- cada mes de marzo-, entre otras labores, realizó una revisión completa del foso y del horno-caldera. La facturación de la empresa ascendió a 68 millones de euros, el Ebitda superó los diecinueve millones de euros y el beneficio, después de impuestos, rondará los tres millones de euros.

Los objetivos para el actual ejercicio, según nos comenta su Director General, José Ignacio Zudaire, son los de exportar  692 GWh de electricidad, valorizar energéticamente 227.203 t. de residuos urbanos y reducir el valor de 1,925 en el ratio de consumo específico de gas neto (eficiencia energética). La empresa, añade su Director General, va a continuar realizando innovaciones en su proceso industrial al incorporar, año tras año, las mejores tecnologías posibles (BREF-WI). Recientemente, ha instalado un control de la combustión por rayos infrarrojos. La utilización de esta tecnología supone, según José Ignacio Zudaire, una mejor combustión en el horno y la reducción aún más las emisiones, al tiempo que una mejora en los rendimientos termoeléctricos y en la eficiencia energética. 

NOTICIAS DE GIPUZKOA

Los eurodiputados reclamaron ayer que la Comisión Europea presente propuestas antes de 2014 para prohibir de forma gradual de aquí a 2020 los vertederos de residuos en la UE y la práctica de incinerar materiales reciclables para contribuir a un uso eficiente de los recursos naturales y proteger el medio ambiente, en un informe aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo con 479 votos a favor, 66 en contra y 63 abstenciones. En este sentido, recordaron que más del «20% de los alimentos se tiran a la basura», por lo que pidieron a los Estados miembros que «adopten medidas concretas para reducir considerablemente los desperdicios».

También defendieron que tanto la Unión Europea como los Estados miembros eliminen las subvenciones para prácticas que perjudiquen al medio ambiente antes de 2020 y que el sector público refuerce, en cambio, los requisitos para la «contratación ecológica». Además, pidieron que el Ejecutivo comunitario estudie en este caso si estos requisitos se pueden vincular a proyectos financiados con fondos comunitarios.

Los eurodiputados instaron a los Estados miembros a promover la fiscalidad medioambiental para contribuir a aumentar la competitividad y promover el desarrollo tecnológico ecológico, y sugirieron que se garanticen incentivos como tipos de IVA reducidos para materiales secundarios.

Asimismo, solicitaron que la Comisión extienda las actuales normas comunitarias sobre diseño ecológico a los productos no relacionados con la energía y exija mejoras en la durabilidad y reciclaje de los productos, así como en reparación y reutilización, dado que un mejor diseño de los productos beneficia tanto a la industria como a los consumidores. También reclamaron que el etiquetado de los productos proporcione a los consumidores información sobre el uso de recursos utilizado y su impacto medioambiental.

Por último, pidieron la creación de grupos especiales conjuntos al Ejecutivo comunitario para desarrollar planes de acción específicos con los que mejorar el uso de los recursos en los sectores alimentario, de bebidas, vivienda y movilidad.

Respecto a este informe, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, celebró que el documento abogue por «implantar gradualmente una prohibición de los vertederos de residuos» y «eliminar progresivamente hasta finales de esta década la incineración de residuos reciclables y compostables reservando esta técnica para el tratamiento de lo no reutilizable».

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Carlos Aldun-tzin, también se refirió al informe, para afirmar que las incineradoras «no las quieren ni en el Parlamento Europeo». A su juicio, es absurdo que mientras Europa pida «la prohibición de la incineración», el PNV, el PSE y el PP pidan la construcción de una planta de estas características en Gipuzkoa».