Soria ejecuta un recorte de 2.700 millones de euros a las eléctricas

13 julio, 2013 adclick Sin categoría

 

CINCO DÍAS

El Consejo de Ministros aprobó el viernes la polémica reforma eléctrica con la que el Gobierno pretende poner fin al déficit de tarifa, que supera ya los 26.000 millones de euros. Se trata de una docena de normas que incluye un real decreto ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico; un complejo proyecto de ley para reformar la Ley Eléctrica de 1998 aprobada también por el Gobierno del PP; ocho reales decretos y dos órdenes ministeriales. El primero entrará en vigor el lunes, tras su publicación en el sábado en el BOE.

Según declaró en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de la “reforma definitiva” para solucionar el agujero del déficit de sin que el coste recaiga solo sobre los consumidores. Por su parte, el titular de Industria, José Manuel Soria, señaló “cuando el interés general no coincide con el interés legítimo de las empresas, prima el interés general”.

Según palabras de Soria, la polémica reforma, que supone un fuerte recorte de los ingresos de las actividades reguladas (distribución y transporte) y la desaparición del actual sistema de primas del régimen especial, “no se ha casado con nadie”. Efectivamente, a la vista de la virulenta reacción de todas las empresas del sector, excepto REE, más bien se ha divorciado de todos.

Además de los recortes al sector (2.700 millones que se reparten casi a partes iguales entre las grandes eléctricas y las renovables), la reforma incluye una subida de los peajes de acceso del 6,6% en agosto, lo que, según cálculos de Industria, se traducirá en una subida media de la factura de la luz del 3,2% en dicho mes y unos ingresos para el sistema de 900 millones.

Este alza de agosto es posible legalmente porque es el propio RDL el que establece que se aprobará en una orden ministerial que se enviará a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su informe, que estaría listo en agosto.

Con estas cantidades y la aportación de Hacienda de otros 900 millones (la mitad de los incentivos de los sistemas extrapeninsulares que se consolidará a partir de ahora), se pretende cubrir los 4.500 millones de déficit que aún se ha generado este año. La reforma será totalmente efectiva a partir de 2014 y hasta entonces se establece un periodo transitorio en el que no se descarta algún desfase. Este lo pagarían las eléctricas en 15 años, pero sin que puedan titulizarlo con el aval del Estado, como ha ocurrido hasta ahora con el déficit tarifario.

Los recortes, según el Gobierno, respetan una rentabilidad “razonable” a la que la ley obliga. Para Industria, dicho umbral está en un 7,5%, que resulta de aplicar las actuales obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, y para la distribución y el transporte, el 4,5% más 200 puntos básicos (en lo que queda de este año, recibirán 100 puntos básicos). Las eléctricas han denunciado que el recorte a la distribución es del 20%. Porcentaje que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, calificó de exagerado en una rueda de prensa que ofreció también el viernes por la tarde. “habrán contabilizado recortes anteriores”. Fuentes del sector aseguran que el recorte en los ingresos de las redes será del 7%.

El Gobierno crea un mecanismo de control del déficit similar a las reglas de estabilidad presupuestaria

En el caso del régimen especial, desaparece el actual sistema de primas, que se sustituye por una compensación que recibirán cuando el precio que reciban en el mercado no garantice dicha rentabilidad. Pero no será un incentivo a la producción como hasta ahora, sino a la inversión, siempre que se mantengan una mínima producción.

Se puede dar la circunstancia, y así lo reconoció Nadal que si la rentabilidad obtenida hasta ahora es superior al citado 7,5%, no reciban ya incentivo alguno o este se reduzca significativamente. “Si ha habido rentabilidades muy superiores, es porque estarían mal calculadas”, aseguró Nadal. El complemento para cada tecnología se establecerá en función de costes estándares que se determinarán para cada una, por lo que reciban a partir de ahora hasta que se establezcan dichos estándares será a cuenta.

Nadal calificó de “importante el esfuerzo realizado por Hacienda”, tras el conflicto con Industria para que los Presupuestos asumiesen costes de la tarifa, y consideró que el consumidor “debe pagar lo necesario”. Mientras un consumidor medio pagaba 360 euros en 2003, su factura en 2011 se disparó a los 588 euros. Y para evitar que se vuelvan a producir desviaciones, la reforma incluye un mecanismo para controlar los costes del sistema similar a las reglas de estabilidad presupuestarias. Si los costes superan un nivel (el 2% del total de los costes en un año y cuando se acumulen hasta 2.000 millones, se producirá una subida automática de los peajes). En todo caso, el exceso lo pagará el sistema.