Albisteak

 

EL ECONOMISTA

RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux, fondos del vehículo de inversión en infraestructuras de Deutsche Bank, por una parte, y Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar, por otra, presentaron el pasado 22 de noviembre sendas demandas de arbitraje contra España.

Las solicitudes ante este organismo dependiente del Banco Mundial -el mismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF- se suman a otras demandas como la presentada en 2011 por inversores fotovoltaicos que invocaron la denominada Carta de la Energía, cuya finalidad es proteger las inversiones en otros países.

Además, compañías como Acciona o Abengoa han tomado acciones legales contra distintos puntos de la reforma emprendida por el ministerio español de Industria.

El asesor legal de los arbitrajes ante el CIADI y la Carta de la Energía es Allen & Overy, un bufete especializado con central en Londres cuyos servicios han contratado fondos e inversores internacionales con intereses de más de 13.000 millones de euroa en energías renovables en España.

Las inversiones en energía renovable españolas ya sufrieron recortes durante el último mandato del anterior gobierno socialista, se han resentido también con medidas adoptadas por el actual Gobierno como la tasa lineal a la generación eléctrica y la desvinculación de la inflación a la hora de fijar su remuneración.

Actualmente, el sector de renovables vive pendiente del informe que están elaborando dos consultoras independientes, Boston Consulting y Roland Berger, y que concretará el vago concepto de rentabilidad razonable fijando los ingresos que recibirán las inversiones verdes. Según fuentes del sector, cuando se conozcan los detalles del informe la litigiosidad contra el Gobierno podría intensificarse.

 

DEIA

El Ayuntamiento de Bilbao negocia con la Diputación de Bizkaia la cesión del vertedero de Artigas a cambio de una rebaja en el precio por tonelada de gestión de los residuos de la capital. En estos momentos, el precio público estipulado es de 81 euros por tonelada para todos los municipios. A fecha de hoy, no hay ningún acuerdo cerrado, pero la previsión es que se alcance una fórmula satisfactoria para ambas partes antes de fin de año.

El concejal de Obras y Servicios, José Luis Sabas, compareció ayer a petición de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao para dar información sobre la gestión de residuos de la capital que a partir de enero pasará a la Diputación foral de Bizkaia. Las explicaciones de Sabas no fueron satisfactorias para la concejala de Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, que señaló que “la actitud de Sabas es una tomadura de pelo en toda regla y una falta de respeto a la labor política de la oposición”. Ibaibarriaga criticó que “no ha respondido a ninguna de las cuestiones concretas que se le han preguntado, objetivos de la política de residuos municipal ni tampoco sobre el convenio que próximamente se va a firmar con la Diputación, ni sobre los fallos de Zabalgarbi”.

Por su parte, Fran Víñez, director del Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, explicó a este periódico que “en estos momentos estamos negociando con la Diputación de Bizkaia la cesión del vertedero de Artigas a cambio de una rebaja en la gestión de los residuos”. Víñez no pudo precisar cuánto pagaría Bilbao por tonelada de residuo una vez se alcance un acuerdo con la institución foral, aunque sí adelantó que en todo caso estaría por debajo del precio público establecido, que en estos momentos es de 81 euros por tonelada.

Este acuerdo beneficiaría también a la Diputación, que en estos momentos únicamente cuenta con dos vertederos: el de Jata e Igorre, y precisamente este último cerrará este mismo mes, con lo que podría incorporar el vertedero Artigas a su red.

Víñez explicó que el hecho de que el Ayuntamiento de Bilbao lleve los residuos a la planta de tratamiento mecánico-biológico responde a la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca, que ya establecía desde 2006 que deben ser las diputaciones las encargadas de tratar los residuos urbanos. Hasta ahora no existía una infraestructura, motivo por el que Ayuntamiento de Bilbao ha continuado tratando los residuos en el vertedero de Artigas, pero una vez construida la planta de TMB es competencia de la Diputación la gestión de los residuos.

Respecto a los fallos de Zabalgarbi, Viñez dijo que este asunto no correspondía al Ayuntamiento, sino a la Diputación de Bizkaia.

La concejala de Bildu recordó además en la comparecencia los datos ofrecidos el pasado febrero por los propios responsables de la TMB “en la que afirmaban que solo se reciclará un 7,22% de los residuos recogidos. Con estos datos la tasa de reciclaje de Bilbao -un 24,82% en 2012- apenas alcanzará un 32%”. Para Ibaibarriaga, es lamentable que “a día de hoy no exista compromiso alguno por parte del Ayuntamiento por alcanzar tasas de reciclaje del 60%. Ciudades cercanas, como Donostia, están haciendo esfuerzos y tienen un plan para alcanzar niveles de reciclaje cercanos al 60% para 2016”.

 

GESTORES DE RESIDUOS

SEFA Group Inc. construirá una instalación de 29,5 millones de euros para reciclar cenizas volantes de alto carbono en Georgetown, Carolina del Sur.

La SEFA (anteriormente llamado Southeastern Fly Ash Co.) basado en SC Lexington, dijo en un comunicado de prensa que la instalación utilizará todas las cenizas volantes producidas en la Estación Generadora de Santee Cooper Winyah, utilizando una nueva tecnología de reciclaje.

La instalación prevé reciclar previamente cenizas volantes en lagunas de cenizas ubicados en la Estación Winyah. Las cenizas volantes de carbón de otras estaciones como la de generación eléctrica Santee Cooper también serán transportadadas a la Estación Winyah para su procesamiento.

La nueva instalación se puede reciclar hasta 400.000 toneladas de cenizas volantes al año. SEFA utilizará las cenizas volantes de la estación Winyah como ingrediente principal para el Staged Turbulent Air Reactor (STAR) proceso para producir un producto mineral puro, libre de contaminantes orgánicos.

El producto obtenido de la planta de reciclaje será un material para el cemento suplementario que está registrado como marca STAR RP.

 

EL PAIS

El Gobierno dijo que el déficit de tarifa eléctrica debía cubrirse mediante un esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas y los consumidores. Pero cuando ha llegado el momento de la verdad, el Estado ha decidido no poner su parte, con lo que la reforma eléctrica naufraga antes de entrar en vigor. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó este viernes varias enmiendas que retiran los 3.600 millones que corrían de parte del Estado, justo en el día que se cumplía el plazo para presentar enmiendas.

Las eléctricas ya venían temiéndose desde hace semanas lo que ellas calificaban de “engaño” del ministro de Industria, José Manuel Soria. Creían que tras los duros recortes a la retribución de sus actividades y la fuerte subida del recibo de la luz, era posible que el Gobierno decidiera no poner lo comprometido por su parte. Se quejaban además del nulo diálogo e interlocución que habían tenido con el Ministerio en una reforma comandada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y que en opinión de las empresas había mostrado un profundo desconocimiento del sector y una casi absoluta falta de comunicación.

Hacienda nunca había visto con buenos ojos la decisión de cargar a las cuentas públicas una parte del coste de la reforma eléctrica en un año en que veían dificultades para cumplir con los objetivos de déficit público. La supresión de su aportación presupuestaria es la prueba del nueve de que el objetivo de déficit está en riesgo. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llegado a bromear sobre la importancia de desviarse unas décimas, con esta retirada se ahorra más de tres décimas de desviación del déficit público.

Pero lo que no va a déficit público irá a déficit de tarifa, es decir, la parte de los costes del sistema eléctrico que no se cubren con lo que pagan los consumidores en su factura. Con ello, fracasa de antemano el gran objetivo de partida de la reforma, que era precisamente acabar con ese déficit desbocado que financian las eléctricas y acaban pagando los consumidores en el recido de la luz.

La enmienda suprime básicamente tres partidas. La primera es la aportción de 2.200 millones que iba destinada precisamente a cubrir parte de ese desfase. La segunda son los 900 millones correpondientes a la mitad del sobrecoste de la luz en los territorios extrapeninsulares. La tercera eran unos 500 millones de euros que se recogían a través de variaciones en el impuesto sobre hidrocarburos y que recaudan las comunidades autónomas.

El ministro Soria ya se había mostrado titubeante y contradictorio a la hora de decir si iba a haber o no déficit de tarifa, quizá consciente de que la aportación estatal no estaba asegurada. Fuentes del sector calculaban que sin esa aportación el déficit de tarifa podría dispararse este año otra vez hasta superar los 4.000 millones de euros. Una de las enmiendas presentadas señala que “para el año 2013 se reconoce la existencia de un déficit de ingresos de liquidaciones del sistema eléctrico por importe máximo de 3.600 millones de euros, sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse”

El déficit generará derechos de cobro a percibir en 15 años mediate recargos en la factura desde el 1 de enero de 2014. El Gobierno podrá permitir titulizar ese déficit para lograr financiación en el mercado.

La enmienda por la que se suspende la aportación del Estado para el sobrecoste extrapeninsular se justifica en que “impactaría en el déficit público”.

El hecho de que la aportación del Estado no figurase en las liquidaciones del sistema eléctrico hechas por el regulador tenía procupadas a las empresas, que ahora ven confirmarse sus peores temores. La reforma eléctrica prevé, además, un sistema para cubrir el déficit de tarifa con subidas automáticas de la luz, con lo que lo previsible es que en el futuro el recibo se vaya encareciendo notablemente.

 

EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción pactada entre PP y PNV con la que piden al Gobierno que tenga en cuenta el impacto que las reformas energéticas está teniendo en la competitividad de la industria, y con la que se reclaman peajes específicos en las tarifas de acceso a tensiones superiores o iguales a los 30kW.

El texto se deriva de la moción que los nacionalistas vascos propusieron a la Cámara tras interpelar al ministro de Industria, José Manuel Soria, en relación con el paquete de cambios normativos que persiguen acabar con el déficit tarifario pero que, según el PNV, están suponiendo un lastre para el sector industrial.

Tras el debate este miércoles de la iniciativa, los jeltzales consiguieron finalmente acordar un texto común con el PP en el que se insta al Gobierno a que aproveche la reforma eléctrica que actualmente está tramitando el Senado para adoptar ciertas medidas.

Que la industria aporte más al PIB

En concreto, se plantea la necesidad de facilitar un reducción de los costes energéticos de la industria española con peajes específicos para ciertos tipos de tensión eléctrica, de tal manera que se ayude a recuperar niveles “aceptables” de competitividad industrial para que este sector gane peso en el PIB. Además, se recoge una petición expresa de “respeto escrupuloso” a las competencias autonómicas en dicha normativa.

Así, el texto final ha conseguido el respaldo de PP y PNV, además de los votos de UPyD, CiU, BNG, CC-NC, UPN y FAC, mientras que el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur y Compromís-Equo se han abstenido.

 

GESTORES DE RESIDUOS

Un grupo de investigadores en la revista ”Nature” afirman que la basura de las ciudades es el contaminante ambiental más rápido en producirse. Los residuos sólidos urbanos (RSU), la basura generada como consumidores en las ciudades, son un problema del que no suele hablarse, salvo cuando ocurren acontecimientos como la reciente huelga en Madrid. Según un artículo publicado en la revista científica ”Nature”, lejos de reducirse, las basuras aumentarán en los próximos años.

Sus autores, un equipo de investigadores encabezado por Daniel Hoornweg, de la Universidad de Ontario (Canadá), estiman que la producción de RSU será el doble en 2025 y que excederá hacia 2100 unos 11 millones de toneladas al día, más del triple que la tasa actual.

“La basura es el contaminante ambiental más rápido en generarse, incluidos los gases de efecto invernadero”, afirman los investigadores, que recuerdan que la gestión de los RSU es uno de los mayores costes que afrontan los presupuestos municipales.

Los 3.000 millones de ciudadanos actuales del mundo generan 1.300 millones de toneladas anuales de basura. Los científicos destacan la relación entre desarrollo urbano y aceleración de la producción de basura. Un residente urbano puede generar hasta cuatro veces más basura que un habitante rural. En 1900, el mundo tenía 220 millones de personas en ciudades, que producían menos de 300.000 toneladas de basura diaria. En 2000, los 2.900 millones de residentes urbanos generaban más de tres millones de toneladas. Hacia 2025, esta última cifra se duplicará, una cantidad suficiente “para hacer una fila india de camiones de basura de 5.000 kilómetros de largo cada día”. Esta caravana de residuos podría salir de Madrid, atravesar toda Europa, pasar por Moscú y llegar a Helsinki.

La generación de basura urbana, subraya Hoornweg, tiene unos costes ambientales y económicos para los ayuntamientos “significativos” y, por tanto, su incremento en los próximos años tendrá unas consecuencias aún mayores.

Algunos países generan muchos más residuos que otros. Los japoneses producen un tercio menos de basura que los estadounidenses. El problema es más acuciante en las ciudades emergentes, aseguran los investigadores. Vertederos como el de Laogang en Shanghai (China), Sudokwon en Seúl (Corea), Jardim Gramacho en Río de Janeiro (Brasil) y Bordo Poniente en ciudad de México compiten por ser los más grandes del mundo. Se estima que la generación de basuras en China pasará de las 520.550 toneladas diarias en 2005 a 1.400.000 toneladas diarias en 2025.

La zona este de Asia es, en la actualidad, la región del mundo con el crecimiento más rápido de producción de basura, una marca que es probable que consiga India en 2025 y el África subsahariana en 2050.

En cuanto a España, señala Hoornweg, se encuentra en la media de Europa en cuanto a generación de RSU.

Sin acciones “drásticas”, el problema de las basuras urbanas no se reducirá, aseguran los autores del estudio. Para ello, ofrecen varios consejos:

– Marcar de forma local el objetivo “basura cero”. 

– Aumentar las tarifas de gestión de los residuos. En Norteamérica y Europa se ha visto que cuando las tarifas aumentan, la generación de basuras decrece.

– Concienciar a la gente para que no despilfarre cuando su nivel adquisitivo aumenta, y gaste más en actividades que requieren menos recursos.

– Aplicación del ecodiseño. El diseño industrial y los sistemas industriales se deberían concebir para conservar los materiales y no derrocharlos.

– Reducir la basura procedente de la alimentación y la horticultura, así como de la construcción y la demolición.

– Implicar a los ciudadanos en la gestión de los RSU, de manera que sean exigentes con sus instituciones municipales.

 

EUROPA PRESS

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, ha remitido una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que asegura que algunos aspectos de la reciente reforma energética pueden ser contrarios a varias directivas europeas.

En una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vidal-Quadras alude especialmente a la falta de apoyo a la tecnología de cogeneración de alta efieiciencia, promovida y protegida por la directiva 2012/27/UE.

Además, cita tres normas que pueden ir en contra del concepto de eficiencia energética recientemente aprobado por el Parlamento Europeo. La primera de ellas es la ley 15/2012, que impone “importantes impuestos” a la cogeneración, señala.

La segunda es el real decreto ley 9/2013, que “desincentiva la adopción de medidas de ahorro energético por parte de los consumidores, al incrementar los peajes de acceso contribuyendo a desligar el precio de la energía de su nivel de consumo”.

En tercer lugar, alude al proyecto de real decreto sobre autoconsumo, cuyo contenido “perjudica enormemente” este tipo de actividad “al imponerle un peaje de respaldo desproporcionado”.

 

DEIA

¿Qué le parece la solución de Gipuzkoa a las basuras?

Ha descartado una opción de tratamiento y estamos expectantes por saber la solución que darán al problema de que cada día, cada guipuzcoano, genere 1,30 kilos de residuos.

Con el rechazo a su incineradora ya definitivo, ¿llegará basura de Gipuzkoa a Zabalgarbi?

Aquí, tal y como está configurada la planta, no entran más residuos. Estamos al 100%, entre los 220.000 y 230.000 toneladas al año. Resolvemos para Bizkaia el problema de la fracción que queda tras el reciclaje y la reutilización de los residuos.

Y en un futuro próximo, ¿la planta tiene posibilidad de ampliarse?

Tenemos la autorización administrativa pertinente. Entre otras alternativas, que se pueden construir en este ecoparque de Arraiz-Artigas, es la opción más sencilla, tal y como está dispuesta la planta. Así lo recoge el II Plan de Residuos, que lo que ha hecho es aparcar esta opción.

Por la bajada de generación de basuras de los últimos años.

Un descenso basado en las políticas de concienciación de no generar residuos. Esa es la clave fundamental, aunque también influye, y mucho, las políticas de reutilización potentes de Koopera, la planta de residuos voluminosos, la recogida selectiva…

…pero todo no se puede recuperar.

Siempre va a quedar una fracción, entre un 25 y un 30% que hay que incinerar. Y no lo decimos nosotros, lo vienen diciendo en la Europa del norte desde mediados del siglo pasado, cuando implantaron las primeras incineradoras.

¿Van a llegar las basuras de Bilbao a la incineradora?

Ahora los residuos vienen de la empresa foral Garbiker y la mancomunidad de la Margen Izquierda. Lo que ocurre es que Garbiker, junto con los residuos del resto de Bizkaia, ha captado un cliente nuevo, Bilbao, cuyas basuras van a ser tratadas de forma mecánica y biológica, y luego llegarán aquí.

O sea, el vertedero de Artigas no recibirá más basura. ¿Se cerrará?

No lo creo, puede recibir basuras de Gipuzkoa mientras la Diputación crea sus infraestructuras, Araba puede tener un problema, o Bizkaia, si los accionistas de Zabalgarbi deciden que no es necesario continuar con esta planta. Siempre hay que tener alternativas a la gestión que va a quedar del resto del residuo. Porque, además, cambia la tipología del residuo. La basura de hoy no tiene nada que ver con la que se generaba hace 15 años.

¿Por ejemplo?

Las bolsas de plástico. Después de sacar en la tele una isla de bolsas de plástico en el mar y decidir los hipermercados eliminarlas, entró la conciencia y casi han desaparecido. Al principio pasábamos del 20% en escorias, el año pasado fueron el 17,5%. En chatarras estamos en 1,60% y hemos llegado al 2,80%. Si no mira, desgraciadamente, toda la gente que va cogiendo los hierros con un gancho en los contenedores.

¿Qué diría a los detractores?

Que vengan a conocernos. Nuestras puertas están abiertas. El debate de la incineración está superado en la Europa del norte, a la que queremos asemejarnos. Les diría que, en casi diez años, hemos eliminado dos millones de toneladas de problemas, es decir, de residuos y que hemos generado al año 700 millones de kilowatios, con los que hemos dado luz a 350.000 vizcainos cada año.

El Gobierno vasco les vigila constantemente…

Solo hay que ver quién ha ocupado las consejerías en los últimos años para saber qué nivel de control medioambiental ha tenido Zabalgarbi en su historia.

No han sido digamos ”adeptos” a la actividad incineradora.

Sí, pero antes, y ahora, tienen que reconocer todos los días, cuando reciben los datos de control de nuestras emisiones, que todo está bien. Si ahora se detectase que por la chimenea excedemos el nivel de dioxinas, Gasteiz toca un botón y para la planta.

¿Y usted también puede?

También. Tenemos un teléfono rojo, para suspender la actividad.

No se puede negar el riesgo.

Constante, y por tanto lo controlamos las 24 horas. Solventamos el problema que genera la basura y no podemos crear otro problema medioambiental. Nunca.

¿Cómo se consigue eso?.

Innovando e invirtiendo. El 35% del gasto de operación de esta planta está en el control medioambiental, y aquí se gastaron durante la construcción de la planta 52 millones de euros en ese apartado.

¿Cómo les afecta la reforma eléctrica del Gobierno Rajoy?

De lleno. Este año nos impacta directamente en la pérdida de 8,5 millones de euros en nuestra cuenta de resultados. Dinero que estamos abonando en forma del 7% del nuevo impuesto de generación de electricidad. Si además el próximo real decreto nos elimina la prima por renovables, tenemos un problema en Zabalgarbi. No nos pueden estrechar el campo de fútbol a diez minutos del final y expulsarnos a todos los jugadores…

Y ¿qué pueden hacer?

Pelear, como estamos haciéndolo ya en Madrid. Tenemos que demostrar que somos eficientes, es la clave.

¿Las pérdidas económicas van a implicar un aumento en las tasas de basuras a los usuarios?

No. Esa sería la última opción.

¿Cual es su reto personal en Zabalgarbi?

Consolidar Bizkaia y Euskadi como referentes en el tratamiento de residuos.

Pero eso ya está conseguido ¿no?

He dicho consolidar. Hay que seguir siendo la envidia de muchas regiones alemanas.

¿Tan bien se está haciendo?

Sí, y ellos trabajan de forma más coercitiva, ya que tienen una tasa de vertido muy elevada.

¿Y en el Estado? ¿Cómo estamos?

Somos referente para las plantas de este tipo. Somos una planta eficiente de acuerdo a la directiva europea, según ha avalado la propia Comisión Europea.

 

ECOTICIAS

Esta propuesta daría la oportunidad a los estados para introducir prohibiciones a nivel nacional y la aplicación de instrumentos económicos que graben su consumo, instrumentos que se han mostrado efectivos en aquellos países donde se ha aplicado como Irlanda o Dinamarca. 

En el año 2011 los resultados de la consulta pública a nivel europeo sobre la reducción de la bolsa de plástico ya fueron bastante evidentes sobre las medidas a tomar: más del 70% de los participantes se manifestaron a favor de la prohibición como instrumento más favorable para una reducción efectiva. Desde la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum se lamentan, que la nueva propuesta de la UE no sea más ambiciosa ya que no sólo se deja en manos de los Estados miembros las medidas sino que no se establecen objetivos cuantitativos y tampoco se tiene en consideración la regulación de otras materiales problemáticos como son los bioplásticos o elementos oxo/fotodegradables.

En Cataluña, según el último estudio de la Agencia de Residuos de Cataluña (estudio sobre el consumo de bolsas de plástico en Cataluña el año 2011), se ha reducido el 43% del consumo per capita de bolsas de plástico de desechables en cuatro años 2007-2011, aunque todavía se consumen 26 millones de bolsas a la semana, es decir 465 bolsas de plástico anuales por hogar , o 179 bolsas por habitante. 

Por otra parte el comercio (de proximidad) ha aumentado el consumo de bolsas en un 16%, lo que responde a que muchos comercios siguen entregando las bolsas gratuitamente: el comercio de proximidad reparte el 85% de bolsas de plástico de desechables consumidas el año 2011. 

En varias cadenas de supermercados se ha extendido el cobro de la bolsa, que ha contribuido a contener el consumo desmesurado de bolsas, pero tiene unos resultados limitados y, además, el pago (que no la tasa) no es una medida pedagógica, ya que sólo visualiza el coste económico que le representa en el establecimiento y discrimina el pequeño comercio. 

La situación actual muestra que para avanzar en una reducción efectiva de las bolsas de un solo uso es necesario ir más allá de los acuerdos voluntarios con los establecimientos. Por eso la petición de la campaña Catalunya Libre de Bolsas sigue vigente: que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña regule el consumo de bolsas de plástico en Cataluña a partir de la aplicación de una tasa ecológica de 0,20 €/bolsa que grabe las bolsas de un solo uso como medida disuasoria de su producción y consumo. Revertir en un Fondo Económico de Prevención de Residuos para campañas de prevención de residuos, promoviendo las alternativas reutilizables (carretilla, capazo, bolsas plegables…).

 

EL PAIS

Desde luego, tengo claro cuál es mi posición al respecto de dos cuestiones que son distintas y deben diferenciarse a pesar de estar íntimamente ligadas. Me refiero a la incineradora de Zubieta y al modelo de recogida de residuos. No voy a hacer una defensa técnica de una u otra postura porque para ello hay personas mucho más preparadas que son capaces de explicar cifras, volúmenes y fracciones con mucha más autoridad, por lo que se refiere a la incineradora.

Tampoco voy a defender aquí un modelo de recogida de residuos, no voy a sostener si el reciclar es un derecho o un deber y, por tanto, si la recogida selectiva debe ser o no obligatoria y, necesariamente en este último caso, comprobable. Insisto, no voy a defender un modelo u otro al margen de consideraciones técnicas, porque esta disputa ha servido para ser trasladada a la disputa partidista, que no política, que es un espacio, además del más importante como es el ámbito social.

¿A quién hay que responsabilizar de los ocho millones de indemnización?”

Esta consideración hace que no sea esta la tribuna apropiada, hacerlo incurriría casi en la deslealtad. Sí que sirven estas cuestiones, la incineradora de Zubieta en particular, como pretexto para analizar cuestiones de más base política y ciudadana. Quiero hacer referencia al propio concepto de democracia o dicho de otra manera, del carácter democrático.

Insisto en que tengo mi postura tomada con relación a este asunto pero esto no me impide, o por lo menos no debería impedirme considerar que la postura contraria pueda ser defendible y que unos no quieren envenenar con humos tóxicos a la ciudadanía, ni los otros son unos hippies que carecen de sentido común necesario para gestionar los residuos de Gipzukoa.

Era propio de tiempos franquistas aquellas reflexiones que venían a sostener “o nosotros o el caos”. Hoy en día cuestiones como estas que además de por su trascendencia sanitaria, medioambiental o incluso económica son verdadera base de una nueva cultura social que debe soportar un nuevo modelo, deben debatirse a través de la participación ciudadana en foros próximos y de democracia directa.

No procede por tanto la demonización de la postura adversaria y mucho menos su ridiculización, sino, antes bien, un debate sereno e informado. Al hilo de este mismo razonamiento, voy a traer a colación otra cuestión que también está relacionada con la cultura democrática. Las adjudicaciones de las obras destinadas a la incineradora de Zubieta se firmaron una vez trascurridas las elecciones forales de mayo de 2011 y estando el gobierno foral en funciones.

Se firmaron tras haber perdido las elecciones frente a un partido, mejor dicho, una coalición de partidos, que en el frontispicio de su programa electoral llevaba el “no” a la incineradora.

No cabe demonizar la postura adversaria y menos ridiculizarla”

No parece que un gobierno en funciones realice un acto de disposición por importe de más de 270 millones de euros cuando únicamente debe limitarse, aquí y en todas partes, a meros actos de administración, incluso más aún, de mero trámite.

¿A quién hay que responsabilizar de la indemnización de ocho millones que debe satisfacer el Gobierno foral guipuzcoano como consecuencia de la resolución de los contratos? ¿Al gobierno que ha cumplido su programa sin ampararse en la herencia para justificar incumplimientos o a aquel que se excedió de sus funciones? Sólo desde este punto de vista quería referirme a la incineradora, no he querido entrar a analizar vertederos, quintos contenedores, sistemas PaP ni otras consideraciones también políticas, sólo quería reflexionar sobre las dos cuestiones.