Albisteak

 

EXPANSIÓN

La Comisión de Industria del Congreso ha dado este martes luz verde al proyecto de ley del Sector Eléctrico tras incluirse únicamente las enmiendas del PP, que se ha quedado solo en el respaldo a la normativa aunque ha abierto la puerta a poder negociar algún cambio de cara a la tramitación del proyecto en el Senado, adonde ha sido ya remitido al contar la comisión con competencia legislativa plena.

El portavoz ”popular” de Energía, Antonio Erías, ha defendido que este proyecto es “necesario” para atajar el “desajuste y la falta de estabilidad” de la electricidad, derivado de la “evidencia de que los ingresos no son suficientes para atender a los costes”. Así, el objetivo es conseguir un precio “competitivo” para empresas y familias.

“Pero para ello hace falta ver por qué se ha producido esta situación y, una vez identificadas las causas, ponerles remedio”, ha dicho. En este punto, ha negado que se intente favorecer a empresas concretas, y ha defendido que con la nueva normativa se generará “un escenario atractivo para el futuro de todos”.

En cualquier caso, Erías ha ofrecido a los grupos “seguir dialogando para mejorar entre todos el texto” y ha reconocido que algunas de las propuestas de la oposición pueden dar lugar a acuerdos, proponiendo presentar textos “de todos” con “transaccionales conjuntas.” “El PP no tiene ninguna duda de que es lo que España necesita, y estamos dispuestos a desarrollar una mejora del texto de cara al Senado”, ha concluido.

“Se pierde una oportunidad”

El socialista José Segura ha hecho una prolija exposición de sus enmiendas, acusando al Ejecutivo de “dejar pasar la oportunidad de reducir el aislamiento energético” de España y de generar caos con los cambios retroactivos en las retribuciones por tecnologías.

Tampoco le gusta la regulación del autoconsumo, con un peaje “injustificado y discriminatorio que impondrá barreras económicas que dificultarán las inversiones”, lo que “sacrificará la eficiencia económica en el medio y el largo plazo”. Asimismo, rechaza la “desprotección” en la que queda el consumidor con esta norma.

“El fomento de las renovables a través del régimen retributivo no debe tener un carácter excepcional, sino que debe ser la actuación a seguir. España necesita de un modelo específico para las renovables, y este proyecto lo obvia. Aún no son tecnologías que puedan competir por su cuenta, aunque sean más competitivas que hace unos años, por lo que no se justifica en modo alguno un régimen general y único”, ha añadido.

Una ley “miope”

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz ha expresado su “absoluta disconformidad” con la ley y con la “forma opaca” en que se ha tramitado, y ha acusado al Gobierno de presentar un proyecto “miope”, “desconectado” de las necesidades sociales y que “perpetuará un modelo desfasado e insostenible”. Además, cree un “atropello a la seguridad jurídica” el carácter retroactivo de algunas disposiciones, y ha pronosticado que no se solucionarán los problemas de déficit tarifario.

Asimismo, ha reprochado el trato que se da a las renovables y el “atentado contra las libertades ciudadanas” en relación con el autoconsumo. “Se mantiene un modelo y un mix energético absolutamente obsoleto, basado en energías sucias e inseguras, en la sobrecapacidad eléctrica, y que busca contentar a quienes siempre han producido la energía, limitando la entrada de nuevos productores”, ha añadido, alertando del daño que eso hará a la competitividad económica y a la eficiencia y ahorro energético. 

Por ello, ha reclamado una auditoría de la deuda y un cambio de modelo que pase por una reducción de la demanda, una mejora de la eficiencia, mayor implantación de las renovables y un sistema “democratizado y descentralizado”. “Hay que determinar cuáles son los costes de producción y sacar de la factura los que no lo sean”, ha zanjado.

No liberaliza ni da más seguridad

Tampoco le gusta la norma a Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, para quien es una “nueva ley de partido”, con el agravante de que afecta a un sector “sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales y que ha provocado un problema económico importante”: el del déficit de tarifa, la pérdida de competitividad y la subida de la factura de la luz.

in embargo, con este proyecto no se conseguirá solucionar ese problema, ya que sólo busca “salvar un modelo de negocio en gran parte caducado, favoreciendo a las empresas con una posición dominante” y “profundizando en los errores anteriores”. “No creemos que las renovables sean la panacea y queremos un mix equilibrado, pero no entendemos el empeño en oponerse a las nuevas tecnologías”, ha lamentado.

Por eso, ha criticado que la norma propuesta no avance ni en una verdadera liberalización del mercado, ni en la mejora de la competencia donde no haya “algunos agentes totalmente protegidos y otros penalizados”, ni en el fomento de la innovación, ya que no se incluye ningún incentivo a este tipo de inversiones, ni en la seguridad jurídica con la retroactividad. “Y los perjudicados finales serán los consumidores”, ha señalado.

Vulnera competencias

Josep Sánchez Llibre, de CiU, cree que el proyecto “obedece más a motivos de política económica que de política eléctrica”, ya que su principal objetivo es acabar con el déficit pero “sin fijar una hoja de ruta de la política energética española”. “Sería conveniente y urgente clarificar el modelo energético antes de decidir cómo reducir el déficit tarifario y cuál será el mix energético global”, ha dicho, pidiendo que en ese proceso no se olvide el efecto en la competitividad empresarial.

No obstante, ha reconocido la voluntad de diálogo del PP y ha esperado en que se pueda avanzar en esta línea en el Senado, y ha defendido que hace falta clarificar la defensa de las competencias autonómicas en esta normativa, entre otras medidas. 

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también cree que el sector eléctrico debe servir para “mejorar la competitividad”, pero “respetando escrupulosamente el marco competencial”, y ha reclamado “reducciones” para algunos subsectores industriales.

Teresa Jordà (ERC) ha acusado al Gobierno de buscar proteger al oligopolio eléctrico “en detrimento claro” del autoconsumo y las renovables y “cargando” el déficit tarifario a los consumidores. “Es una gran estafa de la que se beneficiarán cuatro grandes compañías a costa de los consumidores y los contribuyentes”, ha pronosticado, reclamando un cambio de modelo, una auditoría independiente de la deuda, y el fin de la “centralización y la invasión competencial”.

Para Pedro Quevedo (CC-NC) ésta es una “enorme oportunidad perdida” porque se afronta el déficit tarifario de forma “inadecuada” y se “persiste en el castigo” a las renovables y el autoconsumo, a la vez que se produce una “invasión competencial”. Finalmente, Carlos Salvador (UPN) considera que éste debería ser “un tema de Estado”, lamentando que PP y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan importante para éste.

Sin comparecencias

Tras las críticas de la oposición por la premura con la que se ha tramitado la norma, el presidente de la Comisión de Industria, el ”popular” Pablo Matos, ha permitido a los portavoces disponer de cuanto tiempo necesitaran para exponer sus críticas y enmiendas. No obstante, se ha mantenido el rechazo del PP a aceptar comparecencias en este punto de la tramitación, petición ante la que CiU se ha abstenido.

En este sentido, los diferentes portavoces han lamentado esta negativa que habría redundado en una “mayor transparencia” y una “mejor conexión” del Parlamento con los ciudadanos y con las asociaciones civiles para saber su postura respecto de una reforma tan importante como ésta. Sin embargo, el ”popular” Ovidio Sánchez ha replicado que todos los grupos se han reunido con los grupos interesados y que son los diputados quienes representan a la sociedad.

 

ECOTICIAS

En los vertederos se acumulan 275 millones de toneladas de materias primas valiosas, más de nueve millones de camiones de gran tonelaje. 

Cerca del 70% de todos nuestros residuos terminan enterrados en vez de reciclados, pero un pacto de silencio mantiene en la penumbra la deficiente gestión de los vertederos. La reducción, reutilización, el Sistema de Retorno y la recogida selectiva de la materia orgánica serían la solución para gestionar nuestros residuos

Como se puede ver en las calles de Madrid, los problemas de la basura
comienzan en el momento que nos desprendemos de ellas. Por pura coincidencia
en fechas, presentamos hoy informes que abordan los graves problemas de
gestión de los residuos domésticos. Cerca del 70% de ellos terminan en los
vertederos. Allí se acumulan cientos de millones de toneladas de materias primas
valiosas. Para evitar el derroche es preciso cambiar. La reducción de residuos, la
reutilización, un Sistema de Retorno de envases (SDDR) y la recogida selectiva
de la materia orgánica para un óptimo compostaje serían los primeros pasos para
atajar los problemas.

Cada ciudadano en España ”produce” unos 535 kilogramos de residuos al año.
Son 24 millones de toneladas al año en el Estado español, que van a parar a los
cerca de 200 vertederos legales que existen y a los cientos y miles de otros
basureros ilegales dispersos por la geografía. El informe Un yacimiento en la
basura, realizado por Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, dos de las
asociaciones que más saben sobre residuos y forman parte de la Plataforma
Retorna, viene a denunciar que el 70% de estos residuos se entierra sin más,
desperdiciando millones de toneladas de materias primas que tendrían que ser
recicladas para una segunda vida.

Nuestro intento por descubrir la realidad de los vertederos se ha topado con un
muro de silencio. Las instalaciones que gestionan nuestras basuras sólo ofrecen
datos fríos y contradictorios, siempre positivos para sus intereses. Ningún
organismo controla las estadísticas y las administraciones las dan por buenas y
las envían a Bruselas. La falta de cifras contrastadas y su dispersión podrían ser
la causa de que desde 2006 no haya un informe sobre los vertederos como
éste. Una gran burbuja de la basura está a punto de estallar.

El 12% de los vertederos españoles han sido apercibidos por unas u otras causas
por Bruselas desde 2008. Imposible saber qué pasa con esas denuncias que
podrían terminar en sanciones contra España. Retorna se ha dirigido a la CE
para conocer al detalle estas denuncias y su tramitación, pero tampoco ha
obtenido respuestas concretas. Al respecto de las denuncias, Daniel López,
experto en residuos de Ecologistas en Acción, aclara: “No están siendo eficaces
para erradicar la práctica del vertido rampante, porque la Administración española
consiente y ampara la pervivencia de los vertederos, siempre condicionada a
futuras ‘medidas correctoras’ que no llegan nunca”.

El gran negocio de la recogida de basuras y gestión de los residuos mueve al año
4.500 millones de euros. Si se le suma la limpieza urbana, la cifra asciende a
5.150 millones de euros. Detrás de estos grandes contratos que se firman por una
o dos décadas existen casos de corrupción ya en los tribunales. El otro negocio es
el de la incineración. Quemar para no ver. El sector quiere doblar el número de
incineradoras existentes para quemar en el año 2020 casi ocho millones de
toneladas. Pero la incineración produce contaminación y dispersa sustancias
peligrosas. Además quema materias primas de gran valor, a las que sólo saca el
rendimiento de unos pocos kilovatios. Y tras incinerar, el 30% de los residuos se
convierten en cenizas que hay que tratar como peligrosas.

En el marco de esta opacidad en los datos sobre recogida y reciclaje de residuos
en España, Amigos de la Tierra y la Fundació per a la Prevenció de Residus i el
Consum Responsable decidieron examinar el contenido de las basuras de cuatro
zonas españolas; Canarias, Baleares, Navarra y Barcelona. Ramón Sans,
catedrático experto en residuos de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha
realizado un minucioso estudio de caracterización que corrobora los datos que
se vienen denunciando ampliamente: la recogida de los envases de bebidas,
que son recursos de gran valor y los envases más consumidos en nuestro
país, es insostenible.

En el mejor de los casos, esta recogida llega al 40% (en Cataluña que es donde
mejor se gestionan los residuos) pero en el peor, que además coincide con las
zonas de más consumo y mayor visibilidad internacional (Baleares o Canarias) no
supera el 15%. Eso significa que el 85% de unos recursos valiosos, como son
el aluminio, acero, vidrio y plástico PET, se desaprovechan y acaban en
vertederos o incineradoras.

En resumen, Retorna apuesta por el Residuo Cero. Mientras tanto apoya los
objetivos de la UE de reciclar un 50% de nuestros residuos urbanos, cerrar los
vertederos y no incinerar ningún residuo que se pueda reciclar.

Las 19 asociaciones que impulsan Retorna proponen como solución a tanto
desacierto: la reducción, la reutilización, el sistema de retorno de envases (SDDR)
y la recogida selectiva de la materia orgánica. Con ello, conseguiremos reducir la
”producción” de residuos, evitaremos enviar cada día 2.000 camiones cargados de
envases de un solo uso a los vertederos y destinaremos la mitad del cubo de la
basura actual a producir compost de calidad, contribuyendo a invertir la tendencia
a la desertificación de nuestro país.

 

BIZKAIMEDIA

La Diputación de Bizkaia y Ecoembes pondrán en marcha a partir de mañana una nueva campaña de sensibilización que bajo el nombre de “Ondo bereizi zaborrak. Hobeto birziklatuko dugu”. La iniciativa nace con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de la importancia de la separación de envases en el hogar, como gesto necesario para contribuir a la conservación del medio ambiente y al ahorro de materias primas. Además, la campaña hace alusión directa a la necesidad de hacer un uso correcto del contenedora amarillo aclarando que el contenedor es solo para envases de plástico, latas y brick, el vidrio, el papel y cartón o prendas textiles serían rechazo en este caso. 

La importancia de la participación ciudadana

El ciudadano es el principal motor de la recogida selectiva. Sin su participación, el sistema se para y los residuos de envases no pueden recuperarse.

La implantación del sistema de recogida selectiva en la Diputación de Bizkaia es fundamental para que los ciudadanos puedan participar, pero también resulta de gran importancia concienciar al ciudadano de que él es el protagonista indiscutible y de que con una correcta separación en el hogar se puede conseguir un sistema de reciclaje óptimo.

El principal objetivo es que los ciudadanos separen correctamente los envases en su hogar y los depositen en los contenedores correspondientes para que se puedan reciclar. Si la ciudadanía dispone de información sobre los beneficios de reciclar envases, un mayor número de ciudadanos tomará conciencia y pasará a formar parte de todos aquellos que ya participamos en la recogida selectiva” explica el Diputado foral de Medio Ambiente Iosu Madariaga.

10 camiones realizan 55 rutas semanales

Garbiker realiza la recogida diaria de los envases depositados en los contenedores por medio de una flota de 10 vehículos. Semanalmente estos camiones realizan 55 rutas diferentes. Cada contenedor puede estar contemplado en una o más rutas, de tal forma que hay contenedores que se recogen hasta tres veces por semana. Estos vehículos se desplazan una media de 6.500 km de lunes a viernes.

7.200.000 kilos separados en BZB

Los envases recogidos se transportan hasta  la Planta de Separación y Clasificación de Amorebieta-Etxano “Bizkaiko Zabor Berziklategia”. En esta planta existen modernos y sofisticados sistemas de separación de residuos encargados de separar el polietileno de baja densidad, el de alta densidad, los tetrabriks, el papel… que llega a la planta. Tras separar el material ferruginoso que llega a la planta, las labores de separación se complementan con un servicio de triaje en algunas de las fracciones separadas automáticamente.

ECOEMBES, entidad cuyo objeto social es el diseño y desarrollo de sistemas encaminados a la recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases, garantiza el correcto destino final de estos residuos separados en la Planta BZB de Amorebieta-Etxano.

Desde que comenzó la recogida selectiva de envases ligeros en octubre de 1998 hasta noviembre de 2013, la Planta ha seleccionado y separado 165.022 toneladas de esta fracción de residuos.

Con estas cifras podemos constatar los excelentes resultados de la recogida de envases ligeros en Bizkaia y reflejan el esfuerzo que está realizando la ciudadanía.

Sobre Ecoembes                            

Ecoembes (www.ecoembes.com) es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la gestión de un sistema encaminado a la recogida selectiva, recuperación y reciclaje de los envases ligeros (envases de plástico, latas y briks) y los envases de cartón y papel. Este es el Sistema Integrado de Gestión (SIG), identificado por el Punto Verde.

 

ECOTICIAS

En una entrevista concedida a la emisora Cope Galicia, el presidente de Sogama, Luis Lamas, reiteró que la subida del canon, que se hará efectiva a partir del 1 de enero del 2014, obedece a una cuestión de“obligación”, toda vez que, dado su carácter público, la empresa no puede tener beneficios, pero tampoco pérdidas, debiendo aspirar a unos ingresos equilibrados para que pueda ser viable. “Sogama es una entidad pública que presta un servicio por el que cobra a los concellos, debiendo autofinanciarse. No ha recibido, ni recibirá, ninguna subvención de la Xunta de Galicia”, clarificó.

Como consecuencia de la reforma del mercado eléctrico, la energía que produce la Sociedad se paga menos, lo que lógicamente deriva en un serio impacto económico sobre sus cuentas, con una caída de ingresos estimada en 13-14 millones de euros anuales.

Incremento de un máximo de 12 euros al año por vivienda

Respecto a la repercusión que esta subida, del 33,5 por ciento, tendrá en las tasas que pagan los ciudadanos, Lamas respondió que se trata de una cuestión que corresponde a cada concello. No obstante, concretó que la media establecida es de un incremento máximo en el recibo de la basura de 12 euros al año por vivienda, o, lo que es lo mismo, 1 euro al mes. ”En el caso de Vigo, la subida, según su alcalde, se estima en 9 euros anuales”.

Aún con todo, precisó que el canon de Sogama seguirá siendo el de menor cuantía en Galicia, posicionándose en el rango más bajo a nivel estatal. Y como ejemplo puso la planta de valorización energética de Zabalgarbi, en Bilbao, que cobra 80 euros por tonelada de basura colocada en la puerta y, por tanto, sin incluir el transporte, así como la de Tirme, en Palma de Mallorca, con un precio de 131 euros por tonelada, o bien la de Tirmadrid, en Madrid, que anda en el entorno de los 100 euros. “Solo el transporte de los residuos supone para Sogama un coste de 21 euros por tonelada”, desveló.

En cuanto a la deuda de los concellos, Lamas aseguró que el nivel de morosidad bajó durante los últimos tiempos gracias a los planes de pagos a proveedores del Gobierno central. “Si bien la deuda llegó a alcanzar los 25 millones de euros, a día de hoy hemos logrado que se sitúe en los 17 millones”. Y si a esta cifra se le descuentan las cantidades acogidas al tercer plan de pagos, así como el importe adeudado por el municipio de Pontevedra, al que deberá hacer frente en el marco de la sentencia favorable a Sogama tras la presentación de un recurso de casación para la unificación de doctrina, la deuda final que Sogama tendría que soportar se quedaría en el entorno de los 4 millones de euros, siendo, a su juicio, una “cifra razonable”.

Notable reducción de la entrada de residuos en vertedero

Afeó las declaraciones de muchos dirigentes políticos que ahora critican el modelo Sogama “a pesar de usarlo”, recordando que bajo el gobierno del bipartito, la Sociedad se mantuvo sin variación alguna, por lo que apeló a una mayor responsabilidad, ya que “no se puede partir de posturas apriorísticas, sino de lo que realmente funciona”.

La sobresaturación del complejo medioambiental de Cerceda, hace que sea necesario complementar su actividad con la del vertedero controlado de Areosa que, si bien no constituye la mejor opción de tratamiento, lo cierto es que está perfectamente regulada e incluida en la legislación vigente.

Reconoció que a su llegada a la presidencia de Sogama, en mayo de 2009, se encontró con muchos problemas en el vertedero, tanto de índole medioambiental como de capacidad, pero en la actualidad se está gestionando de forma adecuada, con la particularidad de que, al incrementar la eficiencia del complejo, se ha conseguido reducir a la mitad la cantidad de desechos procesados en Areosa, estando ahora en las 200.000 toneladas/año.

Cumpliendo con las tres erres

El máximo responsable de Sogama confirmó que la reducción de residuos es una realidad que obedece fundamentalmente a la crisis. “Se ha contraído el consumo, con lo que cual se generan menos desperdicios, pudiendo definir este extremo como la única lectura positiva en unas circunstancias de estas características”. Su deseo es que, una vez superada esta etapa de convulsiones económicas, modificación de hábitos se mantenga de cara a seguir minimizando la producción de basura.

En el ámbito del reciclaje, y a pesar de que todavía seguimos moviéndonos en porcentajes pequeños, lejos de la media estatal y europea, apeló a la capacidad de mejora. En este sentido, puso de relieve los beneficios ambientales y económicos que trae consigo la práctica del compostaje doméstico en los ámbitos rurales y semirrurales. “Durante los últimos tres años hemos colocado más de 1.800 compostadores en otras tantas viviendas de las cuatro provincias gallegas y cada vez son más los concellos interesados en nuestro programa”, recordó.

En este sentido, enfatizó la importancia de la concienciación ambiental con campañas educativas orientadas a formar a la ciudadanía en la correcta gestión de los residuos. La última “Separemos ben, reciclaremos mellor”, promovida por la Consellería de Medio Ambiente y Sogama, con la colaboración de Ecoembes y los Sistemas Integrados de Gestión de pilas (Ecopilas, Ecolec y ERP), y a la que ya se han adscrito más de 170 municipios, está dando unos magníficos resultados. “Posiblemente sea la campaña educativa más importante en Galicia desde la puesta en marcha del sistema de recogida selectiva”.

 

DEIA

Así lo ha expuesto hoy el viceconsejero de Medio Ambiente, Josean Galera, y la directora de Medio Ambiente, Alejandra Iturrioz, que han recalcado en todo caso que los niveles de contaminación del aire en Euskadi siempre han estado por debajo de los límites legales.

“El tráfico es el principal caballo de batalla”, ha expuesto Galera y precisamente por ello es la zona metropolitana de Bilbao la que presenta una peor calidad del aire, aunque esto ocurre “sólo en puntos y en franjas horarias concretas” en las que se concentran los desplazamientos en coche. 

No obstante, la contaminación del aire en el Gran Bilbao está lejos de la registrada en los 80, gracias a la construcción del metro, el desarrollo de las rutas en autobús y la mejora de los motores de los propios vehículos, que ahora generan menos emisiones.

De cualquier manera Galera ha asegurado que la calidad del aire en Euskadi es buena. En una escala en la que el cero significa ausencia de contaminación y el diez simboliza a una urbe con el aire irrespirable, Euskadi se sitúa en el uno y sólo el Gran Bilbao alcanza el tres en algunos momentos concretos, según ha señalado el viceconsejero.

El Gobierno vasco centra sus esfuerzos en este ámbito en una movilidad más sostenible que pase por el fomento y desarrollo del transporte público, por el transporte de mercancías por tren -para lo que será fundamental la “Y” vasca-, por peatonalizar determinadas zonas urbanas y por favorecer el uso de la bicicleta en trayectos cortos.

El otro gran contaminador del aire, el sector industrial, ha reducido sus emisiones de forma paulatina entre 2001 y 2011, especialmente a partir de 2007. Ello se debe a la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación, a la instalación de filtros y otras medidas correctoras y también a las exigencias normativas que se han ido adoptando a lo largo de los años.

“El sector industrial ha hecho sus deberes”, ha proclamado Galera, quien no cree que la recuperación de la actividad económica una vez superada la crisis vaya a suponer un incremento de la contaminación del aire porque “el tejido económico vasco es absolutamente responsable con el medio ambiente”.

El Gobierno vasco cuenta con 54 estaciones fijas de medición de la calidad del aire y 5 equipos móviles, a los que suman otras 13 estaciones fijas de titularidad privada.

En todo caso, Galera ha avanzado que el Ejecutivo trabaja en la “modernización” de esta red de medición y que ello implicará una reducción de los equipos, así como su homogeneización.

 

EL CORREO

La Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao trabajan desde hace algunos meses en el convenio de colaboración que pondría la guinda a la gestión de los residuos de Bizkaia. A partir de 2014, el Departamento foral de Medio Ambiente pasará a encargarse directamente de la basura que se genera en la capital vizcaína por primera vez en la historia. Era la única parte de los deshechos del territorio que no dependían del Ejecutivo territorial, pero también los más numerosos: la planta TMB ubicada en el monte Arraiz recibirá a partir de ahora 100.000 toneladas anuales de residuos provenientes de la villa, 20.000 más de las que generan el resto de los municipios vizcaínos juntos.

Para ser exactos, la basura de Bilbao llega a la TMB desde el pasado mes de marzo, pero la modificación cobrará oficialidad definitivamente a partir de enero. Según el proyecto de presupuesto que ha presentado el Consistorio esta misma semana, el trasvase de la gestión costará tres millones de euros a las arcas municipales, aunque recibirá otros tres de la Diputación en contraprestación por otros acuerdos que rodean el tratamiento de la basura. Según confirmaron ayer, fuentes forales, los flecos aún se están cerrando, pero las negociaciones abordan, entre otros asuntos, el futuro del vertedero de Artigas. Es propiedad del Ayuntamiento, pero podría pasar a manos de la Diputación directamente.

El Gobierno territorial estrenó hace ocho meses la planta TMB, la “joya” que culmina su plan de tratamiento integral de la basura que se genera en Bizkaia. Hasta entonces había basureros, incineradora y centro de compostaje, pero faltaba la planta de tratamiento, que permite separar todos los deshechos domésticos que no se reciclan en las casas. El objetivo es limitar al máximo la cantidad de residuos irrecuperables antes que lleguen a las escombreras. En los años 90, nueve de cada diez kilos de basura acababan allí, pero la cantidad se ha reducido al 30% durante los últimos cursos. Otro 38% se recupera mediante la recogida selectiva y la planta de Zabalgarbi absorbe el 32% restante.

En todo caso, la Diputación puede necesitar un vertedero con relativa urgencia. Se da la circunstancia de que el próximo mes de diciembre será clausurado definitivamente el recinto de Igorre, la escombrera más grande que utiliza el Gobierno foral- hay otra en Jata (Lemoiz)-. No ha llegado al final de su vida útil, pero Medio Ambiente se ha comprometido con el Ayuntamiento a cerrarlo después de haberlo mantenido activo durante 26 años. Artigas es una buena alternativa. Tiene un tamaño mayor que el recinto de Igorre y, pese a que sus instalaciones fueron selladas hace unos años para adaptarse a las normativas europeas, el espacio disponible fue ampliado y aún podría ser utilizado

¿Podrían incinerarse residuos de Gipuzkoa en Zabalgarbi?

Las Juntas Generales abordarán el próximo lunes la posibilidad de que el Gobierno guipuzcoano pueda enviar sus residuos a la incineradora de Zabalgarbi. El responsable foral de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, comparecerá ante las Juntas Generales, a petición del partido socialista, para explicar si el centro de valorización vizcaíno podría plantearse la posibilidad de recibir las citadas basuras ante “las necesidades” del territorio vecino. A la espera que lleguen los deshechos de Bilbao, Zabalgarbi mantiene operativa una de sus dos líneas de incineración. La segunda no ha llegado a activarla por el descenso de residuos que ha generado la crisis.

 

EL PAIS. Opinión. Luis Crespo.

Hace tiempo que la estrategia de las grandes empresas eléctricas es señalar a las renovables como culpables del déficit de tarifa, cuando ya en 2008 alcanzaba la cifra de 16.000 millones de euros y no eran muchos los megavatios renovables en operación. Desde entonces se está arrastrando la pesada carga de los intereses de la deuda, antes de que las primas a las renovables fueran significativas.

Esta incierta teoría de que las renovables son las culpables del déficit parece que es la que guía la reforma parcial del sector eléctrico actualmente en trámite parlamentario, o al menos la justificación para que las renovables sean las que soporten de nuevo la mayor parte de los recortes.

El recorte que se ha anunciado, antes incluso de que se conozcan las cifras de los costes estándar, que darán contenido a la supuesta rentabilidad razonable, hace presagiar lo peor para la industria renovable de nuestro país. De nuevo, la batalla habrá sido ganada por las grandes eléctricas, que solo tendrán que ocuparse en arreglar el pequeño matiz de que sus parques eólicos no salgan muy perjudicados.

En España, los consumidores particulares y, especialmente, los industriales, deberían saber que los costes totales del sistema eléctrico han sido menores en estos últimos 10 años gracias, precisamente, a las renovables, aunque hayan cobrado primas.

Un ejemplo reciente de esas medias verdades con las que se pretende engañar a la opinión pública son las recientes declaraciones que afirman que el recibo de la luz bajaría un 10% si se cerrasen las solares. Lo que no se comenta es que si se retiran cerca de 7.000 megavatios de producción solar durante el periodo diurno, el precio del pool subiría, al menos, entre un 20% y un 40%, como puede comprobarse analizando los datos oficiales de OMIE. Esta subida del pool supondría un importante beneficio no solo para los ciclos combinados, que entrarían en su lugar, sino también para la remuneración de las centrales nucleares, hidráulicas y de carbón, propiedad de las grandes compañías eléctricas del país.

El Gobierno, focalizando la reforma tan solo en la parte de costes regulados, ha perdido la gran oportunidad de racionalizar la formación de precios del pool

Las eléctricas hablan, en genérico, del apoyo a las “tecnologías inmaduras” como las responsables de todos los males de la política energética. Sin embargo, el apoyo implícito que reciben las tecnologías muy maduras, como la nuclear o la hidráulica, son, en gran medida, las responsables de los elevados costes de la electricidad en España.

El Gobierno, focalizando la reforma tan solo en la parte de costes regulados, ha perdido la gran oportunidad de racionalizar la formación de precios del pool.

Así, si a las nucleares, hidráulicas y térmicas de carbón se las remunerara con una rentabilidad razonable a lo largo de toda su vida operativa, como se va a hacer con las renovables o, al menos, desde el comienzo de la aplicación de la LSE de 1997, se daría un gran paso para la solución definitiva del déficit tarifario.

Sin embargo, se ha optado por aplicarles unos impuestos simbólicos, alguno de los cuales, incluso, no ha tenido desarrollo reglamentario y, por tanto, podría no estarse cobrando. Algo parecido cabría hacer con la distribución, cuyos elevados beneficios durante estos últimos 10 años representan buena parte del déficit acumulado.

Si tampoco se remedia, otro gran triunfo de las eléctricas con esta ley podría ser el haber abortado el autoconsumo antes de su nacimiento; una medida que va en contra del ahorro, el sentido común y los criterios en Europa.

Al aplazarse la reforma de la parte del mercado se pierde la oportunidad de homogeneizar la asignación de partidas que juegan su papel en el déficit. Así, al igual que los “incentivos a la inversión” de los ciclos combinados forman parte del coste de la energía, parece lógico pensar que debería aplicarse a la “retribución específica” a la inversión en las renovables. En sentido contrario, deberían sacarse del sistema eléctrico todos los costes asociados a políticas sociales, como los costes extrapeninsulares, entre otros.

Todo el sector renovable, afectado por una permanente modificación de las reglas de juego, pide que se aborde con rigor tanto el problema del déficit, auditando los costes reales del sistema eléctrico, como la transición hacia un nuevo modelo energético; transición de la que podría beneficiarse nuestra economía. Las renovables no han sido el problema y sí pueden ser la solución. Vulnerar la seguridad jurídica, como se está haciendo, traerá consecuencias nefastas para nuestro país. Al igual que fomentar y apoyar el mantenimiento de la dependencia energética, cercenando una industria de futuro.

Luis Crespo es secretario general de Protermosolar y presidente de ESTELA.

 

EL CORREO 

El Ayuntamiento tiene previsto firmar un nuevo Convenio con la Diputación para gestionar de forma conjunta el tratamiento de los residuos, una materia sensible que durante ocho año, entre 2003 y 2011, estuvo condicionada por el acuerdo de Gobierno entre el PNV e IU.

El partido de Julia Madrazo puso como condición para el Pacto de compromiso de que las basuras de la ciudad no fueran a parar a la incineradora. Una cláusula que “ya no vincula a este Gobierno. A medio plazo, Bilbao tendrá que ingresar en la gestión de Zabalgarbi”.

De momento no se han adelantado los pormenores del acuerdo, cuya repercusión será “neutra” para las arcas municipales. En los presupuestos figura una partida de 3,5 millones de euros como ingreso extraordinario derivado del convenio, pero Aldekoa adelantó que su aplicación tendrá un coste similar para el Ayuntamiento.

La colaboración entre ambas administraciones en materia de gestión se ha reforzado desde la puesta en marcha de la planta de tratamiento mecánico biológico que gestiona la Diputación en Artigas, cerca del vertedero municipal y también de la incineradora. La TMB, inaugurada el pasado mes de febrero, aplica técnicas pioneras para recuperar todos los elementos aprovechables de la bolsa de la basura y reducir su volumen al final del proceso. El Ayuntamiento ya está utilizando las instalaciones, aunque, según afirmaron fuentes del Departamento Foral de Medio Ambiente, “todavía se está estudiando si la fracción resultante se lleva a Zabalgarbi”.

 

REVE

Energía solar y energías renovables: RWE también demanda al gobierno de Rajoy por el recorte a la termosolar.

RWE prevé sumarse a los arbitrajes internacionales contra España por el recorte a la termosolar.

Desde 2011, la compañía alemana opera a través de su filial de energías renovables RWE Innogy la central termosolar granadina de Andasol 3, de 50 megavatios (MW) de capacidad.

El complejo Andasol en su conjunto es el mayor centro termosolar de Europa y en él participan junto a RWE otras empresas alemanas, entre ellas Stadtwerke München (SWM), RheinEnergie, Ferrostaal y Solar Millennium.

En la actualidad, ya existe una demanda de arbitraje internacional contra España por los recortes a la termosolar presentada por 14 fondos de inversión, entre los que figuran RREEF (Deutsche Bank), Eiser, Antin o Infrared.

La asociación empresarial Protermosolar calcula que entre el 35% y el 40% de las inversiones en termosolar en España, o cerca de 15.000 millones de euros, corresponde a capital extranjero, procedente no solo de fondos de inversión, sino también de grandes empresas.

Mitsubishi, Itochu o Mitsui, que han establecido alianzas con empresas españolas como Acciona, Agengoa o FCC, también han invertido en el sector termosolar y observan con preocupación la inseguridad jurídica provocada por los recortes de retribución.

 

ECONOTICIAS

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) dejará constancia hoy ante notario del vencimiento del plazo para hacer públicas las bases de la licitación del contrato del Gobierno con consultoras privadas para calcular la nueva retribución a las energías renovables.

Fuentes de la asociación indicaron a Europa Press que este trámite permitirá denunciar la adjudicación del contrato ante los tribunales. La denuncia, indican, se presentará si, conforme a los plazos sobre publicación de contratos públicos, el Gobierno no da a conocer los detalles de la licitación antes de mañana martes, 22 de octubre, como es probable que ocurra.

Como paso previo a la denuncia judicial, Anpier se presentará con un notario a las 13 horas de hoy en la sede del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) para certificar el supuesto incumplimiento de la normativa sobre contratación.

Además, aportará al instituto dependiente del Ministerio de Industria otros 1.000 expedientes de pequeños productores de energía fotovoltaica, que se suman a una cantidad similar de casos ya presentados hace apenas dos semanas.

La asociación denuncia que el proceso de selección de las consultoras que deben calcular antes de fin de año la nueva retribución de las renovables se ha realizado de forma irregular y sin que por el momento exista ningún documento oficial de conocimiento público con sus nombres, a pesar de que se ha difundido a la prensa que las elegidas son Roland Berger y Boston Consulting.

Anpier explica que el traslado de expedientes fotovoltaicos al IDAE se realiza para evitar que el Gobierno pueda alegar desconocimiento de los datos de las plantas durante el proceso de fijación de la nueva remuneración.

Además, considera que la denuncia del proceso de licitación de los contratos a las consultoras puede ayudar a invalidar la adjudicación y por tanto pondría en entredicho la entrada en funcionamiento en enero del nuevo cálculo de retribución a las renovables.

Frente autonómico

Por otro lado, Anpier ha celebrado reuniones con las comunidades autónomas para animarlas a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en contra del nuevo esquema de retribución a las renovables, en el que detectan aspectos retroactivos. Todas las autonomías les han recibido, salvo Castilla-La Mancha.

La asociación ya ha conseguido que Navarra y Murcia presenten recursos de inconstitucionalidad contra la norma, y considera que otras cuatro comunidades podrían sumarse, entre ellas Euskadi, Cataluña y Valencia, aunque esta última de forma más improbable.

La sexta comunidades sería Extremadura, con cuyo recurso cuentan los fotovoltaicos. Esta comunidad ya ha solicitado al Constitucional una comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno, lo que le da un plazo adicional de seis meses para decidir si recurre o no.