Albisteak

 

REVE

En el mes de agosto, la generación procedente de energías renovables ha representado el 35,6% de la producción en España. La demanda peninsular de energía eléctrica, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, ha descendido un 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta ha sido de 20.567 GWh, valor un 4% inferior al registrado en el mismo periodo del 2012.

En los ocho primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,6% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica en este periodo ha sido de 165.337 GWh, un 3,2% menos que en el mismo periodo del 2012.

La producción de origen eólico del mes ha alcanzado los 3.202 GWh, un 17,7% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha supuesto el 16,0% de la producción total.

El 57,1% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Más información.

 

REVE

La Comisión Europea ha redactado un borrador de directiva sobre sostenibilidad de la biomasa sólida y gaseosa que endurece algunos de los criterios de partida. Cuando en 2010 se dieron a conocer los primeros objetivos se hablaba de reducciones mínimas de un 35% de gases de efecto invernadero (GEI) con respecto a los combustibles fósiles. En el borrador actual pasa a ser del 60%. Por el contrario, suben de 1 MW a 2,5 MW las instalaciones de biomasa térmica exentas de cumplir con estos criterios.

Energías Renovables ha tenido acceso al borrador de directiva europea que marcará los criterios de sostenibilidad de la biomasa sólida y gaseosa para la producción de energía eléctrica y térmica, que incluye también al biometano a inyectar en la red de gas convencional. La principal novedad con respecto a los textos que se dieron a conocer al comienzo de la elaboración de la directiva es el establecimiento de un umbral mínimo de reducción de emisiones de GEI del 60% con respecto a los combustibles fósiles en los mismos usos. Esto supone un incremento del mínimo que se planteó en un principio, que era el 35%, con objetivos del 50% en 2017 y del 60% en 2018 para nuevas instalaciones.

El borrador actual establece el 60% para así “garantizar un óptimo rendimiento a través de la innovación tecnológica y la producción y uso eficiente de la biomasa en el sector de la energía, así como desalentar las inversiones en instalaciones que ofrezcan bajos beneficios en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero”. Buena parte del borrador se dedica a establecer las normas para el cálculo de las emisiones GEI. La intención es establecer una metodología armonizada de contabilidad de los GEI y de “un amplio conjunto de valores por defecto para los diferentes procesos de producción de biomasa, con el fin de minimizar la carga administrativa de los operadores”.

La biomasa forestal deberá proceder de explotaciones sostenibles

Como estaba previsto, el borrador establece áreas con alta valor en biodiversidad de donde queda prohibido extraer biomasa, que incluye bosques primarios y espacios protegidos, entre otros. También pide que se evite “el indeseable cambio de uso de la tierra, con el fin de evitar posibles efectos no deseados por el aumento de la utilización de biomasa para energía”. Estos criterios no se aplicarían a la biomasa procedente de residuos, como el licor negro y otros desechos de la industria papelera, el aserrín de los aserraderos y el estiércol del ganado.

Otro de los criterios incluidos en el borrador de la directiva es asegurar que la biomasa de procedencia forestal provenga solo de explotaciones que llevan a cabo una gestión sostenible, establecida a escala mundial a través del sustainable forest management (SFM) y a otros niveles por reglamentos y sistemas privados, como el Forest Stewardship Council (FSC) o el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Por último, el borrador afirma que para garantizar el costo-rentabilidad de las instalaciones, los criterios mencionados se aplicarán sólo a las plantas de biomasa con una capacidad igual o superior a 1 MW en electricidad y de 2,5 MW de energía térmica. Según los primeros textos previos propuestos, la potencia era de 1 MW para ambas modalidades. En cualquier caso, y a pesar de que en la presentación de dichos textos se afirmó que en 2012 estaría cerrado el definitivo, el borrador ahora conocido tiene que pasar por varias direcciones generales de la CE, por lo que le queda aún un largo recorrido hasta su versión definitiva y tampoco estará disponible para este 2013.

 

GESTORES DE RESIDUOS

El gobierno de Gales acaba de acordar un paquete de financiación de 4,2 millones de libras para una planta de generación de energía a partir de residuos en Cardiff. Este gobierno da así un paso más en su objetivo de enviar cero residuos a vertederos.

Las instalaciones, que estarán disponibles en 2016, están siendo construidas por la empresa Viridor y servirán para convertir en energía los residuos no reciclables. Se espera que la planta pueda recibir residuos de varias ciudades del sur de Gales y así proporcionar energía suficiente para abastecer a 50.000 hogares al año, lo que supondría un ahorro de unos 20 millones de libras anuales.

Gales recicla actualmente el 52% de sus residuos y está en camino de cumplir el objetivo de reciclar el 70% en el año 2025. Se espera que esta planta incineradora pueda ayudar a lidiar con los residuos que no pueden ser reciclados o compostados, en vez de enviarlos al vertedero.

Alun Davies, ministro de Recursos Naturales, ha declarado que el envío de residuos a vertedero es “literalmente, tirar el dinero“. También ha argumentado que actualmente Gales se enfrenta a una situación financiera complicada y sin precedentes y que deben realizar grandes esfuerzos para mejorar los servicios con menos recursos, por eso cree que este proyecto puede conseguir un ahorro de dinero “que en su lugar se puede gastar en nuestras escuelas, bibliotecas y caminos“.

Este proyecto se ha enfrentado, no obstante, a la oposición de algunos grupos ecologistas, que creen que la planta obligará entregar una cierta cantidad de residuos a incineración, lo que provocará menos incentivos para el reciclaje.

 

RADIOCABLE

La revista de EEUU se muestra en un artículo de Kelly Phillips Erb titulado “Sin ideas y endeudada, España estudia gravar con impuestos el sol” muy crítica con la última reforma energética del gobierno español sobre renovables. Señala que se busca reducir la deuda con impuestos y multas “increiblemente onerosos” sobre el mismo comportamiento que antes alentaron. Incluso advierte que puede provocar “desobediencia civil a gran escala”.

Forbes detalla la apuesta de España por la renovables en la última década y señala: “ese convirtió en uno de los primeros países del mundo en capacidad de energia solar fotovoltaica instalada. Pero quiza tuvo demasiado de una cosa buena. España genera tanta energía solar, segun su gobierno, que la capacidad de producción supera a la demanda en más de un 60%. Ese desequilibrio ha creado un problema para el gobierno, que ahora se encuentra en deuda con los productores. Y no por poco. La deuda se dice que ha crecido a casi 26 millones de euros.”

El texto añade: “¿Y cómo salir de ese tipo de deuda? Pues proponiendo impuestos y multas increiblemente onerosos, por supuesto. Y lo hace exactamente sobre el comportamiento que alentó y suvencionó antes: el uso de paneles de energía solar. Asi es. España intenta ahora reducirlo mediante la imposición de un impuesto a los que utilizan los paneles. Da la sensación de que los funcionarios del gobierno se habían quedado sin ideas, y mirando al cielo un día, pensaron: `¡Ya lo tengo! Vamos a gravar el sol!´”

Y asegura: ” Pero esperen, aun se pone peor. El uso de paneles solares hizo posible que muchos en el país produjeran su propia energía por menos dinero de lo que habrían pagado a las eléctricas, incluso generaban suficiente electricidad solar para vender el excedente. Pero esto, también resultó un problema y el gobierno también está acabando con eso: como parte de los esfuerzos de reforma (es decir: medidas desesperadas), habrá una prohibición de la venta de energía extra. La medida ya es muy impopular y algunos temen que el resultado será la desobediencia civil a gran escala. Es decir, que los españoles simplemente decidan no cumplir la ley“.

 

CINCO DÍAS

La empresa de ingeniería, construcción e integración de sistemas Sener, baraja ampliar su presencia en Brasil, donde desembarcó en 2010 con la apertura de oficinas de Sao Paulo.

El abanico de oportunidades que se presenta para la compañía, según avanza en su revista corporativa, pasa por la necesidad que tiene el país de desarrollar nuevas infraestructuras civiles, traducido en nuevos puertos, aeropuertos, carreteras y redes de transporte urbano, ámbito en el que ya está presente al contribuir al desarrollo del control de calidad del estadio de fútbol de Itaquerao, sede inaugural del Mundial de Fútbol 2014. Sin embargo, las expectativas de Sener van mucho más allá de eso, ampliándose a segmentos como el energético, naval y aeroespacial.

En cuanto a energía, la firma pretende aprovechar su experiencia en los segmentos de biomasa, centrales térmicas, regasificadoras, ciclos combinados y nuevas refinerías para rentabilizar el tirón que el avance que las novedosas unidades de energía tienen en este país. De hecho, uno de sus primeros contratos adjudicados fueron los trabajos de ingeniería en la planta de regeneración de aceites usados de Río de Janeiro, que más tarde daría sus frutos al asociarse con Petrobras en 2011.

Los 8.000 kilómetros de frontera marítima también ha dado juego a Sener. La buena acogida que ha tenido su software para el diseño de construcción de buques Foran, del que tienen licencia varios organismos y escuelas por el país, pretende servir de precedente en la andadura que la empresa ha comenzado en el sector naval brasileño.

Dentro del campo aeroespacial, en Sener confían en la necesidad que tiene el gabinete de Dilma Rousseff de garantizar la seguridad del país, tanto en sus fronteras como en los futuros eventos deportivos. Es aquí donde pretende aprovechar su experiencia en el área de defensa, materializada en sistemas de vigilancia de fronteras y defensa activa ante amenazas aéreas o terrestres. Además, dentro del ámbito de la aeronáutica, la firma lucha por ser proveedor del fabricante de aviones Embraer.

Refuerzo con la suma de dos ingenierías locales

Sener ha reforzado recientemente su presencia en Brasil a través de la integración de dos empresas locales de ingeniería, Setepla y Exen. Miguel Méndez, director para Latinoamérica, espera que “se transmita con éxito la cultura de Sener, basada en los valores de compromiso, innovación e independencia”. El director de la compañía en el país, Guido Casanova, afirma que el objetivo pasa por “ser la empresa de ingeniería y construcción referente en Brasil”. Como reto añadido, quieren que sus clientes y socios les reconozcan como constructores además de ingenieros, con capacidad de llevar a cabo una obra completa de principio a fin, “tal y como se nos percibe en muchos otros países de Latinoamérica, donde ya hemos trabajado en proyectos grandes junto con socios muy importantes”, afirma Casanova.

 

GESTORES DE RESIDUOS

Isabel Bonig, consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, ha reconocido que es urgente abordar el tema de la implantación de plantas incineradoras en la comunidad, ya que en 2020 varios de los vertederos existentes podrían estar colmatados.

Bonig hizo hincapié en la importancia de abrir un debate sobre las plantas de valorización energética, en las que se incineran residuos para obtener energía eléctrica. La consejera anunció también que después del verano se convocará una comisión de expertos para que valore el número de plantas, dónde y de qué tipo sería necesario instalar en la Comunitat.

“Me gustaría informar a la sociedad de los beneficios de la valorización energética y con este propósito estamos cerrando unas jornadas específicas para noviembre, en las que participarán catedráticos, ecologistas o gestores de plantas que ya funcionan para explicar a la ciudadanía que no suponen ningún problema. De hecho, varias capitales europeas disponen de estas instalaciones en el centro de ciudades“, anunció la consejera.

Según Bonig, “la valorización energética la impone Europa, que le da prioridad sobre los vertederos“. “El actual sistema de eliminación de residuos en vertederos implica enterrar energía calorífica, riesgos medioambientales por las posibles filtraciones de lixiviados y exige un mantenimiento durante 30 años“, por lo que, según la consejera, “hay urgencia por plantear de forma responsable el tema de las plantas de valorización“. “Pese a que en Europa funcionan más de 400 incineradoras en España son apenas una decena. Queramos o no, gobierne quien gobierne, hay que tratar los residuos, y hemos evolucionado mucho tecnológicamente“.

Es probable que la forma en la que se materialicen estas instalaciones sea la de concesión de explotación mediante concurso público. “Se podrán presentar tanto empresas energéticas como de cualquier otro tipo, hay constructoras con una fuerte rama medioambiental que probablemente estén interesadas. Estas plantas no generan demasiado empleo directo, pero sí indirecto“, añadió. “Somos líderes en el reciclado de residuos industriales, disponemos de tecnología avanzada pero quizá este tema es un poco desconocido. La gente tira la basura y se olvida del proceso posterior, y creo que ahí entra la labor de los políticos“, concluyó la consejera.

El secretario de Infraestructuras y Sostenibilidad del PSPV-PSOE, Francesc Signes, ha mostrado su desacuerdo con la consejera y ha indicado que “esta afirmación es falsa, ya que en Europa están cerrando muchas incineradoras, y en palabras del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potonic, la incineración no es el mejor medio de gestión de residuos y se debería incinerar menos“. Según el PSPV, el nuevo PIR “sigue apostando por el vertido de Residuos Sólidos Urbanos“.

 

CINCO DÍAS

Con fecha de 23 de julio, el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), publicó el pliego para “la contratación de servicios de asistencia especializada” a dicho ministerio, con el fin de elaborar “estudios y análisis de estándares (..) bajo distintas hipótesis y escenarios de las instalaciones de generación de electricidad en régimen especial”, esto es, renovables y cogeneración Según el citado pliego, al que ha tenido acceso CincoDías, el presupuesto para el proyecto dirigido a consultoras “independientes, de contrastada solvencia y reconocido prestigio” se fija en más de un millón de euros: 900.000 euros más el IVA.

Como el IDAE busca tres consultoras no se admitirán presupuestos de licitación por encima de los 300.000 euros, siempre sin IVA. Fuentes del sector aseguran que el IDAE, que será el encargado directo de la elaboración de los polémicos estándares, será el que pague el estudio con sus fondos. Las mismas fuentes aseguran que no se trata de un concurso abierto, sino de “una invitación” que se ha cursado a un grupo de consultoras. De las que se presenten, saldrán elegidas tres.

Con la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio cambió radicalmente el mecanismo de retribución de las plantas de energías renovables. Con la nueva regulación desaparece el sistema de primas a la producción y se instaura uno nuevo por el que se le reconocen los costes de inversión y una rentabilidad del 7,5%. Dicha rentabilidad se calcula teniendo en cuenta toda la vida útil regulatoria de la planta y la retribución se fijará tomando como referencia los costes de “una empresa eficiente y bien gestionada”, que servirán de parámetros.

El pliego de condiciones técnicas para la contratación de las consultoras tiene ocho páginas y en su introducción reconoce que, “dada la importante repercusión económica y social” que tendrá la futura regulación de las renovables, el IDAE ha sido requerido expresamente por la Secretaría de Estado de Energía para la realización urgente de los trámites para la contratación de las consultoras.

Esta y el IDAE elaborarán el estudio para determinar los estándares de costes tanto de inversión como de operación de las tecnologías del régimen especial. Concretamente, de las siguientes: solar termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, cogeneración, minihidráulica (hasta 10 MW de potencia), hidráulica de mediana potencia (entre10 y 50 MW), biomasa, biogás, combustión y tratamiento de residuos.

El estudio hará, por un lado, un análisis histórico de las variables de costes y, por otro, hipótesis sobre los costes a futuro, así como contraste de modelos de rentabilidad desarrollados por el IDAE. Tanto los análisis sobre el pasado como las hipótesis de futuro se harán por tecnologías; por tipo de costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible) y por año de puesta en operación (hasta 2013 para el análisis del pasado de acuerdo con la capacidad instalada cada año y desde 2014 a 2020, en el caso del estudio a futuro).

La adjudicación incluye asistencia técnica en caso de denuncias en los tribunales. Así, en el pliego para la adjudicación se señala que las adjudicatarias ofrecerán la asistencia necesaria, tanto al IDAE como al Ministerio de Industria, “en procedimientos judiciales y/o arbitrales en que pudiera ser parte la Administración del Estado”. En estos casos, las consultoras elegidas deberán defender los datos, hipótesis, cálculos, resultados, conclusiones y demás elementos relevantes”.

Los estudios se realizarán “en base a fuentes públicas”. Fuentes empresariales aseguran que, en ningún caso, estas firmas podrán hacer uso de los datos que de manera directa le puedan proporcionar las empresas afectadas por el nuevo sistema retributivo. El plazo de ejecución será de seis semanas desde la firma del contrato, después el IDAE dispondrá de dos meses para solicitar mejoras, que las consultoras deberán realizar en dos semanas. Todo ello hacer prever que el nuevo sistema incluido la reforma eléctrica no estará listo hasta finales de año.

 

GESTORES DE RESIDUOS

Según un informe publicado por Amigos de la Tierra sobre el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, el compostaje doméstico puede ahorrar de 800 kilos a una tonelada de CO2 comparado con el traslado y el procesado en la planta de productos orgánicos.

La consultora independiente ImclanCO2 ha sido la encargada de realizar el estudio en el que se han analizado las emisiones de los actuales sistemas de gestión de residuos orgánicos (vertedero, incineradora, biometanización, y compostaje doméstico) desde la recogida hasta su tratamiento posterior.

Este proyecto, que ha contado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha valorado todos los agentes relacionados con la huella del carbono, desde el agua utilizada hasta la electricidad y el transporte, siendo este último el que más gases de efecto invernadero genera. El estudio ha concluido que el compostaje en los domicilios o en centros comunitarios próximos, puesto que no necesita transporte, provoca “emisiones nulas”.

Alodia Pérez, responsable del área de Recursos naturales de Amigos de la Tierra, ha recalcado la necesidad de que las Administraciones Públicas promuevan iniciativas de compostaje descentralizado en ubicaciones próximas a los municipios.

Peréz también señaló que “es necesario llevar a cabo una recogida selectiva a través de un quinto contenedor o el puerta a puerta, si se pretende hacer un compostaje eficiente con las plantas con las que ya cuenta el Estado” y ha recordado que actualmente los biorresiduos se depositan en el contenedor “resto” donde se mezcla todo tipo de residuos que no tienen cabida en contenedores específicos.

 

ENERGÍAS RENOVABLES

Lo dice la Comisión Europea: la eficiencia energética es la forma más rentable de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir nuestra alta dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, que en el caso español representan en torno al 4% del PIB anual. Por tanto, ahorrar energía y utilizarla de forma más eficiente es, también, una herramienta fundamental para generar riqueza y salir de la crisis.

En 1991, España era más eficiente energéticamente que los países de la UE15. Dos décadas después, la eficiencia energética en este país no solo ha caído por debajo de la media de la UE15 sino que se halla, incluso, por debajo de la media de la UE 28, esa en la que también convivimos con Chipre, Bulgaria o Estonia,  por poner tres ejemplos.

El hecho de que cada vez usemos más cantidad de energía para producir una unidad de PIB no impidió, sin embargo, que el gobierno español dijera no, en octubre pasado, a la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27UE). Tampoco parece que las medidas para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico que el Ejecutivo ha  puesto encima de la mesa propicien el ahorro energético, como han denunciado partidos políticos, la totalidad de las asociaciones de renovables, sindicatos y organizaciones ecologistas y de consumidores.

Sorprende que en estos momentos en que el Estado obliga a realizar a los propietarios de los edificios, bien para alquilar o para vender, una calificación energética, con la intención de que los compradores o arrendatarios tengan en cuenta que el consumo de energía es un punto destacable,  el ministerio de Industria quiera imponer barreras al autoconsumo con balance neto –una clara forma de eficiencia energética–  cuando el de Fomento saca adelante una ley (la ley 8/2013) de rehabilitación de edificios que establece como una prioridad el uso de las energías renovables y el ahorro energético. O que Industria desoiga a la Comisión Europea cuando ésta asegura que prescindir del ahorro de energía es un grave error. Como señala la CE,  se trata, de hecho, de una herramienta determinante para reducir la dependencia energética (50% en la UE, 80% en España) y rebajar la factura –406.000 millones de euros anuales– que paga Europa en importaciones de petróleo, gas y carbón, cifra equivalente al 3,2% del PIB de la UE, que en el caso español ronda el 4% del PIB.

Para reducir esa factura, Europa tiene varias actuaciones en marcha, entre otras abrir la competencia para conseguir un mercado energético integrado en la UE, lo que puede generar ahorros a los consumidores de hasta 35.000 millones de euros, así como cumplir los objetivos de renovables. La Comisión considera que la plena aplicación de la Directiva de Renovables puede ahorrar 8.000 millones en 2020 por reducción de costes del sistema y crear tres millones de nuevos empleos. Además, la UE va a duplicar la ayuda económica destinada a eficiencia energética en el periodo 2014-2020 y destinará un 20%  de los fondos FEDER a este capítulo, algo de lo que podrían beneficiarse de manera considerable los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Empecemos por los edificios 

La construcción representa el 40% del consumo energético total de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de un sector clave para avanzar en el objetivo europeo de prevenir el derroche energético y limitar el calentamiento global. Y los márgenes de mejora son muy amplios. Según el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), más del 80% de los 25 millones de edificios que hay en España necesita una rehabilitación energética.

Actuar en los edificios con este criterio contribuiría, además, a salir de la crisis. “Rehabilitar el 50% de los edificios con los criterios de la Directiva 2010/31/UE de Edificios de Consumo de Energía casi Nulo y el impulso a los contratos de servicios energéticos podría suponer la creación de hasta un millón de empleos en el sector de la construcción y de las empresas de servicios energéticos (ESE,s) y, al mismo tiempo, revalorizar los edificios en un 20%”, mantiene Javier García Breva, uno de los principales analistas de la política energética española, impulsor de un nuevo modelo energético y presidente de la Fundación Renovables. “También supondría un ahorro para los consumidores de unos 7.000 millones de euros al año. Por todo ello, debería ser premiada con los instrumentos financieros y fiscales adecuados”, añade.

Coincidiendo con este planteamiento, la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) aseguraba a principios de junio –mes en que se ponía en marcha la obligatoriedad de Certificación de Eficiencia Energética en los edificios–que “mediante una correcta auditoria y un paquete de medidas optimizado se pueden reducir los consumos energéticos, y por tanto los costes operativos de algunos edificios, hasta más de un 50%”: La sosteniblidad, añadía la  asociación, “es un elemento diferenciador en el mercado actual, que aporta beneficios tangibles para todos”.

De acuerdo con la ACI, aspectos como el uso de la iluminación, acceso a la luz natural y vistas, monitorización de la calidad de aire interior y otra serie de medidas encaminadas a aumentar el bienestar y la productividad de los ocupantes de viviendas y oficinas son beneficios que únicamente se pueden encontrar en aquellos edificios diseñados y operados bajo criterios de sostenibilidad. Estudios realizados por el US Green Building Council demuestran que en este tipo de inmuebles la productividad aumenta entre un 2% y un 16%, y el absentismo se reduce entre un 14% y un 48%.

También las comunidades de vecinos están cada vez más sensibilizadas con la importancia de reducir los gastos compartidos en energía y, a través de una gestión inteligente de la demanda, ahorrar. Según los cálculos realizados por la firma de ingeniería y servicios energético Euroconsult y teniendo en cuenta que en España hay unos nueve millones de edificios de viviendas, usar mejor la energía en las comunidades de vecinos permitiría ahorrar hasta 1.260 millones de euros anuales.

Este ahorro se conseguiría, fundamentalmente, gestionando de manera correcta el gasto de energía en ascensores, alumbrado y calefacción, que representan una parte importante de los gastos de comunidad. La calefacción (55%) y la iluminación (40%) son las dos partidas que más energía absorben, según Euroconsult. Y la mayor parte de las veces, ni siquiera hacen falta grandes actuaciones. Con solo actuar en la iluminación de los ascensores, por ejemplo, dotándolos de detectores de presencia para que enciendan las luces de la cabina solo cuando están ocupados y no permanentemente, se podría conseguir un ahorro extraordinario. La Federación Española de Asociaciones de Empresas de Ascensores (Feeda) calcula que dicho ahorro energético podría superar los 400 millones de kWh cada año. Una cifra que equivale al consumo medio en electricidad de mas de 100.000 hogares. Además, se evitaría la emisión de 120.000 toneladas de CO2. 

Generando empleo

Contar con un objetivo público de ahorro energético es, asimismo, determinante para generar empleo, como señala, entre otras organizaciones, el Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña (CEEC). El Clúster indica que otra de las ventajas es que se generan empleos de proximidad, ya que, además de la instalación de las medidas de eficiencia energética propiamente dichas, las empresas completan el ciclo con el seguimiento y mantenimiento de estas instalaciones. De todo ello se beneficiaría, claramente, el sector de la rehabilitación y de las auditorias energéticas, lo que de paso contribuiría a la reconversión de los profesionales del sector de la edificación en España.

Ese es, precisamente, el objetivo del proyecto Revilicia, que se pondrá en marcha en septiembre. Está impulsado por el Cener y la Fundación Biodiversidad (dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) con el objetivo de gestionar las ayudas del Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013. Según Cener, Revilicia beneficiará a las 61 empresas e instituciones seleccionadas en la convocatoria 2012 del programa Empleaverde y permitirá que 390 técnicos procedentes del sector de la construcción se formen en los conceptos de rehabilitación y auditorias energéticas gracias a una plataforma e-learning, creada específicamente para el desarrollo de cursos especializados online de formación a distancia.

Revilicia pretende, además, generar oportunidades de negocio y fomentar la creación de empresas a través de su tablón de anuncios online, y promover medidas de ahorro en la edificación mediante la difusión de información a través de su área de acceso público. El proyecto incluye, asimismo, el desarrollo de un estudio específico de transformación de edificios existentes hacia edificios de consumo de energía casi nulo. El objetivo de este estudio –explica Cener– es obtener un diagnóstico general del estado actual del parque español de viviendas en términos de consumo de energía, establecer los criterios de ahorro y cuantificar su potencial de mejora hacia ese concepto de edificio de consumo de energía casi nulo.

Otra referencia, en este caso en edificios industriales, la encontramos en el proyecto europeo Green-Foods, que ofrecerá durante los próximos dos años una serie de servicios de asistencia técnica a las empresas alimentarias con el objetivo de ayudarles a conseguir una elevada eficiencia energética y a reducir emisiones contaminantes. Las empresas que participen en este proyecto serán sometidas a auditorias energéticas, que les permitirán detectar las posibles medidas para reducir su consumo energético (por ejemplo, mediante la recuperación y uso de flujos de calor residual) y las posibilidades de integración de fuentes de energía renovable, como solar térmica o biomasa. El proyecto estudiará también los mecanismos de financiación existentes, ya que la falta de recursos económicos constituye una barrera para la implementación de tecnologías innovadoras, especialmente en el caso de las pymes.

Hacia un nuevo modelo de ciudad

Avanzar hacia un modelo eficiente de edificación, urbana e industrial, es avanzar, también, hacia un nuevo modelo de ciudad, basado en la sostenibilidad y en satisfacer las necesidades del ciudadano.

El Libro Blanco Smart Cities, presentando a principios de años por el Cluster de Energías Renovables de Madrid Network y las empresas Ernst & Young, Ferrovial Servicios y Enerlis, pretende demostrar que los beneficios que se obtienen con el desarrollo de estas ciudades inteligentes son mayores que las inversiones necesarias para su implementación.

Con este fin, el documento presenta una serie de reflexiones sobre las claves que toda Smart City (Ciudad Inteligente) debe tener en cuenta. A saber: el gobierno, que debe ser transparente; la movilidad, que debe ser eficiente; la sostenibilidad, que debe ser el horizonte; la población, que debe ver satisfechas sus necesidades; y la economía, que es el marco. Para alcanzar estos objetivos, indican los analistas del Libro Blanco, hay que utilizar la innovación tecnológica como un importante punto de apoyo, aprovechando todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), como ya se hace en las ciudades finlandensas de Tampere, Oulu y Turku,o en las danesas de Aalborg, Aarhus y Odense; algunas de las urbes que el Libro Blanco ofrece como referencia.

El informe también recoge ejemplos en España, como “la primera calle inteligente de Cataluña“, situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En ella, los paneles informativos avisan de los aparcamientos libres, las farolas se encienden según la franja horaria y el tránsito de peatones, el riego se activa en función de la humedad de la tierra, los contenedores avisan a la empresa del estado de su capacidad y las papeleras compactan los residuos y alertan de su volumen. La iniciativa funciona en tiempo real y de manera continua para optimizar los recursos y por lo tanto reducir su gasto, tanto económico como ambiental.

Muchas otras ciudades españolas están avanzando en esa misma dirección, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. Por ejemplo,  el alcalde de Valladolid firmaba hace unos días un convenio de colaboración con la multinacional francesa Schneider para el desarrollo conjunto de un programa específico Smart City para la ciudad, que permitirá a la ciudad castellano-leonesa mejorar su movilidad y avanzar en la eficiencia energética y la sostenibilidad del parque inmobiliario, especialmente de los edificios públicos.

La primera smart city andaluza

El proyecto Smartcity Málaga, liderado por Endesa y en el que participan otras 11 empresas, 14 centros de investigación y cinco organismos oficiales, es otra de las principales referencias dentro de España. Esta iniciativa, iniciada en 2009 y desarrollada en el distrito Playa de la Misericordia de Málaga, ha contado con la participación de 300 clientes industriales, 900 empresas de servicios y 11.000 clientes domésticos y ya ha demostrado que es viable un nuevo modelo de gestión energética para las ciudades, al alcanzar los objetivos iniciales de ahorro energético del 20%, reducción anual de 6.000 toneladas de emisiones de CO2 y una mejor integración de las renovables en la red de distribución.

Según indica Enel, estos objetivos se han alcanzado “gracias a la óptima integración de las fuentes de energía renovable, al acercar las instalaciones de generación eléctrica a los usuarios finales”. Así, se instalaron paneles fotovoltaicos en los edificios públicos, se recurrió a la micro generación de energía solar en una serie de hoteles y también se instalaron microsistemas de energía eólica en la zona. Además, se emplearon sistemas de almacenamiento para que la energía renovable pudiera usarse posteriormente para la refrigeración de edificios, el alumbrado público y el respaldo de la red. Y se reforzó la investigación en movilidad eléctrica, con la instalación de estaciones de recarga y la introducción de una pequeña flota de vehículos eléctricos.

Ahora comienza la fase dos. En esta segunda etapa, la investigación se centrará en análisis de indicadores de eficiencia, operación avanzada de la red, servicios de gestión de contadores a distancia, ciberseguridad y medidas de ahorro energético para clientes residenciales y de gran consumo, así como edificios, además de la integración de renovables, el almacenamiento y la movilidad eléctrica dentro de la red de la ciudad.

Barcelona también está avanzando con determinación en el camino de la sostenibilidad urbana. Una referencia de ello es el proyecto Recargo. Está impulsado por las empresas E.ON, Urbaser y Circutor e integra la alimentación de vehículos eléctricos para servicios urbanos a través de cuatro puntos de carga alimentados con una instalación fotovoltaica de 16 kWp. La instalación estará operativa para ser visitada en el marco del simposio internacional de Vehículos Eléctricos EVS27, que se celebrará en la ciudad Condal del 17 al 20 de noviembre.

En www.energias-renovables.com y en la revista Energías Renovables venimos publicando desde hace meses muchas otras informaciones que dejan constancia de la apuesta que ayuntamientos,  empresas, universidades, diferentes organismos y, a veces, simplemente ciudadanos de a pie, están haciendo en pro de la sostenibilidad energética. En realidad, es un imperativo: no podemos seguir calentando el planeta, y el uso eficiente de la energía  es un instrumento de enorme valor para lograrlo.

 

LA VOZ DE GALICIA

Todas las medidas suponen recortes en las retribuciones que perciben las compañías, bien por distribuir, bien por transportar, bien por producir. En total, 900 millones menos para las empresas, pero más para el ministerio, que prevé sumar otros 900 millones por la reciente subida del recibo de la luz a los consumidores. Pero de entre ese lote de medidas hay una que el sector lleva meses pidiendo a gritos, apoyado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en un informe de diciembre pasado ya aconsejaba lo siguiente: hibernar centrales eléctricas, es decir, cerrarlas temporalmente.

La reforma energética abre esta posibilidad por primera vez en la historia energética de España. ¿Por qué ahora y por qué lo demandaban las compañías? Porque la alegría constructora de centrales -especialmente de las de ciclo combinado- de los últimos años se ha topado de bruces con una acusada contracción de la demanda eléctrica (5,1 % menos en el último lustro) y, al mismo tiempo, con una elevada producción de las tecnologías renovables. Estas últimas tienen preferencia para entrar en la subasta diaria de energía en la que se compran los megavatios que se van a consumir.

Los ciclos, por tanto, se han visto desplazados en los últimos años en el pool o mercado eléctrico. De hecho, el último dato oficial es que están funcionando al 10 % de su capacidad. Los ingresos no alcanzan ni de lejos para costear su amortización y mantenimiento. Pero, hasta ahora, las empresas estaban obligadas a mantener estas centrales en activo sí o sí. Bien es cierto que a cambio reciben pagos por capacidad, que suponen 26.000 euros anuales por megavatio instalado.

La reforma energética -en concreto, un real decreto pendiente de informe por parte de la CNE- recortará esos pagos y los dejará en 10.000 euros, pero a cambio se prolongará el período de vigencia de estas ayudas (de 10 a 20 años) y se permitirá hibernar ciclos.

Pero ¿cuáles? La propuesta de real decreto establece que no se podrán cerrar al tuntún, se decidirá en una subasta, con un informe por medio de Red Eléctrica que garantice que el suministro eléctrico no se verá afectado y durante un período de un año. En principio, parece que se tendrá en cuenta aquellas zonas donde exista mayor concentración de ciclos combinados. ¿Cuáles son estas? Como se aprecia en el gráfico superior, la costa mediterránea, de Cataluña a Andalucía, pasando por Murcia, es donde más centrales de gas hay de todo el territorio nacional. En Galicia solamente hay dos: una de Gas Natural Fenosa, en Sabón (Arteixo); y otra de Endesa, en As Pontes.