LA VANGUARDIA
El edificio del Ayuntamiento en la plaza Sant Jaume comprará la electricidad que consuma desde el 1 de julio a la nueva empresa pública Barcelona Energia, la comercializadora de propiedad municipal impulsada por el propio Ayuntamiento. Las oficinas municipales, equipamientos culturales, centros deportivos y edificios propiedad del consistorio se irán conectando a la nueva suministradora a lo largo de este mes de julio. También pasarán a depender de ella el alumbrado y la señalización de las calles.
En total, 3.908 puntos de suministro que pasarán a pagar la luz al ente propio creado para ello a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa), dependiente del Ayuntamiento y del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Gran parte de la energía proviene de la incineradora de Sant Adrià de Besòs
Los técnicos calculan que la medida supondrá un ahorro de 710.000 euros anuales para el Ayuntamiento, pero desde el gobierno municipal reconocen que no lo han hecho por dinero. La alcaldesa, Ada Colau, lo define como “un cambio de paradigma y de modelo que permite autoabastecernos como ciudad a través de la energía renovable”.
Pese a ello, lo cierto es que gran parte de la energía proviene de la incineradora de Sant Adrià de Besòs que gestiona Tersa. De los 200 GWh/año que genera Barcelona Energía, 180 provienen de esa planta de valorización de residuos, 18 de la planta de adecuación de biogás –también de Tersa– en el vertedero del Garraf y únicamente 2 GWh/año se originan en las placas fotovoltaicas de la ciudad.
Una quinta parte se ofrecerá a la ciudadanía
El siguiente paso en el que ya trabaja el gobierno municipal será ofrecer el servicio también a la ciudadanía. La legislación existente marca que el 80% del consumo de la comercializadora pública ha de ser propio y solo el 20% se puede ofrecer a particulares. “La cifra de clientes se establecerá en función del número de servicios municipales a los que preste servicio la comercializadora para ajustarse al porcentaje establecido”, explica el concejal de Energía, Eloi Badia. En un principio podrían desconectarse de su comercializadora actual unas 20.000 familias, que pasarían a recibir la factura de la empresa pública a partir de enero del año que viene.
Badia, que también es vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, apunta que “se abrirá la posibilidad a todas aquellas personas que estén interesadas”, sin priorizar ningún colectivo en concreto. La legislación actual, que podría cambiar con la llegada de los socialistas a la Moncloa, impide que las fincas con placas solares puedan autoabastecerse, así que Barcelona Energia tiene intención de compensar económicamente la producción de energía renovable para promover y estimular la generación local.
Por su parte, el Àrea Metropolitana de Barcelona ya ha iniciado los trámites para que la comercializadora pueda operar también en los municipios del entorno de la capital catalana. La intención es que en enero de 2019, cuando se abra a los particulares, ya puedan aspirar a ello todos los vecinos de cualquiera de los 36 municipios metropolitanos.
En paralelo, el AMB ya está trabajando con diversos ayuntamientos para que hagan como el de Barcelona. Dicha operación es fundamental si quieren alcanzar más clientes privados ya que, debido a la limitación del 20% para particulares, solo podrán tener un mayor número de clientes si cuentan con más administraciones autoabasteciéndose.