EL MUNDO

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor”s (SP) considera que las medidas incluidas en la reforma energética, entre las que figura una nueva metodología de retribución para el régimen especial, “podría golpear duro al sector de las renovables“.

Pese a la dificultad para determinar con detalle el impacto de las medidas sobre esta actividad, la agencia considera que “podrían tener un efecto significativamente adverso sobre la calidad crediticia del sector de rápido crecimiento de las renovables en el país”.

“Las cifras finales de cómo las inversiones específicas resultarán remuneradas no podrán conocerse hasta la publicación de todas las cargas regulatorias”, pero “somos de la opinión de que las medidas suponen una completa revisión del sistema que remunera a los productores de renovables” indica.

Nuevo mecanismo de retribución

S&P considera que el nuevo mecanismo de retribución, en el que las renovables cobrarán el precio de mercado y recibirán un pago complementario que garantice una rentabilidad del 7,5% con respecto al coste de inversión, ofrece “un mayor grado de discrecionalidad al Gobierno a la hora de determinar la remuneración”.

Por este motivo, la reforma “reduce la visibilidad y predictibilidad en el flujo de caja de los productores de renovables”, lo que ya es de por sí “negativo” para el perfil crediticio, especialmente en proyectos en los que S&P analiza la capacidad de cobertura de los servicios de la deuda.

El cambio sería además “retroactivo” en la medida en que afectará a los proyectos existentes en operación. “En un primer vistazo, nos parece que los proyectos y tecnologías más antiguos van a resultar más dañados, ya que muchos de ellos ya han alcanzado e incluso superado el nivel de ”rentabilidad razonable”, por lo que podrían dejar de recibir apoyo financiero por parte del Gobierno” señala.

La agencia de calificación indica que, hasta que el Gobierno no detalle los costes estándar de los proyectos, no es posible realizar una valoración “clara”, si bien es consciente de que el sector fotovoltaico ya prevé un recorte de ingresos que puede alcanzar el 40%, o de que alguna planta de cogeneración se puede ver forzada a parar.