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El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlado por Bildu, suspendió el pasado 12 de julio la ejecución de las obras de esta planta incineradora porque, según alegó, «el proyecto no cumplía la normativa medioambiental exigida por el Gobierno vasco».

Sin embargo, Ezeizabarrena ha desvelado, en una nota, que el Gobierno vasco «ratifica que la autorización ambiental integrada sigue siendo vigente y habilita la ejecución del proyecto», con lo que «Bildu ha vuelto a recibir otro varapalo contra su desaforada estrategia de atribuir irregularidades y endosar responsabilidades por decisiones propias al PNV».

«Una actitud -ha añadido- de huida hacia adelante que Bildu mantiene una y otra vez, no sólo con respecto al tema de la gestión de los residuos».

Ha señalado, en este sentido, que «ninguna de las comunicaciones o documentos aportados por GHK al Gobierno vasco contiene datos para la determinación de si las modificaciones sobre el proyecto son sustanciales o no, siendo su calificación un aspecto que compete exclusivamente al órgano ambiental y no al Consorcio».

Ezeizabarrena ha subrayado que, «si no se modifica la cantidad de residuos a tratar -y cualquier variación en este sentido siempre lo sería a la baja- la autorización ambiental otorgada tiene plena vigencia, como ratifica» el Gobierno vasco, que también ha advertido a GHK «de las consecuencias medioambientales que el abandono del proyecto puede tener en la parcela afectada por las obras en caso de abandono».

El juntero jeltzale ha destacado que Bildu es el «único responsable de la situación creada», al tiempo que le ha acusado de haber «metido a Gipuzkoa en un callejón sin salida» con la paralización de esta infraestructura, que «está costando ya 170 millones de euros» al territorio: «64 millones de indemnizaciones», «otros 60 de pérdida de ingresos por primas energéticas y 46 más de su gestión de pérdidas en GHK,según auditoría, en 2012».