DEIA

La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural de Bizkaia, Elena Unzueta, aseguró ayer que la planta de incineración y valoración energética Zabalgarbi es un “instrumento más” en el plan de gestión de residuos de la Diputación y abogó por buscar un consenso para mejorar su funcionamiento. A su juicio, el tipo de residuos que acaban en esta instalación puede ser mejorado y, para ello, es preciso trabajar con todas las entidades implicadas, según dijo.

La diputada se pronunció de esa forma en la comisión de Sostenibilidad y Medio Natural celebrada ayer, donde intervino a petición de EH Bildu, cuyo representante, Asier Lopategi, le instó a dar cuenta sobre el alto nivel de residuos urbanos susceptibles de ser reciclados que acaban en Zabalgarbi. Así, Lopategi destacó que, de los residuos que terminan en esta planta, el 85% son reciclables, por lo que se preguntó cómo se lograrán los objetivos marcados por la Unión Europea, que en 2020 determina que se debe acabar con la incineración.

La diputada señaló que algo más del 90,16% de los residuos urbanos de Bizkaia se aprovechan, lo que supone que Bizkaia es “un referente”, con niveles de reciclaje que se encuentran “entre los más altos” del país. La diputada, que invitó a los junteros de los distintos grupos a realizar una visita a Zabalgarbi, explicó que el segundo Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia (2010-2016) está llegando a su fin, por lo que planteó una “prórroga” del mismo hasta el 2020. Para ello, pidió que sea un trabajo “consensuado” entre todos los grupos. 

RESIDUOS PROFESIONAL

Una delegación de la Red Internacional de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI), liderada por el subdirector regional de la organización para Europa, Stefan Kuhn, se encuentra de visita en Euskadi para culminar los últimos detalles del programa de actividades de la 8ª Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles, que se celebrará en el País Vasco del 27 al 29 de abril. Los representantes de ICLEI han visitado las sedes de la Conferencia y los distintos emplazamientos previstos para las visitas técnicas de los más de 1.000 asistentes.

Stefan Kuhn ha destacado que “Europa se enfrenta a diversos retos sociales, económicos y medioambientales que requieren de acciones transformadoras urgentes”, y ha puesto de relieve papel clave de los gobiernos locales en la implementación de “políticas que transformen las ciudades en materia de energía, inclusión social, accesibilidad, salud, producción local y resiliencia, para lograr una economía sostenible, eficiente y baja en carbono”.

Así, la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, que se celebra un mes antes de la adopción de la Agenda Urbana de la Unión Europea, “presentará estas acciones transformadoras que definirán el futuro de Europa”, añadió.

Kuhn lleva cerca de 20 años en la sede europea de ICLEI y es un experto en geografía urbana. A su cargo está el desarrollo y supervisión de proyectos internacionales y planes estratégicos relacionados con el desarrollo urbano sostenible, y su liderazgo será clave en los resultados de la Conferencia que se celebrará en Euskadi.

Resultados de la Cumbre de París (COP21)

Esta conferencia será la principal cita continental para el debate y el intercambio de experiencias sobre sostenibilidad local, siguiendo la Cumbre de la ONU para la adopción de la Agenda para el Desarrollo 2015 y la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático que tuvo lugar en diciembre en París (COP21).

Esta cita internacional reunirá en el País Vasco durante cuatro días a cerca de 1.000 representantes políticos del ámbito municipal, regional y nacional de Europa. También se espera la participación de organismos multilaterales, miembros de la comunidad investigadora, sector privado y sociedad civil.

El objetivo es que el País Vasco se convierta en un punto de intercambio de conocimiento en el que se pueda debatir sobre temas como la gobernanza local, el potencial urbano, las ciudades eficientes y adaptadas a los efectos del cambio climático, o la nueva Agenda Urbana para Europa.

DIARIO MONTAÑÉS

El SOS a Cantabria llega desde el Gobierno foral de Gipuzkoa. La situación límite de su vertedero de Azpeitia que dejará de prestar servicio para todo el territorio el próximo 3 febrero, ha encendido todas las alarmas y ha obligado a las autoridades vascas a solicitar ayuda con urgencia a la comunidad autónoma cántabra. Tan fácil como que a partir del miércoles requerirán de una instalación en la que depositar la llamada ‘fracción resto’ de sus basuras, es decir los desechos inertes una vez separados de los orgánicos. La necesidad es extrema y de ahí la premura con la que ayer mismo el consejo de administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) aprobó cerrar un acuerdo con la sociedad pública cántabra Mare para utilizar las instalaciones de Meruelo. Aunque la necesidad real no está concretada, se apunta que se precisaría enviar al vertedero cántabro unos 20-25 camiones al día; y se añade que esa situación se puede mantener por espacio de tres-cuatro años hasta que Gipuzkoa cuente con una nueva instalación (la opción preferida es construir una planta en Zubieta que no estaría en servicio hasta 2019).

Aunque la petición vasca adquiere ahora carácter de emergencia, ni el Ejecutivo cántabro ni Mare ha recibido todavía una propuesta formal. Fuentes de Medio Ambiente confirmaron que se vienen manteniendo conversaciones desde hace meses para poder dar respuesta «a la grave situación en Gipuzkoa». Para Cantabria se trataría de atender «una petición por solidaridad entre autonomías» y al tiempo supondría «una oportunidad de negocio para Mare al incorporar a un nuevo cliente».

Tanto los técnicos de la sociedad pública cántabra como los de la Dirección General de Medio Ambiente ya han evaluado el impacto que supondría satisfacer la demanda vasca. La estimación inicial es que Meruelo acogería anualmente unas 50.000 toneladas procedentes de Gipuzkoa, por lo que en cuatro años se llegaría a las 200.000 toneladas. Con esos depósitos añadidos, el tiempo de vida de Meruelo, calculado en unos catorce años, apenas se resentiría ya que se reducirá en unos 24 meses. En contraprestación a ese servicio, Mare podría ingresar anualmente entre 2 y 3 millones de euros (dependiendo del precio final que se pacte), lo que ‘daría vida’ a una sociedad que en los últimos años marca sus balances por pérdidas millonarias que han requerido el rescate desde el Gobierno de Cantabria vía transferencias de capital. Además, se da por hecho que la llegada de este ‘inesperado cliente’ también tendrá un efecto directo sobre la creación de empleo para cubrir la demanda del nuevo tráfico. En palabras empleadas desde Medio Ambiente, se trata «de ser solidarios y además convertir en dinero la basura de otra autonomía que nos pide ayuda». En todo caso, los residuos se depositarían directamente ya que no se trata de desechos que precisen tratamiento.

El director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, confirmó que se han mantenido conversaciones con el Gobierno foral vasco, pero añadió que todavía no se ha adoptado decisión alguna ya que «no hay petición formal». Medio Ambiente tampoco había recibido ayer ninguna notificación sobre el acuerdo in extremis del Consorcio vasco. En el Ejecutivo bipartito se espera que sea mañana cuando definitivamente las autoridades vascas transmitan por escrito esa petición de auxilio y concreten sus necesidades reales. «Inicialmente –reiteraron fuentes cántabras– hemos contemplado una carga de 50.000 toneladas al año».

La decisión de la sociedad mercantil vasca GHK se adoptó ayer tras confirmarse el cierre parcial del vertedero de Lapatx (Azpeitia). Aunque no está colmatado, su propietario, la Mancomunidad de Urola Medio, ha adoptado de la decisión de impedir todo vertido que no proceda de sus propios municipios; es decir, a partir del 3 de febrero solo admitirá residuos de los ayuntamiento de Aizarnazabla, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bidegoian y Errezil. Con esa decisión el resto del territorio guipuzcoano se queda sin vertedero.

Fuentes de la Diputación guipuzcoana y el propio Consorcio recordaron ayer que se había solicitado una «moratoria» para el uso de la infraestructura, pero esa petición ha sido desestimada. Además, apuntaron que el convenio previsto era viable y derivaría en una ampliación del vertedero de Lapatx, «pero no ha sido posible por problemas políticos». Las mismas fuentes aseguraron que esa actuación para alargar la vida de la instalación disponía de informe técnicos y financiación.

REVE

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó hoy a duplicar las inversiones en energía limpia como una medida decisiva para evitar un incremento de las temperaturas por encima de los dos grados Celsius.

Durante un foro de inversionistas y cambio climático, el Secretario General solicitó elevar al menos a 660 mil millones de dólares los recursos destinados al sector para 2020.

Para prevenir un grave impacto del cambio climático, y en particular del incremento de las temperaturas, debemos cambiar nuestra matriz energética y depender cada vez menos de los combustibles fósiles, dijo.

De acuerdo con Ban, cobra particular relevancia apostar por las fuentes alternativas y la eficiencia energética en el actual escenario de calentamiento global, por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono.

La ONU promueve el uso de las energías eólica, solar e hídrica, mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica aboga además por un mayor empleo de la fuente nuclear.

Según el Secretario General de Naciones Unidas, quienes no logren reemplazar su matriz energética, “estarán en el lado equivocado de la historia”.

Existe consenso sobre la importancia de las fuentes limpias, pero muchas dudas acerca de la disponibilidad de recursos para alcanzarlas en los países pobres.

Este fue uno de los temas recurrentes durante la cumbre climática celebrada en París, Francia, el mes pasado, de la cual salió un ambicioso acuerdo universal.

A propósito del convenio para enfrentar el cambio climático, Ban señaló en el foro de hoy que ya invitó a los jefes de Estado y de Gobierno a la ceremonia de firma de ese instrumento, prevista aquí el 22 de abril.

EXPANSIÓN

También supondría la creación de 24,4 millones de empleos en el sector renovable para esa fecha.

Lograr un 36% de generación renovable en el mix energético global en 2030 supondría un incremento del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial del 1,1%, equivalente a 1,3 billones de dólares, según un informe publicado hoy por la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA).

El estudio «Beneficios económicos de las energías renovables», presentado hoy en la sexta asamblea de IRENA, analiza el impacto que tendría para la economía global duplicar el porcentaje de generación renovable en 2030 respecto a niveles de 2010.

El incremento en un 36% de la generación renovable en 2030 supondría también la creación de 24,4 millones de empleos en el sector renovable para esa fecha, respecto a los 9,2 millones de personas a las que emplea en la actualidad.

De esos 24,4 millones de nuevos empleos en 2030, 9 millones corresponderían al sector de los biocombustibles, 6,4 al solar, 5,5 al hidráulico, 3,3 al eólico y 0,2 a otras energías renovables.

El aumento de generación renovable supondría también una notable reducción de las importaciones de carbón, gas y petróleo por parte de los países, de la que se benefician especialmente los países de la Unión Europea.

«Este nuevo análisis nos dice que la tan necesaria transición energética no sólo serviría para luchar contra el cambio climático, sino también para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo», dijo Adnan Amin, el director del IRENA en la presentación del estudio.

RETEMA

En una entrevista emitida por Radio Líder Galicia, el Director General de PlasticsEurope, Manuel Fernández, habló de los resultados de una encuesta promovida por esta entidad y a través de la cual se extrae que prácticamente el 97 por ciento de los españoles se muestran a favor de la valorización energética de los residuos.

Fernández reseñó dos motivos fundamentales por los que decidieron abordar esta encuesta. Por un lado, para tratar de buscar una explicación sobre las razones por las cuales en España tenemos todavía un bajo porcentaje de recuperación energética de los desechos plásticos (16 por ciento), mientras que en diversos países avanzados de la Unión Europea, esta tasa se sitúa en el 75 por ciento. Y, por otro, el aparente rechazo social a este sistema.

A su juicio, el hecho de que no haya crecido la valorización energética se debe fundamentalmente a un tema legislativo y, por supuesto, a la opinión pública. Es por ello que apuntó a la necesidad de cambiar la normativa para que ésta pueda adaptarse a las nuevas necesidades, teniendo en cuenta que la corriente social es un factor importante que condiciona a los legisladores.

Entiende que “si se comunica correctamente, los ciudadanos comprenderán que la valorización energética de residuos contribuye a ahorrar en la importación de petróleo y gas del exterior”.

Reconoce que puede haber un cierto temor político de las instituciones a enfrentarse a una opinión pública que teóricamente estaba en contra de este modelo de tratamiento de residuos. En este sentido, aludió a experiencias relativas a la instalación de estas plantas, que generaron una importante contestación social, pero por parte de pequeños grupos. “Hay que saber si las personas que viven en el entorno de estas instalaciones han sido correctamente informadas sobre el cometido de estas infraestructuras y las medidas de seguridad adoptadas en las mismas”, recordando que “estas plantas son seguras por sí mismas desde hace muchísimos años en varios países europeos”.

Los datos

La encuesta fue contestada por 1.000 entrevistados (una muestra representativa muy importante), en la que se constata igualmente que los españoles rechazamos el uso del vertedero, donde de hecho acaban el 50 por ciento de los residuos plásticos en nuestro país.

Precisó que el plástico contiene el mismo valor calorífico que el gas natural, argumentando que, si bien tenemos una buena posición en reciclado mecánico de envases plásticos (nos situamos en el 34 por ciento y el país comunitario que mejor lo hace está en el 40 por ciento), no es así en el caso de la valorización energética, con una notable diferencia: 16 por ciento en España frente al 75 por ciento del Estado que más valoriza.

AEVERSU

Una encuesta promovida por PlasticsEurope pone de manifiesto que el 85,2 por ciento de los participantes en la misma consideran que recuperar la energía almacenada en los residuos constituye una medida buena o muy buena para reducir la dependencia energética exterior.

Por su parte, el 97,6 por ciento estaría a favor de utilizar los desechos que generamos como fuente de energía alternativa, habida cuenta de que, con ello, cabría plantear un abaratamiento de la factura de la electricidad, reduciendo el denominado “déficit tarifario”.

Asimismo, la disminución del consumo de electricidad constituye, para el 72,6 por ciento, otra de las medidas importantes a llevar a cabo, al igual que la mayor inversión en nuevas tecnologías, a la que se suma el 92 por ciento de los encuestados.

Respecto a la forma de gestionar los residuos, una gran mayoría, el 71,6 por ciento, considera malo o muy malo su depósito en vertedero, entendiendo el 97,2 por ciento que la mejor opción es reciclarlos para fabricar nuevos productos.

Por su parte, el 96,6 por ciento de las personas que han participado en el estudio opinan que utilizar los desechos para generar energía constituye una buena o muy buena medida, calificando de malo o muy malo enviarlos a terceros países para que sean tratados y reciclados.

Además, la mayoría de los entrevistados, aproximadamente dos de cada tres, afirmaron que no les importaría que se instalase en su entorno una planta no contaminante capaz de llevar a cabo un proceso de recuperación energética, considerando el 87 por ciento que les gustaría que en España estuviera prohibido el vertido para los residuos susceptibles de ser reciclados.

La encuesta, realizada en formato on line a través de un formulario conformado por cinco preguntas, se llevó a cabo en octubre de 2014, recabando datos procedentes de medio millar de cuestionarios.

Sobre Plastics Europe

Plastics Europe es una organización global de asociaciones nacionales y europeas de la industria de los plásticos, que incluye a los productores (representados por Plastics Europe), a los transformadores (representados por EuP) y a los fabricantes de maquinaria (representados por EUROMA).

Dado que los plásticos representan una parte esencial de nuestro mundo debido a sus propiedades, el principal objetivo de esta entidad es promover el desarrollo y mejora continua de sus prestaciones, concediendo especial atención a la gestión de los mismos durante su ciclo de vida.

ECOTICIAS

En el marco de los trabajos para el despliegue de la Compra Pública Verde en la administración vasca, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial está desarrollando criterios ambientales de nuevos productos y servicios, para su inclusión en las licitaciones públicas vascas.

La definición de los criterios ambientales se realiza en consenso, tanto con las empresas del sector correspondiente, como con las administraciones licitadoras. El objeto de estos contrastes es, por un lado, comunicar al sector empresarial el compromiso de la administración en este ámbito y, por otro, concluir unos criterios consensuados y acordes a la realidad del sector.

En un nuevo Jueves de Ecoeficiencia-Ekosteguna se presentó a finales de octubre el futuro marco de compromiso en materia de Compra Pública Verde para la administración vasca y su calendario de despliegue. En este encuentro entre la administración vasca y las empresas del sector se abordaron los criterios ambientales susceptibles de ser incluidos en las licitaciones de “limpieza viaria y recogida de residuos urbanos” con sus diferentes niveles de exigencia y, finalmente, las empresas pusieron en común su opinión respecto al contenido técnico trabajado. Además se analizaron las oportunidades y barreras que se suelen encontrar en este tipo de licitaciones.

Tras este primer contraste con el sector empresarial, a lo largo de los primeros meses del ejercicio 2016 se prevé realizar el contraste con responsables de compras de la administración pública. Posteriormente, se procederá a la puesta en común de las opiniones tanto de la oferta como de la demanda y desde el Departamento de Medioambiente y Política Territorial se elaborará una versión definitiva de criterios ambientales para limpieza viaria y gestión de residuos, que formará parte del “Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde del País vasco” disponible en la web de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Este capítulo, además de un documento general donde se desgranará la situación real del sector y su problemática ambiental general, constará de los documentos de criterios (en sus diferentes niveles de exigencia) y de los Checklist relacionados, herramienta útil tanto para los licitantes como para la propia administración licitadora. Se prevé que el capítulo esté aprobado y publicado a lo largo del mes de marzo.

REVE

La demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de diciembre se estima en 20.871 GWh, un 2,1% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica ha crecido un 2,4% con respecto a diciembre del 2014.

En el conjunto del año 2015, la demanda peninsular de energía eléctrica se estima en 248.000 GWh, un 1,8% más que en el 2014. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 1,6% superior a la registrada en el año anterior.

Con datos provisionales a día 30, la producción de origen eólico ha alcanzado en diciembre los 3.421 GWh, valor un 25,9% inferior al registrado en el mismo mes del año pasado, y ha supuesto el 17,4% de la producción total.

En el mes de diciembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representa el 28,6% de la producción.

El 50,5% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

GESTORES DE RESIDUOS

La normativa comunitaria en materia de residuos, la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos), que se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, obliga a los Estados miembros a establecer como instrumento esencial para desarrollar las políticas de residuos, planes de gestión de residuos que den cobertura a todo el territorio geográfico del Estado miembro. Estos planes deben analizar cómo se realiza la gestión de los residuos, detectar las necesidades de nuevas instalaciones y establecer las diferentes medidas que contribuyan a mejorar dicha gestión. A punto de vencer el periodo estipulado en el anterior Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR), se aprueba el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

El nuevo PEMAR pretende ser el instrumento para orientar la política de residuos en España, impulsando las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promoviendo las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren la consecución de los objetivos legales. El objetivo final, al igual que lo es el de la política comunitaria de residuos, es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía circular. En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.